MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 250 JULIO DEL AÑO 2019 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com

Costos de la Judicialización de salud en Colombia

Por: Jaime Alberto Peláez Quintero, Especialista en economía de la salud. Alejandro Arango Castrillón, Administrador en Salud: Gestión servicios de salud y Maestrante en economía y gestión de salud.
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La Constitución de 1991 permitió grandes transformaciones bajo un enfoque de Estado Social de Derecho, al tiempo que aparecieron figuras novedosas como los mecanismos de participación ciudadana, que hacen posible que los ciudadanos puedan acceder en condiciones más justas, posibles y equitativas al ejercicio de sus derechos Constitucionales. La tutela, dentro de ellos, se ha convertido en una excelente alternativa para acceder a la atención general en salud, cirugías, medicamentos, dispositivos médicos, y otros servicios afines, ase han garantizado como goce efectivo del derecho fundamental a la salud, han sido posibles para millones de colombianos gracias a la tutela, convirtiéndola en una herramienta efectiva para recuperar y mantener el estado de salud de los accionantes. Sin embargo, también se ha observado con preocupación algunos desafueros en órdenes judiciales, en las prácticas de los aseguradores al contener gastos en salud, y de prestadores que no cuentan con la capacidad técnica de resolución, lo que al final encarece aún más los costos en salud.

En Colombia se han impetrado 6´954.258 tutelas entre 1999 y 2018, según la Defensoría del Pueblo, las que reclaman servicios de salud corresponden a una tasa de participación del 28.93%, con agravantes tales como que el 74.27% son negaciones de servicios de salud incluidos en el plan de beneficios del régimen contributivo, y de 71.74% en el subsidiado, cifras preocupantes ya que el asegurador recibió la correspondiente unidad de capitación y valor por compensación, y hasta el mismo prestador en la modalidad de pago de capitación, por lo que las institucines ya contaban con los recursos.

Los costos asociados de mover el aparato judicial en Colombia y agotar los tiempos en los despachos para los jueces de la república, en relación con procesos de tutelas en salud, ha sido un interrogante que hace necesario calcular los valores totales por la negación de servicios y que incluso se constituyen en una forma de mayores ingresos para las aseguradores, además de los aumentos en la siniestralidad por la dilación y reticencia para prestar un servicio integral por el cual el sistema ya compensó a las EPS, de ahí que cualquier negación es inadmisible y conduzca a costos judiciales que afectan las finanzas públicas.

Los cálculos del estudio realizado por el doctor Alejandro Arango para la Personería de Medellín, y que abarcan desde el año 2010, cobran importancia puesto que provienen de datos cualitativos y cuantitativos que detallan la realidad del costo.

La metodología del estudio incluyó entrevistas a profundidad, semiestructuradas y tipo Delphi a expertos involucrados en la ruta de la tutela, se utilizó el costeo ABC (Activity Based Costing) lo que permitió identificar de manera fiel la ruta jurídica de la tutela y estimar el costo de una manera meticulosa desde el proceso de asesoría, el reparto, la primera y segunda instancia, el traslado de la tutela, el reparto en la Corte Constitucional y Sala de Selección, hasta la revisión por Corte Constitucional con Sentencia (el desacato y la impugnación no se valoraron). Este abordaje permitió identificar los tipos y cantidades de recursos utilizados en la ruta, el talento humano involucrado según cargo al cual se le estimaron los tiempos de dedicación y la carga salarial correspondiente en casos tipo (ordinaria y extraordinaria) y en cada una de las etapas; así mismo se calculó el costo de equipos, muebles y enseres; el tiempo utilizado para las consultas realizadas en cada institución e instancia en las que se desarrollaron los procesos, entre otros.

La ruta ardua de una tutela

La ruta institucional de una tutela comienza en la asesoría que puede ser realizada por la defensoría del pueblo o la personería y conlleva la recepción y orientación a los usuarios, análisis del caso por parte del abogado asesor, elaboración del escrito de la tutela, la entrega del escrito e indicaciones para el usuario. Luego se traslada a los juzgados para resolución en primera instancia, pero antes existen la recepción y reparto de tutela, su Ingreso al juzgado, las notificaciones iníciales, el estudio del caso, digitalización del mismo, y elaboración y envío de las notificaciones finales.

En caso que proceda la segunda instancia de la TUTELA se realiza el traslado de la tutela al juzgado, se Notifica, se vuelve a Estudiar del caso completo o la parte impugnada, se Digitaliza y falla y se Notifica finalmente.


El camino no termina acá. Todas las tutelas deben ser trasladadas a la Corte Constitucional, una vez allí se realiza el reparto y se distribuye en la Sala de Selección, en caso de ser sugerida y/o seleccionada, se realiza la revisión por la Corte y se produce una nueva sentencia.

El costo

Partiendo de una estimación basada en un estudio descriptivo de corte transversal con accionantes que acudieron a la Personería de Medellín e invocaron la acción de tutela para acceder a los servicios de salud y obtuvieron fallo de primera instancia, se aprecia que el costo de una acción de tutela desde la asesoría hasta el fallo en primera instancia, que viaja a la Corte Constitucional, pero no es tenida en cuenta para su revisión, es de 1´053.749 pesos y si se multiplica por 2´043.871 tutelas en salud interpuestas entre 1999 a 2018, estas alcanzan un costo total de $2.15 billones de pesos a 2018.

Si se realiza un ejercicio de proyección simple, en el entendido que en el régimen subsidiado el 71.48% de las tutelas interpuestas en 2017 fueron por servicios incluidos en el PBS, y se toma como valor hipotético un costo promedio simple unitario por servicio prestado (sin ningún calculo actuarial de ponderación entre servicios, ciudades, años, IPC y otras consideraciones) de $200.000, y sumados valores de tecnologías en salud, consulta especialista, ayudas diagnósticas, equipos terapéuticos, entre otros, se tendría un valor resultante al computar 2´043.871 tutelas que llega a los $408.774´200.000, entre 1999 y 2018.

Según este cálculo, que representa menos de una quinta parte (18.98%), del valor total de los costos administrativos de la judicialización de la salud en Colombia, se podría concluir que si el sistema de salud fuera ágil, expedito, diligente y eficiente, y no se contuvieran servicios, los ahorros serian considerables y podrían asignarse al fortalecimiento del mismo sector o la atención de otros determinantes sociales que impactan la calidad de vida y el estado de salud de las comunidades, a la vez que se liberan recursos a la rama judicial.

Inclusive, si este valor de los costos de judicialización aunados a los costos por los servicios de salud dispensados, que serían de $2.5 billones, se aplicasen de pleno en cobertura para nuevos cupos de del régimen subsidiado, a razón de $787.327.20, se tendrían 3´254.684 nuevos afiliados al sistema de salud en Colombia, logrando mayores coberturas e impactos en ganancias en salud.

El incremento de la cantidad tutelas anuales y el costo de su judicialización evidencian las debilidades y fisuras en el esquema de aseguramiento y como las fuerzas del libre juego de mercado, sin una dirección financiera controlada, y al arbitrio de la incertidumbre que propician las fallas de mercado, distorsiona el concepto de eficiencia y calidad en salud, y como consecuencia genera contextos de opacidad y oportunismo con mecanismos de traslado del riesgo en salud, y monetario, a los usuarios más vulnerables.

Ante contextos de aumento de morbilidad crónica y mortalidad evitable, lo que resulta peor es trasladar la responsabilidad en salud a las instituciones judiciales golpeando los procesos ordinarios de la justicia y configurando de manera indirecta un detrimento al patrimonio de la nación. El problema no es la acción de tutela.


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