MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 251 AGOSTO DEL AÑO 2019 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com

La salud transfronteriza: el reto sanitario del Siglo XXI

País vecino, país de mi hijo

Por: Manuela Atehortúa Arévalo
elpulso@sanvicentefundacion.com

Uno se despide, insensiblemente
de pequeñas cosas
lo mismo que un árbol
que en tiempo de otoño
se queda sin hojas
al fin la tristeza es la muerte lenta
de las simples cosas
esas cosas simples
que quedan doliendo
en el corazón.
Canción de las simples cosas
Armando Tejada Gómez

Avanzan por una de las “trochas” que atraviesan el río Táchira y unen Ureña con Cúcuta. “Había hombres armados. Nos tocó caminar un trecho largo y después montarnos en un carro, y eso era tan feo. Nos decían que estaban violando y yo le decía a mi hermanita: orá, orá”, recuerda Karolay sentada en una camilla de Metrosalud, red pública de hospitales de Medellín que brinda servicios de primer y segundo nivel. Han pasado dos años desde que Karolay dejó su país, hoy tiene 23, y una criatura de 30 semanas en su vientre.

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De 3´629.547 migrantes venezolanos que se han movilizado de forma legal por la frontera entre Venezuela y Colombia, ya sea de paso o para quedarse en el país, en lo corrido del 2019, con corte a mayo y según el último informe de Migración Colombia, 1´814.352 son mujeres, es decir, el 49.9%. Justo la mitad. A estas cifras se suman los migrantes irregulares: 490.619, de quienes, por su condición, es imposible establecer su género.

Sin embargo, aun con la limitación de este último registro, es posible asegurar que las mujeres son la mitad de los migrantes que llegan a Colombia. Siendo así, y debido a la vulnerabilidad de esta población, la cual se enfrenta a más riesgos, como la trata de personas, la violencia sexual y los embarazos no deseados; es importante, tal y como lo estipula la Organización Internacional para las Migraciones en su política sobre la igualdad de género 2015-2019, se debe abordar el manejo de este grupo de manera diferencial para asegurar “el acceso igualitario y no discriminatorio a la asistencia, los servicios sociales y la justicia”.

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Son 2.219 kilómetros de frontera. Solo una de las niñas, la menor, lleva papeles; Karolay va sin pasaporte, porque, “según mamá”, dice la joven, “nosotros nunca íbamos a salir del país”. Así cruzan el río Táchira mojándose las rodillas, por debajo del puente internacional Simón Bolívar, por donde solo pasan quienes portan Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) -para entrar y salir del país sin intención de quedarse; Visa, Pasaporte y Cédula de Extranjería, o un Permiso Especial de Permanencia (PEP) – no siendo este último adquirible sin pasaporte ni el equivalente a una visa, permitiendo únicamente dos años de permanencia legal en Colombia-.

“Llegué a Medellín para poder comenzar a hacerme los controles del embarazo, porque en Marinilla (municipio al oriente de Antioquia) como no tenía ningún documento colombiano, no encontré dónde pudieran atenderme sin que todo fuera pago”, explica la joven, quien, por recomendación de su suegra, llegó inicialmente a la Unidad Hospitalaria de Manrique de Metrosalud. Luego fue remitida a la de Nuevo Occidente, donde se encuentra hospitalizada, desde hace tres días, por un nuevo episodio de infección urinaria.

“Acá me han atendido bien, pero estoy completamente sola”, sonríe. “En Caucasia vive la familia de mi mamá, ella es colombiana; pero nunca pude conseguir trabajo porque es muy chiquito y está lleno de venezolanos. Por eso llegué a Marinilla, allá está mi esposo.”, dice Karolay. Es delgada y morena, y aunque la barriga de 30 semanas la hace parecer mayor, pero la soledad y el desamparo que reflejan sus ojos la hacen ver jovencita.

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Según estadísticas entregadas por el Hospital General de Medellín (HGM) -único hospital público de alta complejidad de la ciudad- en una carta abierta dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social: en lo corrido del año 2019 (enero-junio) el número de pacientes venezolanos atendidos ha sido de 1.481, de los cuales 995, un 67.18%, son mujeres. La predominancia del género femenino es reflejo de la demanda servicios de salud circunscritos a “episodios prevalentes de patologías compatibles con el embarazo, parto y puerperio”. Servicios cuya prestación, por la falta de documentación para la identificación de las pacientes irregulares, supone grandes dificultades para los hospitales públicos; quienes parecen estar cargando con la mayor parte del peso.

