MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 250 JULIO DEL AÑO 2019 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com

Buenos pasos en la dirección correcta

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Apocas semanas de cumplirse el primer año de gobierno del presidente Iván Duque, el Ministerio de Salud y Protección Social parece haber puesto el pie en el acelerador a una serie de proyectos que habían sido anunciados desde el comienzo de la gestión del doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, y que si bien generaron muchas expectativas, parecían disolverse en las nebulosas de la promesas a las que nos tienen acostumbrados a los colombianos, sin embargo, todo indicaría que estamos ad portas de comenzar a presenciar la revolución en la salud que nos habían anunciado.

Luego de que el Plan Nacional de Desarrollo le diera piso legal al acuerdo de punto final, la posibilidad de una Resolución que establezca los procedimientos administrativos y financieros de los acuerdos de pago para atender el giro previo y/o acreencias por servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo, ya es un avance que muestra una intencionalidad seria del gobierno para solucionar el eterno problema de la cartera en el sistema de salud. Sin embargo, y de nuevo, hay que hacer énfasis en algunas dudas que subsisten.

La primera es que el proyecto de Resolución señala, de manera preocupante, que: “La ADRES podrá suscribir acuerdos de pago siempre y cuando: (i) se disponga de la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. Y el asunto es más que un formalismo, porque el “siempre y cuando” es un condicionante grave ya que deja el asunto no solo a la verdadera, o no, disponibilidad de recursos, sino también a la voluntad de más de una entidad, y a las prioridades que Minhacienda tenga en el momento.

Otra preocupación surge del conocimiento y experiencia de 25 años del Sistema actual de seguridad social, y se convierte en una pregunta para el actual gobierno: ¿cómo garantizar que en el futuro la situación no se vuelva a presentar? Si bien la Resolución dicta unos parámetros para el saneamiento que se quiere ahora, en ninguna parte se observan directrices para la no repetición del fenómeno. Se podría pensar que ya existen reglas lo suficientemente claras para que el flujo, en este caso de los recursos correspondientes a lo no PBS del contributivo, fluyan mejor, pero la verdad es que eso no ha sucedido, y en un país donde la costumbre es la repetición de los problemas, son muchas las inquietudes que se generan.

Dos asuntos más deben concitar a la reflexión para que el “punto final” sea realmente final. ¿Se garantizará que una vez girados los dineros a las EPS, estos se distribuyan de manera oportuna a toda la estructura del sistema? Y ¿Qué pasa con el resto de deudas? No tiene sentido que uno solo de los actores del sector tenga una inyección importante de recursos que evidentemente hacen falta, pero que los retenga en el tiempo de manera abusiva sin comprender que en Colombia la salud se maneja de manera encadenada y que para el buen funcionamiento del sistema se requiere que todos los eslabones gocen de buena salud.

Frente a la otra pregunta, qué pasa con el resto de la deuda, allí el asunto es más complejo, ya que la Resolución solo hace mención a un aspecto de la cartera general del sistema, y por lo tanto allí no se vislumbran signos de solución, pero además, una afirmación recurrente de las EPS es que los pagos por los servicios incluidos en el POS (ahora PBS) tampoco fluyen con la prontitud que se esperaría, debido a la deuda del estado con ellos en lo no POS/PBS, debido a que las aseguradoras deben apalancar su costo con los recursos normales de la UPC. Ante esto puede decirse entonces, que una vez solucionado el “contratiempo”, gracias al esfuerzo y voluntad del gobierno de ponerse al día en lo no PBS, la explicación pierde sentido, y proveedores y hospitales debemos esperar la cancelación de las deudas corrientes con una adecuada y razonable oportunidad.

Las otras dos propuestas de reglamentación conocidas en las semanas recientes también muestran el interés del ministerio por avanzar hacia las promesas de una revolución lanzada por el ministro Juan Pablo Uribe. El Decreto que establece las normas de habilitación para los prestadores y la reglamentación de la Ley de Residencias Médicas. En el primero de los casos el objetivo era hacer de la habilitación un proceso más simple y que permita mejorar la capacidad de resolución de las instituciones, ante todo en las regiones más apartadas, pero sin sacrificar la calidad ni poner en riesgo a los pacientes. La meta es loable, sin embargo una vez analizados las propuestas, la cantidad de observaciones son de un volumen tal que hacen pensar que el tema debe ser aún ajustado a las realidades del país, y con esto no se pide que se relajen, sino que se modulen a Colombia, sus territorios y las características de nuestras instituciones.

Frente a la reglamentación de la Ley de Residencias Médicas todo indica que cada vez estamos más cerca de lograr acuerdos que dejen satisfechos a los integrantes de la triada: universidades-residentes-hospitales, pero es evidente que cuando las aspiraciones discrepan, la satisfacción no es total. Acá el llamado debería ser a mirar el bien común mayor: lograr una excelente formación de calidad a los nuevos especialistas, lo demás se debe ajustar partiendo de las necesidades de cada agente y de los recursos disponibles.


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