MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 250 JULIO DEL AÑO 2019 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com

Las cifras políticas del SGSSS

Por: Félix León Martínez, Presidente de Fedesalud
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Afinales del año pasado Fedesalud dirigía una carta al Sr. Ministro de Salud y Protección Social en el que le solicitaba investigar la diferencia entre el total de los afiliados a los dos regímenes del SGSSS, más los regímenes especiales, registrados en la BDUA (47.174.609 a Diciembre de 2018), y los afiliados posibles, pues según las cifras preliminares del CENSO 2018 tan sólo seriamos 46 millones de habitantes (al final aparecieron dos millones más) y no 50 millones, cifras que registra hoy la página de afiliación del Ministerio con base en las proyecciones del Censo 2005.

El efecto del cambio del denominador poblacional de 50 a 48 millones, implica que el país, con una cobertura del 95% de la población total -cobertura en la que concuerdan tanto el Ministerio como las encuestas de calidad del vida del DANE-, solo podría tener 45.5 millones de afiliados, incluidos los regímenes especiales, es decir que el SGSSS actualmente tiene cuando menos un millón y medio de personas afiliadas más de las posibles, según el Censo 2018.

Por supuesto, esta sustancial diferencia debía y debe ser investigada, pues cuando se habla de cobertura de la seguridad social, la dirección del sistema está informando sobre Unidades de Capitación (UPC) reconocidas y pagadas a las EPS por el FOSYGA inicialmente, ahora por el ADRESS.

El actual Director del DANE ha dicho públicamente: “Desafortunadamente, el Gobierno del momento no quiso asumir la responsabilidad de actualizar esas proyecciones y nos siguió haciendo creer que el reloj poblacional iba a tocar la campana de los 50 millones en octubre de 2018 cuando eso nunca iba a pasar”.


Los investigadores responsables de las grandes encuestas nacionales de salud y demografía y salud realizadas en la última década hace tiempo lo sabían, pues no encontraban los niños menores de cinco años que suponían las proyecciones del Censo 2005. El sector educativo era también prueba palpable de la disminución de niños en las escuelas y colegios del país en los primeros años de educación primaria.

Fedesalud en sus estudios sobre el envejecimiento poblacional de 2014 evidenció la desviación de las proyecciones del Censo del 2005, fundamentalmente debidas a la severa reducción de la natalidad, fenómeno que ya se comenzaba a evidenciar en el censo del 2005, pero que el DANE se negó a aceptar entonces, de modo que siguió proyectando su incremento, al igual que una década después, a pesar de la clara evidencia.

Profamilia publicaba en 2013 que “la Tasa Global de Fecundidad (TGF) continuó la tendencia descendente que traía desde mediados de los años sesenta: disminuyó de 3 hijos por mujer en 1995 a 2,1 en el 2010. Así, en 2010 alcanza una TGF próxima al nivel de reemplazo”, lo que quiere decir que desde hace nueve años no nacen en Colombia suficientes niños para sustituir a la generación de sus padres (se requiere una tasa de fecundidad de 2.1, para sustituir a los padres en la siguiente generación, teniendo en cuenta la mortalidad infantil.

Podemos preguntar entonces que motivaciones llevaron a los últimos gobiernos a no querer ajustar las proyecciones del Censo de 2005 y mantener las cifras de población infladas. Lo que es claro es que, tanto el DANE como el Ministerio de Salud, conocían con precisión el comportamiento de la natalidad en el país y su diminución progresiva desde finales de los años noventa. Tienen en su poder los registros de nacimientos y las cifras de afiliación de los niños y promulgan con orgullo el porcentaje de atención médica de los partos. Cuentan con demógrafos expertos y grandes estudios para evidenciar los cambios de las tendencias poblacionales. ¿Y entonces?

Señalaba un exdirector del DANE, en el diario El Tiempo, como el cambio de la población total (denominador para los indicadores económicos y sociales), deja al país en vergüenza ante el mundo: “En otras palabras, la información enviada al FMI, BM, BID, Cepal, Ocde, CAF, Pnud, entre otras, y utilizada en Colombia para calcular los indicadores sociales como los de salud, Sisbén, educación, seguridad, movilidad, víctimas, tenencia de vivienda, delincuencia, entre otros; y los económicos: PIB per cápita, el SGP y el de transferencias; incluso políticos, que tienen que ver con: umbrales de consultas, registros en el censo electoral, representación política congresional, si se incorporan los resultados del censo poblacional, entre otras, deben ser replanteados metodológicamente, pues es claro que todos los indicadores por la diferencia inter-censal tan grande deben ser recalculados.”

En fin, como se diría popularmente, un enorme “oso” de Colombia ante el mundo. El hecho de que ninguna cifra sea confiable constituye un grave problema para la nación y su gobernabilidad, además de que resulta impresentable para un país recién aceptado como nuevo miembro de la OCDE, club de naciones con el propósito de buenas prácticas de gobierno, que comienzan por la transparencia en la información.

Si seguimos revisando la información del SGSSS, en la página oficial del Ministerio, podemos hallar otra prueba más grosera de la manipulación política, en el cuadro en que se registra la población SISBEN, la población pobre afiliada a los regímenes contributivo y subsidiado y la población pobre no afiliada. En dicho cuadro se pueden observar cifras increíbles. En Diciembre de 2018 se registran los siguientes datos sobre el Sisben “validados a Octubre de 2018”

Total Sisben 1: 27´867.556 - Total Sisben 2: 2´920.321 - Total Sisben 1 y 2: 30´787.877.