Según el Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio, ninguna mujer gestante sin documento válido de identificación puede ser afiliada al sistema de salud. Sin embargo, el plan reconoce que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley 100, y en concordancia con la Ley 715, toda persona nacional o extranjera tiene derecho a recibir atención de urgencias, normatividad respaldada por el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que dicta que: “ la nacionalidad no debe establecerse como motivo de discriminación con relación a la atención sanitaria”; y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Así pues, estos pacientes sin afiliación son atendidos por el sistema de salud bajo la figura de vinculados, lo cual no significa que su atención deje de ser un reto. El Hospital General de Medellín según su gerente el doctor Eugenio Bustamante, a todo paciente que requiera atención médica de urgencias y que sea del nivel de complejidad del hospital, sin importar su nacionalidad o su capacidad de pago, es atendido, y ello supone también una carga económica muy alta que asumen las instituciones.

“Desde el 2018 hasta el 30 de julio del 2019 las atenciones a esta población han costado 7.436´566,166 pesos, y hasta el momento no hay claridad de quien va a pagar al hospital”, expresa el gerente. De ese total, el costo de atención a maternas ha representado el 23%.

Además de las repercusiones económicas, el Hospital General enuncia otras dificultades a las que se están enfrentando en el proceso de atención los migrantes, entre ellas el desconocimiento frente al procedimiento que deben realizar para regularizar su condición migratoria, y sobre los servicios a los que tienen acceso.

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De madrugada, llega una joven por urgencias a la Unidad Hospitalaria de Nuevo Occidente. Abdomen grávido y mucho dolor. “Ella insiste en que había mensturado y planificado el mes anterior, que la distención era un problema gástrico de una semana de evolución”, relata Mauricio Seguro, médico general de Metrosalud.

Según el médico la población que más consulta por urgencias son las maternas: “que, dicho sea de paso, es el servicio que más utilizan porque es el único al que tienen derecho, ya que pocos han regularizado su situación y no les asignan consultas”. Aun así, el médico explica que, en conjunto con la alcaldía, Metrosalud ha diseñado estrategias para garantizar todo el proceso a pacientes maternas, incluidos controles y atención al parto. Pero que muchas de ellas no lo saben.

El ecotone revela fetocardía. El médico mira con suspicacia a la paciente, quien entre gritos finge estar sorprendida; el doctor le pasa una bata para que se cambie. “Una vez adentro empieza a llamarnos. Cuando abrimos la puerta estaba allí con la cabeza del bebé afuera”. Cortan el cordón y la paciente pasa a una camilla donde otro doctor acompaña el alumbramiento de la placenta. El bebé se encuentra bien, por lo que el doctor deduce que estaba a término, ningún examen médico para constatarlo.

“Ella dijo que iba a llamarla Milagros, porque hasta el último momento siguió insistiendo en que menstruaba y planificaba hasta el mes anterior”.

La paciente y su pareja se van del hospital con el bebé después de darles de alta. No dejan teléfonos ni dirección, tal vez por temor a que les cobre la atención. La enfermera jefa no puede contactarlos para asignar las citas de revisión postparto.

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Todas las mujeres embarazadas que habitan en el territorio colombiano, con o sin papeles de identificación, son reconocidas dentro de uno los grupos priorizado según la Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), La Ruta Materno Perinatal.

“Se supone que, sin importar el motivo de consulta, ellas pueden ir al hospital a que se les atienda. Pero la mayoría llega para el momento del parto, y sin controles prenatales,” relata Maribel Páez, ginecóloga de la Universidad CES.

La especialista, graduada el año pasado, rotó en los meses de septiembre y octubre en el Hospital General de Medellín. Según explica, una cosa es el “deber ser” de la atención de estas pacientes y otra cosa lo que sucede. “A las maternas, cuando llegan a consultar por cualquier cosa”, según Maribel, se le debería realizar una prueba de VIH, serología para sífilis, antígeno de superficie para hepatitis b, y, si les es desconocida, la hemoclasificación. “Eso es lo mínimo que uno puede hacer por ellas, porque eso se necesita para el resto del embarazo”.

