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La salud transfronteriza: el reto sanitario del Siglo XXI

Incompatibilidades entre Censo 2018 y cifras de afiliados al Sisben

Por: Redacción EL PULSO
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En el país hay más de 1 millón 408 mil venezolanos, según el último reporte de Migración Colombia, entregado el 3 de junio pasado, y para esa misma fecha solo 597.583 se habían beneficiado con el Permiso Especial de Permanencia, que les permite estar de manera regular en el país, trabajar formalmente y vincularse al sistema de seguridad social en salud, sea a través de una EPS si es que encuentran empleo o del régimen subsidiado de salud.

El problema es que quienes no cuentan con ese permiso y no tienen su situación resuelta con el país son considerados irregulares y su atención médica se complica, se trata de la nada despreciable suma de 489.619 personas, más 100.000 que aunque están dentro del tiempo establecido para mantenerse en Colombia como turistas no tienen otro estatus migratorio.

El último informe del Ministerio de Salud hablaba de 36.000 migrantes venezolanos afilados al sistema de salud, de los cuales 30.700 son del régimen contributivo, y 5.500 al régimen subsidiado, de hecho la EPS Sura tiene 14.808 venezolanos afiliados.

“Con los ciudadanos venezolanos que están de forma regular en el país no hay ningún problema en su atención, ellos usualmente están afiliados al régimen subsidiado o a una EPS, pero quienes están ilegales no tienen ningún tipo de aseguramiento, entonces los atendemos cuando consultan por urgencia vital”, explicó Leopoldo Velásquez, gerente de Metrosalud, la red de primer y segundo nivel de Medellín.

Y agregó que cada día la situación va empeorando, porque con el paso del tiempo el número de migrantes en Medellín es más alto, por ejemplo “hoy el 48 % de ingresos a control prenatal a Metrosalud es de venezolanas, en el mes de junio el 30 % de los partos atendidos en Manrique fue de venezolanas, allá mismo el 73% de los ingresos fueron venezolanos”. Pero nadie paga.

Metrosalud atiende a todo el venezolano que llegue para el servicio de urgencias, siempre y cuando sean vitales, o a maternas, y la atención la carga al contrato que tiene con la Alcaldía de Medellín para atender a la población más pobre, que cada mes cuesta 1.200 millones de pesos, pero siempre se supera esa cifra por 200 o 400 millones. “No pueden ser las instituciones de salud las que carguen con la atención, tiene que haber otras instituciones que lo asuman”, señaló Velásquez.

Tercer y cuarto nivel

Cuando la situación del paciente requiere atención de tercer y cuarto nivel de complejidad, para el caso de Medellín la red de Metrosalud no tiene capacidad de atenderlos y los remite al Hospital General, que es el único hospital público de alta complejidad que existe en la ciudad.

Una vez allí tienen derecho a todos los servicios, si requieren exámenes, ayudas diagnósticas, hospitalización, cirugía, lo que sea, desde que entren por urgencias, pero una vez terminada esa atención no pueden acceder a controles ambulatorios, a no ser que para ello interpongan tutelas, contó Jesús Eugenio Bustamante, director del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez.

En 2018 esa institución atendió a 992 pacientes venezolanos y en los cuatro primeros meses de 2019 fueron 793 usuarios.

“El paciente venezolano viene con mucha carga de enfermedad, siempre llega a urgencias y termina hospitalizado, incluso las maternas porque llegan sin controles, sin seguimientos y con embarazos de alto riesgo. Aquí nos llegan pacientes que requieren un alto nivel de complejidad, con cáncer sin tratamiento, fallas renales o cardíacas descompensadas, enfermedades coronarias, enfermedades autoinmunes. En estos seis meses hemos atendido a igual número de los que atendimos en los últimos meses de 2017 y todo el 2018”, dijo el director.

Desde entonces, la atención de los migrantes venezolanos le ha costado al Hospital General 7.436 millones de pesos que nadie asume, y lo que es más grave es que esa deuda va en crecimiento porque para el 31 de diciembre de 2018 solo eran 3.000 millones.

Los directivos del Hospital han tocado todas las puertas, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, el Ministerio y la Superintendencia, pero nadie da soluciones. “La Nación le apropió para este año al Departamento de Antioquia alrededor del 2.400 millones de pesos para atención de venezolanos para los 125 municipios, en la mayoría de los municipios hay venezolanos y solo al Hospital General de Medellín le deben ya 7.436 millones. Esto no es suficiente”.

