MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 251 AGOSTO DEL AÑO 2019 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com

Punto final… ¿o suspensivos?

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Después de años de espera paciente, los distintos actores del sistema de salud colombiano parece que han encontrado eco en un gobierno nacional a una de las solicitudes ingentes expresadas en todos los escenarios: solucionar la crisis financiera como requisito para lograr la sostenibilidad equitativa de todos los agentes que participan en el sector.

Lo primero que hay que reconocer de lo que el gobierno nacional ha llamado el acuerdo de punto final, es el reconocimiento de una deuda que en parte es del mismo estado y que por lo tanto no podía seguir extendiéndose en el tiempo de manera indefinida; pero además es importante reconocer la existencia de una crisis de carácter financiero, muchas veces negada y camuflada bajo eufemismos o distractores, y que se ha acumulado por años a pesar de las estrategias que en algunos momentos se han adoptado, y que en cada intento han resultado insuficientes.

El banderazo de inicio del acuerdo de punto final despertó, como era de esperarse, gran revuelo mediático y ha generado expectativas en muchas entidades que participan en el sistema y que ven una especie de luz al final del túnel, sin embargo, y partiendo de reconocer que es muy probable que en los próximos meses algunas instituciones reciban un poco de oxígeno, el vuelo de las campanas debe ser mesurado ante todo porque el proceso de saneamiento será complejo, la magnitud de las deudas es gigante y la cantidad de recursos disponibles para el acuerdo no necesariamente es el suficiente, aunque su inyección al SGSSS si fuese necesaria.

No se necesita ser un mago con los números para observar que los seis billones de pesos (aproximados) que anunció el gobierno nacional para saldar las cuentas NO POS/PBS, por más que entren a circular en toda la cadena del sistema, y como pago para todo tipo de cartera, distan mucho de los 17 billones que la Superintendencia Nacional de Salud ha señalado como cifra a la cual puede ascender la cartera total.

Otro ejemplo es el caso de Caprecom. Bienvenidos los 570 mil millones de pesos anunciados para acabar de saldar una deuda que era cien por ciento responsabilidad del estado al ser el propietario de la EPS, pero si consideramos que esta era una aseguradora con presencia en casi todos los municipios del país, y que le adeudaba por servicios tanto a prestadores públicos como privados, es fácil detectar que la importante cifra se diluirá en miles de instituciones y su impacto sobre las finanzas generales del sistema apenas si se sentirá, pero además, es difícil que esta recuperación de recursos solucione de manera definitiva la crisis de alguna de las IPS que los reciban, puesto que el paso del tiempo ha hecho que se acumulen deudas nuevas con otras EPS, así que difícilmente los balances quedarán con saldos positivos.

Y los casos específicos aumentan ¿Qué pasará con las deudas de Saludcoop y su heredera Cafesalud? El acuerdo no habla del tema, y si bien en estos dos casos los accionistas eran inversionistas particulares, la responsabilidad por lo sucedido involucra en gran medida al estado por cuanto ambas EPS fueron intervenidas y administradas por la Supersalud, e incluso en el primero de los casos, fue durante la gestión gubernamental cuando la EPS se deterioró más y su cartera se desbordó completamente. Ya existen pronunciamientos jurídicos sobre una posible corresponsabilidad del estado en estas deudas, y más porque la situación había sido advertida por órganos de vigilancia como la Contraloría General, sin que esto generara los correctivos necesarios.

Las deudas de las EPS liquidadas (los ejemplos señalados son solo dos), también deben tener una solución final y más cuando se convierten para las IPS y demás proveedores en casi imposibles de resolver por sí solos, y siendo el estado el garante del sistema, es este quien debe tomar cartas en el asunto, primero cancelando la deuda, que después podría replicar contra los accionistas y administradores, en lo que podría ser un segundo paso en el avance del acuerdo de punto final, y segundo estableciendo las normas y ejerciendo la vigilancia efectiva para la no repetición. No es posible que salirse del sistema de salud dejando un lastre de deudas sea tan sencillo, y no acarree consecuencias para nadie más que los proveedores de servicios que ven así defraudada su buena fe y pierden confianza en el sistema.

Ahora bien, tal vez la pregunta más compleja por resolver y alcanzar la tranquilidad de que el presente realmente sea un acuerdo de punto final es ¿qué pasara con la cancelación de la deuda corriente? En parte se ha dicho y es una reflexión acertada, que el pago de lo NO POS/PBS generará un flujo de recursos que puede cubrir un porcentaje de la cartera corriente en la medida que las EPS utilizaron sus ingresos por UPC para cubrir parcialmente este tipo de servicios, sin embargo el monto total es tan alto, debido a la acumulación de varios años de deudas, que hace casi imposible pensar que en el corto plazo se alcance una especie de paz y salvo. Que las EPS se capitalicen y/o recurran a la banca de primero y segundo piso para endeudarse y cancelar la deuda, es una opción abierta desde la ley, pero que tan factible y fácil sea es otra cuestión.

Lo importante ahora es entender que la crisis financiera del sistema de salud colombiano es un problema de tan vieja data y con orígenes tan relacionados con la estructura misma del sistema, que es difícil pensar que su solución sea de la noche a la mañana. El acuerdo lanzado por el gobierno nacional puede ser un primer paso en la dirección correcta, pero hasta que todos los frentes no estén cubiertos, estamos en presencia de un acuerdo con puntos suspensivos.


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