Estas cifras implicarían que la población identificada como pobre por el SISBEN es superior a dos tercios de la población total del Censo 2018 es decir 67%. El SISBEN cuenta con el aval del DNP. Por su parte el DANE informa que, en 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 19,6%, es decir poco más de nueve millones de personas sobre la población total del último Censo. Igualmente que, en 2018, el porcentaje de personas clasificadas como pobres por ingresos respecto al total de la población nacional fue 27,0%. Es decir, cerca de 12.5 millones de personas.


La diferencia entre la población pobre por ingresos, el mayor valor de pobreza del DANE y la población Sisbén 1 y 2, es de 18 millones de personas. Dos manejos políticos explican tan grave divergencia: por una parte la tendencia de los gobiernos a reducir los umbrales de pobreza para mostrar resultados de su política económica y, por otra, la tendencia clientelista a incrementar poblaciones con beneficios y subsidios del gobierno para conseguir votos.

El documento CONPES 3877 de 2016 señala que la incidencia de la pobreza, tanto monetaria como multidimensional, ha venido disminuyendo en los últimos años, mientras el Sisbén exhibe un crecimiento del porcentaje de potenciales beneficiarios de programas sociales, puntajes del Sisbén III entre 0 y 50 puntos (SISBEN 1), que alcanza el 78% de la base total.

¿Qué explicación puede tener el crecimiento desmedido del número de colombianos incluidos en el SISBEN 1 (ni siquiera en el SISBEN 2) mientras las cifras de pobreza en el país se reducían? Como hemos señalado, la utilización política del SISBEN y del Régimen Subsidiado con fines clientelistas, fenómeno que se reforzó con el camino asistencialista trazado por la Ley 1122 que, además de aumentar la responsabilidad del estado (y disminuir la de los patronos en consecuencia), ensanchó la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado, y la abrió entre el aseguramiento en salud y la verdadera seguridad social.

Y agregaba una publicación de FEDESALUD en 2008: “…subsidios (de carácter asistencialista y rodeados de prácticas clientelistas), que a corto plazo alivian la situación de las personas, a mediano y largo plazo fomentan la informalidad laboral y sustituyen el derecho a la seguridad social del trabajador y la familia ligado a la relación laboral.” Las familias no saldrán de la pobreza, pues el favor que se les hace con el Régimen Subsidiado, que las priva del derecho a la protección económica ante la incapacidad, la maternidad, la invalidez, la vejez y la muerte, mientras indirectamente beneficia y desresponsabiliza a los patronos.

¿Cómo reversar este manejo político y la consecuente manipulación de la información del SGSSS sin afectar gravemente a los ciudadanos de menos recursos?

La confirmación de la inexistencia de millones de afiliados, según el Censo de 2018, puede derivar hacía una cacería de brujas, centrada en la responsabilidad fiscal, o puede ser la oportunidad para reconocer que se está pagando una UPC superior a un número de afiliados menor, es decir, reconocer la realidad de afiliación y pago del sistema y sincerar las infladas cifras actuales. Pero mucho hay que temer que el Ministerio de Hacienda aprovechará la limpieza de las bases para reducir los escasos recursos del sector salud.

El ejemplo ya se vio en el sector educativo, donde en virtud de la reducción de natalidad en las últimas dos décadas y el conveniente pago per cápita fijado simultáneamente por Hacienda, los colegios se vieron en serias dificultades presupuestales para sobrevivir con un número menor de niños cada año, mientras el gobierno gritaba “fraude” con el número de matriculados. Era una oportunidad sin igual para mejorar la calidad, incrementar el per cápita y mantener estables los aportes del presupuesto nacional.

Reducir la población clasificada como SISBEN 1, proceso en el que ya se empeña el DNP, ante la evidencia de la clientelización de este instrumento, puede convertirse también en una cacería de ciudadanos colados y las consecuentes expulsiones del subsidiado. Sin duda este camino de expulsión y obligación de pago incluido en el recién aprobado PND se traducirá en negación franca del derecho a la salud, pues un 30% de las familias colombianas que no son clasificadas como pobres y a las que se les plantea cobrar (deciles 4, 5 y 6 de ingresos) están en la franja de ingresos mensuales de poco más de uno hasta dos salarios mínimos y tienen serias dificultades para sortear las necesidades básicas y completar la canasta familiar.

Sin duda estas familias, que van a ser obligadas a afiliarse y realizar pagos mensuales al sector, se verán muchas veces forzadas a incumplir o aplazar sus contribuciones debido a necesidades más perentorias y sufrirán la negación de servicios y el no pago de las incapacidades, aunque finalmente cumplan los aportes, con intereses, como hoy le sucede a muchos trabajadores independientes. Esta violencia no puede ni debe ser la solución para acabar con el manejo político del SISBEN.

Sociedades y estados menos violentos no condicionan el derecho a la salud, es decir no cierran la puerta de los servicios y hospitales en la cara a los enfermos atrasados en sus obligaciones con la seguridad social por dificultades económicas, aunque les terminen cobrando de otras maneras, que no condicionan la atención, bien sea por medio de impuestos a la renta en el que se establecen y reconocen las deudas a la seguridad social, o mediante recaudo estricto de las deudas a la seguridad social sobre el valor de las ventas de activos patrimoniales o sucesiones. De esta forma quienes tienen capacidad de pago no pueden evadir la responsabilidad con la sociedad y el estado, al tiempo que no se afecta el derecho a la salud y la vida de los ciudadanos.


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