La frontera es la más afectada

Al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta no solo llegan los venezolanos que residen en la ciudad sino los que en Venezuela no encuentran alivio a sus dolencias. Muchas mujeres cruzan el país para llegar a esa ciudad a parir a sus hijos, porque temen morir en una mesa de cirugía en el vecino país.

Desde 2015, más de 25.664 venezolanos han pasado por las camillas del Hospital Universitario Erasmo Meoz, 9.804 partos fueron atendidos, 8.045 adultos fueron atendidos por urgencias, y 7.342 niños recibieron atención pediátrica desde 2015 y hasta febrero de este año.

La situación de ese hospital es la más crítica de todo el país. La deuda por atención a los pacientes venezolanos superó los 47.866 millones de pesos y de ese total el gobierno nacional apenas pagó cerca de 5.831 millones. El resto está pendiente y el director Juan Agustín Ramírez Montoya espera que con la ley de punto final la institución pueda tener un respiro.

Niños nacidos en Colombia deben ser afiliados

Además de la problemática ya expuesta, la Corte Constitucional falló una tutela el pasado 14 de mayo en la cual protegió los derechos de los niños de migrantes y refugiados venezolanos que nacieran en Colombia: “Las IPS están en la obligación de afiliar a cualquier recién nacido en una EPS incluso si sus padres no están afiliados al sistema”.

La Corte reiteró que el estatus migratorio irregular de los padres no es motivo para negar los derechos fundamentales de los recién nacidos, esto considerando que “una criatura que depende enteramente de su familia, la sociedad y el Estado para desarrollar su crecimiento integral es un sujeto de especial protección constitucional y un individuo valioso a quien se le debe garantizar el más alto nivel de bienestar”.

Además, la Corte llamó la atención frente al sistemático desconocimiento de la normativa para la población migrante. Advirtió que el caso resuelto en la tutela es muy ilustrativo frente a las “actuaciones irrazonables y descoordinadas de las entidades territoriales”, pues demuestra que estas “no tienen claras sus competencias en relación con todas las medidas que viene adelantando el gobierno a favor de la población migrante proveniente de Venezuela”.

Sin embargo, lo que es una excelente noticia para las miles de mujeres que tienen sus partos en Colombia, también significa un costo más para el sistema de salud que actualmente enfrenta una crisis.

Según Fabio Aristizábal, superintendente Nacional de Salud, la decisión del Alto Tribunal podría costarle al país un billón de pesos al año. “Mezclando la afiliación más la atención, podríamos estar hablando de esa cifra que tendría que conseguir el sistema de salud colombiano para cumplir esa orden”, ya que la unidad de pago por cada niño migrante podría costar al sistema $800.000.

Esto se suma a la crisis en la cual, dijo el superintendente, la mitad de los recursos que el Gobierno Nacional traslada a los hospitales del país, son destinados a la atención de los migrantes.

“Los recursos no son suficientes, pero tenemos que seguir atendiendo a los venezolanos, no podemos dejarlos de ayudar. Tenemos que apropiar recursos nuevos. Ese es un trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, de lo contrario colapsaría la red pública”, señaló Aristizábal.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, estuvo de acuerdo con la Corte y anunció recursos por 60.000 millones de pesos que irían especialmente a los hospitales de frontera.

Vaca por el mundo

En vista de que los recursos del PGN son limitados, y asignar mayores cantidades para salud implicaría abrir un hueco en otros frentes, el Gobierno Nacional está empeñado en pedir ayuda a países amigos. “Esto ha sido uno de los grandes problemas que ha enfrentado Colombia en el sistema de salud. Esa población reclama la atención y se acumula una deuda. Ahí no solo queremos mejorar el acceso de los hospitales a la liquidez, sino que podamos también movilizar recursos de donantes para que podamos atender los hospitales donde más se concentra esa problemática”, dijo el presidente Iván Duque.

Ya la Nación ha recibido ayudas. Las más recientes han sido del gobierno de Bélgica y la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK), quienes anunciaron la entrega de 364 mil vacunas avaluada en 4 millones de dólares (unos 12.240 millones de pesos). Estados Unidos oficializó la entrega de pruebas de detección del VIH.

Así, el país busca estrategias para garantizar el derecho de quienes tuvieron que huir de la nación vecina y buscan nuevas oportunidades, sin que signifique asfixiar a un sistema que ya está en cuidados intensivos.


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