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Ley 1966: una reforma al SGSSS que llegó de sorpresa

Por: Redacción EL PULSO
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Lo que en su momento fue un proyecto de ley que buscaba fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control en el sistema de salud, conocido con el número 090 e impulsado de manera amplia por el actual Superintendente de Salud Fabio Aristizabal Ángel, terminó convertido en una mini reforma al sistema aprobada por el Congreso luego de un trámite que duró años, y firmada por el presidente Iván Duque como la Ley 1966 de 2019, pero lo más importante, le dio el piso normativo a varios elementos del acuerdo de punto final.

Según señala Fabio Aristizábal, la ley nace de dos necesidades, la primera el proyecto 090 el cual fue resultado de un trabajo mancomunado y retomado por el presidente Iván Duque para estimular la transparencia, pero existía también la necesidad de concretar la ley de punto final que le permitiera al sistema funcionar y aclarar las obligaciones entre los actores y que la deuda del estado se supla.

La Ley 1966 adopta como eje central medidas para mejorar la transparencia, vigilancia, control y aplicación del uso de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero también busca mejorar la eficiencia de la operación a través de la unificación de los sistemas de información de la gestión financiera y asistencial; en donde aparecen los agregados frente al proyecto 090 inicial, es al introducir elementos sobre la prestación de servicios y los mecanismos de asignación de recursos para el aseguramiento por desempeño, con lo que se pretende promover la alineación entre agentes del sector para lograr el mejoramiento de la salud.

Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia

La ley crea el Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia para el Sector Salud, que implica la acción especializada y coordinada entre las Superintendencias Financiera, la de Sociedades, la de Industria y Comercio y la Supersalud, siendo esta última la que coordinará los procesos sancionatorios. Las responsabilidades quedarán divididas así: la Superfinanciera será asesor técnico para el fortalecimiento de la Supersalud para lo que corresponde a las condiciones financieras y a las buenas prácticas de gobierno corporativo, pero además deberá emitir un informe anual sobre el desempeño de los principales indicadores financieros de los actores vigilados.

Por su parte la Superintendencia de Sociedades ejercerá inspección, vigilancia y control sobre las sociedades del sector salud y empresas unipersonales que operen en el sector, a efecto de verificar el cumplimiento de las normas de derecho de sociedades. A su vez la Superintendencia de Industria y Comercio vigilará la competencia en el sector e impondrá multas cuando se infrinjan las disposiciones de prácticas comerciales como el abuso de posición dominante, entre otras. Habría que aclarar que esta posibilidad ya existe en la actual normatividad.

Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial

La Ley 1966 también crea el sistema integral de información financiera y asistencial, el cual tendrá por objeto agilizar la transmisión y evaluación de la información financiera y acelerar el flujo de recursos y la transparencia que soportan las transacciones. El diseño e implementación del sistema estará a cargo del Ministerio de Salud con el apoyo del Mintics para garantizar la conexión de todos los agentes del sector. La administración de la información estará a cargo de la Supersalud. En esencia el sistema permitirá conocer el estado de las transacciones a través del registro en un portal electrónico en el que se reportarán los intercambios comerciales por prestación de servicios y tecnologías en salud.

Valores Máximos de Recobros

Otro elemento contenido en la ley es el que se ha llamado “techo” para los recobros. Dice la norma que la Adres no reconocerá ni pagará servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a los recursos de la UPC, (salvo los recursos destinados al saneamiento de pasivos) cuando estos sean superiores a los valores y techos máximos que establezca el Ministerio de Salud a través de una metodología que tenga en cuenta los valores recobrados o cobrados, y considerando incentivos por el uso eficiente de los recursos.

Reorganización y racionalización de las redes prestadoras de servicios de salud

En cuanto a la prestación de servicios, la Ley 1966 establece que serán los departamentos, en coordinación con los municipios y distritos, quienes reorganizarán la oferta teniendo en cuenta los prestadores públicos, privados y mixtos; de esta manera el estado reasume la gobernanza territorial de la prestación, y más cuando se le asignan las funciones de racionalizar y controlar la oferta en cada territorio, aclarando que se debe privilegiar la red pública.

Esta reorganización de la oferta podría incluir la conformación de Empresas Sociales del Estado con Unidades Prestadoras de Servicios de Salud del orden departamental, distrital o municipal, con una administración común, lo que se puede entender como fusión de hospitales. La Ley ordena que dentro de los próximos seis meses el gobierno nacional debe reglamentar el tema.

Saneamiento de las ESE

Para restablecer la solidez económica y financiera de las ESE, la estrategia continuará los lineamientos actuales. En otras palabras, categorización del riesgo en medio o alto, presentación de programas de saneamiento fiscal y financiero, conforme a la metodología definida por los Ministerios de Salud y de Hacienda. Un cambio es que las ESE cuyos programas de saneamiento se encuentren en proceso de viabilidad o ya viabilizados, no serán objeto de categorización de riesgo hasta que el programa no culmine. Otra aclaración es que a partir de la fecha de presentación de los programas de saneamiento fiscales y financieros que adopten las ESE categorizadas en riesgo medio o alto, y hasta que se emita el pronunciamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no podrá iniciarse ningún proceso ejecutivo contra la ESE y se suspenderán los que se encuentren en curso. Durante la evaluación del programa se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra la ESE, además consecuencia de la viabilidad del programa se levantarán las medidas cautelares y se terminarán los procesos ejecutivos en curso, salvaguardas que no podrán aplicarse cuando se presente concepto de no viabilidad a los programas.

Saneamiento de Pasivos

Como soporte normativo al acuerdo de punto final, la Ley ordena realizar un proceso de aclaración de pasivos entre todos los actores del sistema que incluya criterios de auditorías estandarizados; cruces de información apoyados por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud; realización de un inventario de deudas y responsables del pago; las cuentas no conciliadas se resolverán por la Superintendencia, y las deudas a cargo de la Adres serán saneadas por el Estado según sus competencias. Se indica también que las empresas responsables de pago deberán acelerar procesos de capitalización y acceder, con las respectivas garantías, a créditos con la banca de segundo piso, que estarán respaldados por los propietarios de las EPS.

Giro Directo

Como medida complementaria al saneamiento de pasivos, y estrategia para garantizar el flujo de los recursos, la ley establece que los recursos para el saneamiento y los recursos corrientes de la UPC, serán girados por la Adres en nombre de las EPS a los prestadores de servicios o proveedores de tecnologías en salud. Igual sucederá con las líneas de créditos que se estructuren por la banca de segundo piso. Asimismo se ordena que la UPC que se reconozca con posterioridad a la fecha de corte para el saneamiento, se destinará a pagar las obligaciones corrientes y durante el período de saneamiento, las utilidades que se pudieran generar en las EPS, deberán capitalizarse para disminuir los pasivos hasta que culmine el pago de las deudas. La única excepción será con las EPS adaptadas del Estado y las que cumplan con el patrimonio adecuado.

Otras medidas

La ley también incluye incentivos a la gestión y resultados en salud, cuyo funcionamiento queda por ser reglamentado; se ordena que toda entidad dentro del sistema implemente un Sistema de Administración de Riesgos que incluya gestión del riesgo en salud, financiero y operativo. Se obliga a generar la factura electrónica, y se definen algunas prácticas riesgosas financieras y de atención en salud que serían castigables.


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