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¿Luz al final del túnel “Caprecom”?

Por: Redacción EL PULSO
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Luego de varios años de espera y de muchos más de luchar para que le extinta EPS estatal Caprecom cumpliera con el pago de sus deudas, las instituciones de salud podrían tener una nueva posibilidad de recuperar dineros que hasta ahora estaban perdidos luego de que el Presidente de la República, Iván Duque, firmara el Decreto 1130 del 26 de junio que reconoce como deuda pública, y ordena el pago de las deudas reconocidas en el proceso de liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones: CAPRECOM.

La medida se da como cumplimiento al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) que dispuso que las deudas reconocidas en el proceso liquidatario de CAPRECOM se pagarían con cargo al servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación, o mediante operaciones de crédito público.

Según las cuentas del agente liquidador, La Fiduprevisora, luego del proceso de análisis y reconocimiento de deudas, aun faltaría por cancelar la suma de quinientos catorce mil doscientos cuarenta y siete millones trescientos ochenta y seis mil ciento treinta y nueve pesos ($514.247´386.139), monto hasta el cual autoriza el Decreto que sea girado por el Ministerio de Hacienda.

El procedimiento previsto señala que el Minhacienda girará los recursos luego de que el Patrimonio Autónomo de Remantes (PAR) de Caprecom presente las cuentas de cobro respectivas con certificación avalada por el revisor discal de la Fiduciaria la Previsora, y donde se detallen los beneficiarios de los giros y los montos de las deudas a pagar.

Una vez cumplida esta obligación, el Ministerio de Hacienda tendrá 30 días corrientes para realizar el traslado del dinero al PAR quien deberá proceder a ejecutar el pago a los beneficiarios.

Precisamente por esta última condición es que el Decreto aclara que la veracidad, oportunidad, verificación de los requisitos para el pago, así como el valor a pagar de las deudas reconocidas en el proceso liquidatario de CAPRECOM, radicará en cabeza de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR- CAPRECOM, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento del Decreto.

Un camino lleno de obstáculos

Si bien durante casi toda su historia Caprecom estuvo rodeada de problemas que iban desde deficiencias en la atención, quejas constantes de los usuarios, y problemas administrativos, fueron sus últimos años los que la marcaron como una de las peores EPS del actual SGSSS. La politiquería la convirtió en fortín político regional de los grupos de poder que se turnaban en su administración. Mientras tanto las instituciones prestadoras de servicios de salud así como los usuarios resultaban perjudicados con sus manejos.

El más reciente capítulo del drama de Caprecom, y que posiblemente sea uno de los últimos, se remite al año 2016 cuando se constituyó un Patrimonio Autónomo de Remanentes destinado, entre otros, a efectuar el pago de las obligaciones remanentes y contingentes a cargo de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones que en ese momento ya se encontraba en liquidación.

El 27 de enero de 2017 finalizó el proceso de liquidación y aunque la consecución de los recursos para pagar las deudas llegó a estudio incluso del Congreso de la República, el medio billón de pesos asignado fue claramente insuficiente.

El oficio radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el No. 1­ 2019-049504 del 29 de mayo de 2019, señala que de conformidad con lo registrado en los estados financieros con corte a abril de 2019, existen saldos insolutos para el pago de valores reconocidos en el auto de graduación y calificación de créditos y sentencias condenatorias reconocidas en el proceso (acreedores con prelación A y B) debidamente ejecutoriadas en contra de Caprecom por medio billón de pesos, para ser más exactos, por la suma de: quinientos catorce mil doscientos cuarenta y siete millones trescientos ochenta y seis mil ciento treinta y nueve pesos m/cte ($514.247.386.139).

De algún modo se podría decir que la autorización al Ministerio de Hacienda para que gire estos recursos, es un primer paso del estado, un poco a modo de ejemplo, para comenzar el salud de cuentas que se ha denominado Pacto de Punto Final. Y si bien la intención es efectivamente positiva, faltaría ver que otras deudas siguen apareciendo, o que tan satisfechos quedarán los hasta ahora afectados con los montos reconocidos. Por el momento, como del ahogado el sombrero… habrá que aprovechar la oportunidad para darle un respiro a las finanzas de muchas instituciones.


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