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De izquierda a derecha: Hernán Aponte, Sergio Isaza, Alejandro Jaramillo, Lilian Torregrosa y Aurelio Mejía, en desarrollo del foro. (Fotografía: IFARMA).

Transparencia y autonomía: Puntos clave para el ejercicio médico

La regulación de las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud abrió un debate justo y necesario.

Por: David Morales Alba. Fundación IFARMA
elpulso@sanvicentefundacion.com

Conocer los avances en la implementación de las políticas de transparencia del sector farmacéutico y de tecnologías de salud, a partir de las disposiciones que el Ministerio de Salud y Protección Social establece en la Resolución 2881 de 2018, fue el propósito del Foro que se realizó el pasado 13 de junio en Bogotá. La resolución crea el registro de transferencias de valor en el sector salud y define qué es una transferencia de valor.

La iniciativa Médicos Sin Marca, el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, la Fundación IFARMA, Salud Derecho y la Federación Médica Colombiana convocaron a este encuentro que facilitó el espacio para dialogar sobre la relación entre profesionales de la salud y la industria farmacéutica, en el contexto de la resolución.

En el foro participaron Aurelio Mejía, Director de Medicamentos del Ministerio de Salud y Protección Social; Lilian Torregrosa, Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía; Sergio Isaza, Presidente de la Federación Médica Colombiana; Alejandro Jaramillo, miembro de la Sociedad Colombiana de Urología; y Hernán Aponte, Secretario Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, quienes compartieron sus opiniones e inquietudes sobre el tema, en un diálogo que moderó y condujo Claudia Marcela Vargas Peláez, Directora de la Fundación IFARMA.

¿Cuáles son los mejores caminos para implementar la Resolución 2881 de 2018 y los posteriores desarrollos que permitan una práctica médica libre del conflicto de interés? Este fue el interrogante clave que orientó el desarrollo del foro.

¿Qué es una transferencia de valor?

El artículo 2 de la resolución señala que es “la entrega en dinero o en especie de bienes o servicios, por parte de los sujetos obligados a reportar a favor de los receptores”, de acuerdo con las siguientes modalidades (Art. 7):

Entrega y/o pago de alimentación y bebidas. Pago de viajes, transporte, alojamiento y viáticos. Apoyo financiero para estudios e investigaciones en salud. Suministro de licencias de uso de software e inscripciones a bases de datos. Financiación para la inscripción, matrícula o participación en programas de educación, conversatorios, talleres, u otras actividades académicas o de formación médica continuada. Financiamiento para la organización / realización de conferencias, conversatorios, talleres, seminarios, congresos y otras actividades académicas o de formación médica continuada. Financiación para la edición de publicaciones o suscripción a publicaciones. Financiamiento de programas de pacientes, incluidos los efectuados directamente por los obligados a reportar. Entrega de documentos u objetos que lleven información de publicidad promocional impresa. Entrega de muestras médicas. Pago de honorarios por contratos de prestación de servicios.

¿Quiénes deben reportar?

Titulares de registro sanitario, fabricantes, importadores o distribuidores de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, propietarios de establecimientos farmacéuticos mayoristas. Importadores de medicamentos, dispositivos médicos y equipos biomédicos vitales no disponibles. Organizaciones gremiales constituidas por los actores citados anteriormente.

La resolución es para los profesionales de la salud

Aurelio Mejía, Director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, explicó que la resolución tiene su contexto en la Ley 1438, el Decreto 2573 de Gobierno en Línea y los documentos CONPES de Política Farmacéutica (155) y Estrategia Nacional de Política Pública Integral Anticorrupción (167). Mejía señaló que el reto del Ministerio es promover la transparencia sobre la naturaleza, el valor y la frecuencia de las relaciones de las compañías que fabrican y comercializan productos para la salud con las instituciones y profesionales del área. Precisó que la normativa se enfoca en todos los profesionales de la salud y no es solo para los médicos.

