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Ley de residencias a un paso de ser reglamentada

Por: Redacción EL PULSO
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Con una diligencia que ha sido reconocida por todos los actores involucrados, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó para el análisis un proyecto de Resolución que reglamenta la Ley 1917 de 2018 que creó el Sistema de Residencias Médicas en Colombia. La propuesta se divide en dos bloques principales, el primero define los aspectos operativos y las definiciones a tener en cuenta para el funcionamiento del sistema, la segunda aborda la financiación.

En cuanto a esta última, el proyecto de Resolución propone que la administración de los recursos pueda darse a través de convenios y que los provenientes del presupuesto general de la nación sean asignados al Ministerio de Salud y Protección Social. En relación con el giro a las IPS este se daría con base en la información que sea reportada a la Institución de Educación Superior en el ReTHUS, para que posteriormente se proceda al pago mensual al residente. Para un correcto funcionamiento del procedimiento, la Resolución ordena que el Ministerio de Salud y la Adres expidan un Manual Operativo para el reporte de la información.

Algunas consideraciones interesantes relacionadas con el componente del pago, señalan por ejemplo que no se otorgará a un mismo profesional que curse un segundo programa de especialización, ni cuando el residente curse un programa académico que tenga como requisito de admisión la obtención previa de título de especialización médico quirúrgica.

Operatividad

El objetivo del Sistema Nacional de Residencias Médicas en Colombia es garantizar las condiciones adecuadas para la formación académica y práctica de los profesionales de la medicina que cursan programas de especializaciones médico quirúrgicas (residentes) para que de esta manera funcione como un mecanismo para procurar la calidad y pertinencia en la formación especializada de estos profesionales. El sistema está concebido como el conjunto de instituciones, recursos, normas y procedimientos que intervienen en el proceso de formación de estos profesionales y cuya práctica formativa se desarrolla dentro del marco de la relación docencia servicio entre las instituciones de educación superior y las IPS que fungen como centro de práctica.

Dentro de las principales definiciones contenidas en el proyecto de resolución se considera como beneficiario del apoyo de sostenimiento educativo mensual, a quien a través de un contrato especial para la práctica formativa, y que debe ser registrada en el ReTHUS, se encuentre matriculado para el desarrollo de un programa de especialización médico quirúrgica. A su vez esta se entiende como todo programa académico que se enmarque en la definición contenida en el Decreto 1075 de 2015, y que tenga como requisito de admisión el título profesional universitario de medicina.

Otras dos condiciones básicas contenidas en la resolución indican que Los “escenario base” son las instituciones prestadoras de servicios de salud donde el residente realiza la mayor parte de las rotaciones o prácticas formativas de su programa de especialización. La selección del escenario base corresponde a la Institución de Educación Superior. Por otra parte la relación docencia – servicio se define como el vínculo funcional que voluntariamente se establece entre la Institución de Educación Superior y los escenarios de práctica.

Uno de los elementos que mayor discusión generó durante el estudio de la ley fue el carácter de la vinculación entre el médico residente y la IPS de prácticas. Frente al tema el proyecto de resolución indica que el contrato especial para la práctica formativa de residentes es un “acuerdo de voluntades” en el que el residente se compromete a cumplir, por un tiempo establecido, las actividades de formación de la estructura curricular y los planes de práctica formativa definidos en el marco de las relaciones docencia-servicio en uno o varios escenarios de práctica, a cambio de lo cual recibe de la IPS un reconocimiento económico mensual equivalente como mínimo a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes a título de apoyo de sostenimiento educativo.

El proyecto hace un listado exhaustivo de los elementos que debe contener el contrato, así como de las responsabilidades y obligaciones de los residentes, establece las causales para la suspensión y terminación de los contratos de práctica, y las condiciones para el cambio de escenario base.

Tal vez una de las reivindicaciones más preciadas por quienes impulsaron la ley fue el reconocimiento de una remuneración por su trabajo en las instituciones de práctica, en este aspecto la propuesta de resolución denomina a este pago como “Apoyo de sostenimiento educativo mensual” el cual se entregará durante la vigencia del contrato especial para la práctica formativa por parte del escenario de práctica, no será inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. Donde tal vez las aspiraciones de los residentes no se plasman como era su aspiración es en el manejo de la seguridad social.

El proyecto ratifica lo expresado en el Decreto 780 de 2016, según el cual es la Institución de Educación Superior, con cargo a sus propios recursos, quien realizará la afiliación y cotización al Sistema General de Riesgos Laborales de los residentes. En cuanto a la cotización en salud esta también será asumida en su totalidad por la Institución de Educación Superior. Pero en el aspecto de las pensiones estas quedan con carácter voluntario y a cargo del residente.

Como una especie de “gabela” en el componente de salud, el proyecto señala que serán las IPS escenarios de práctica quienes deberán asumir el pago de los exámenes médicos ocupacionales y suministrar los elementos de protección personal que requiera el residente, en el marco de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los procesos de gestión del riesgo de cada institución.

Finalmente el artículo 21 hace una aclaración, y es que “Las afiliaciones y cotizaciones que realicen las Instituciones de Educación Superior de los residentes que suscriban contrato especial para la práctica formativa de que trata la presente sección a los Subsistemas de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales, no generan relación laboral, toda vez que el contrato especial para la práctica formativa deriva de una relación académica”.


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