La especialista explica que la posibilidad de un contagio al bebé por VIH o sífilis siempre está presente en una materna que no haya llevado su control prenatal: “Entonces son bebés que nacen en unas condiciones precarias de salud no solamente por el contexto social de sus mamás, sino que de entrada vienen en desventaja porque son susceptibles a un riesgo de infección”, expresa preocupada.

Pero este no es el único riesgo, la doctora recuerda con dolor a una paciente que entró a trabajo de parto, y durante su evolución comenzó a presentar signos de sufrimiento fetal. “La frecuencia cardíaca del bebé bajó mucho y finalmente tocó llevarla a cesárea emergente”. Una vez en cirugía los médicos encuentran que la paciente ha tenido una cesárea previa realizada en Venezuela, probablemente mal suturada y que el útero se ha roto y la placenta se había salido. “El bebé nació muy mal, lo reanimaron, estuvo unos tres días en UCI y murió”.

Maribel explica que una paciente que haya tenido una cesárea previa en general no tiene necesariamente indicación de un nuevo parto por cesárea. Sin embargo, ante el riesgo de un alto número de maternas con cesáreas realizadas en Venezuela con técnicas desconocidas, se toma la decisión de no entrarlas por parto natural, lo cual supone un crecimiento en los costos

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Se montan tres, dos atrás uno adelante. Todos pagaron los pasajes, y por unos cinco minutos nada pasó. Luego se levantan, uno, dos y tres cuchillos, uno para cada uno. El primero apunta al cuello del chofer “pa´que no haga ningún cambio de luces ni se mueva a llamar nadie ni pite ni nada”. El segundo bloquea la puerta de atrás, y el tercero empieza a pasar puesto por puesto a recoger las cosas.

“Yo iba a guardar la plata en otro lado, pero él se dio cuenta y me le puso el cuchillo a la niña y luego en la barriga… Que yo qué estaba guardando”. Kelly tiene 20 años, una niña de 5, otra de dos y un bebé de 36 semanas en el vientre. Aquel día, 17 de julio cogieron una ruta de bus en Medellín: “yo iba para el centro a encontrarme con una señora que iba a venderme un carrito de perros calientes”. Por esos días el esposo de Kelly, Christian, estaba trabajando; lo que él hacía se estaba guardando para cuando el bebé llegara. Lo que ella hacía en el semáforo con los dulces era para la comida del día a día.

“Fueron 740.000 pesos lo que me robaron. Y el celular”. Cuando los ladrones se bajaron Kelly, con 34 semanas de embarazo, comenzó a sentirse muy mal. La policía llegó y la acompañaron hasta la clínica Soma. “Allá me preguntaron si tenía EPS o seguro, yo les dije que ninguna de las dos, entonces me mandaron para Metrosalud. Así que cogí un taxi y me fui para Manrique”. La joven madre relata que en esta Unidad Hospitalaria había tantas pacientes delante de ella que, como ya era de noche y andaba con Gabriella, su hija pequeña, decidió regresarse a casa, en el barrio Paris de Bello.

Kelly en enero fue diagnosticada en el Hospital Marco Fidel Suárez con oligohidramnios -falta de líquido amniótico-. En Manrique la han atendido y realizado sus exámenes, pero explica que no ha podido asistir a los controles como le fue indicado, porque “un día que vaya hasta allá es un día que pierdo de trabajo, y como a mi esposo lo echaron, no hay para la comida. Pero mañana sí iré, ya tengo 38 semanas y siento que estoy lista”.

El calor de la tarde es sofocante. Kelly se queja del poco tráfico del día. El semáforo cambia a rojo y la joven dibuja una amable sonrisa en su rostro mientras se pasea con dificultad entre los carros, cargando una enorme barriga y un cartel un poco más grande.

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Karolay ha llorado desde que amaneció. Es su cumpleaños y quisiera estar en Caucasia con su familia, pero según lo que les han dicho, no hay dónde la atiendan sin cobrarles si no está asegurada. Hoy, 27 de julio, se cumplen 24 años desde que la madre de Karolay, colombiana de nacimiento, le diera la vida en Venezuela. Son las cuatro de la tarde y su hermanita menor, nacida en Venezuela, entra a parto a repetir la historia de su madre: Tener un bebé en el que tan solo unos meses atrás era el “país vecino”. País de su madre, y ahora, país de su hijo.


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