El funcionario también explicó que la resolución establece como monto mínimo para el reporte un salario mensual por semestre. Las transferencias que superen ese valor deberán ser reportadas y este reporte debe llevar toda la información de la transferencia. Quien reporta tiene la responsabilidad de suministrar las pruebas documentales correspondientes. Finalmente, expresó que ya se ha capacitado a la Cámara de Dispositivos, la Cámara Farmacéutica y algunas empresas que han realizado reportes pedagógicos.

Punto de encuentro para las organizaciones gremiales

Las prácticas de transferencia de valor entre los médicos y la industria farmacéutica, a pesar de su influencia negativa en la prescripción, se han naturalizado. Es importante reflexionar al respecto para estar libres de presiones indebidas y lograr una mayor autonomía, progresivamente. Esta fue la opinión de Lilian Torregrosa, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Cirugía. Y agregó que es necesario buscar la forma para que la relación de los médicos con la industria esté en el marco de la ética profesional. Desde su perspectiva, la industria ha identificado qué funciona y qué no para lograr una mayor formulación.

Por su parte, el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, indicó que la intromisión en la intimidad del acto médico por parte de la inteligencia comercial y las presiones de la industria para orientar la prescripción de medicamentos, no es ética. Expresó que la autonomía médica se ha visto afectada desde el surgimiento de la Ley 100 porque prevalece el interés de la industria privada con ánimo de lucro, en contraste con un sistema que se fundamenta en el derecho a la salud donde el objetivo es la prestación del servicio y la creación de condiciones saludables para la población.

“Mientras existan limitaciones en la prescripción se limita la autonomía profesional […] Se debe aplicar la Ley Estatutaria en toda su profundidad”, precisó.

Para Alejandro Jaramillo, vocero de la Sociedad Colombiana de Urología, la transparencia debe primar en el acto médico y manifestó que la relación de los médicos con la industria farmacéutica ha estado presente y no se puede estigmatizar porque es necesaria, aunque hay que fijar normas. Jaramillo también señaló que después de la implementación de la resolución se verá una práctica médica diferente que requiere fortalecer la autonomía médica, así como un ejercicio serio de la auto-regulación.

Hernán Aporte, Secretario Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, considera que la transparencia es parte importante de la relación de los profesionales con la industria. Precisó que esa relación no puede desaparecer porque la industria produce los medicamentos y allí se encuentra la información que el médico no tiene. Agregó que los conflictos de interés siempre estarán presentes. “No hay que satanizar la relación, sino hacerla clara”, dijo.

Aponte señaló que el Ministerio solo impacta donde le afecta económicamente al Estado, pero no se adelanta trabajo de prevención, no hay diagnóstico temprano y solo se trabaja en medicamentos. “El pensamiento de mercado afecta la salud de los colombianos”, puntualizó.

Un buen paso en la dirección correcta

Al cierre del foro, el médico Francisco Rossi Buenaventura, Asesor Senior de la Fundación IFARMA, manifestó que la resolución abrió la ruta para dialogar y debatir sobre las soluciones prácticas y negociadas, pensar las implicaciones que tienen las relaciones de los profesionales con la industria sobre la autonomía médica, situación que considera un problema central del sistema de salud.

Citó la propuesta que en su momento hizo Camilo González Posso (Ministro de Salud entre 1990 y 1994) para que el Ministerio de Salud asumiera la educación médica continuada y no estuviese en manos de la industria. “Esa alternativa hoy es relevante, pues con la industria, los procesos de actualización / formación están más orientados al marketing”.

Rossi Buenaventura señaló que las posibilidades de influencia, las relaciones entre la industria y los profesionales de la salud con orientación comercial, deberían desaparecer y resaltó que el foro permitiera compartir elementos para pensar en la posibilidad de encontrar una salida distinta para la educación médica continuada. Y agregó que el sistema de salud está alineado por los incentivos, con una lógica de mercado, dejando de lado la orientación ética: “Estamos abriendo un debate sobre por dónde podemos concebir ejercicios profesionales, en un sistema de salud más centrado en las necesidades de las personas”.


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