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Grupos armados atentan contra la misión médica

Por: Redacción EL PULSO
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El asesinato del médico Cristian Camilo Julio Arteaga, el 10 de mayo pasado, dejó a El Bagre (Bajo Cauca antioqueño) en una profunda crisis humanitaria, los doctores adscritos al Hospital Nuestra Señora del Carmen dejaron el municipio por temor a que estos hechos se repitieran en sus propias vidas, tal como lo anunciaba un panfleto que recorrió las calles del pueblo y las redes sociales de los habitantes horas después del homicidio.

Solo quedaron enfermeras y personal administrativo para atender las necesidades de la población. También temían, pero su valor era proporcional a la necesidad de los habitantes del municipio. Una semana después los médicos volvieron a sus actividades, gracias a la acción de la fuerza pública y de las entidades del estado que dieron con el presunto autor material tras diez allanamientos en la zona, cómo lo reveló el gobernador de Antioquía, Luis Pérez Gutiérrez. Sin embargo, el miedo sigue rondando por los pasillos del centro médico.

Lo sucedido en el municipio de El Bagre, y el temor generado en la misión médica, es un caso entre muchas situaciones similares que se viven en la mayoría de las regiones rurales del país, e incluso, aunque con características a veces diferentes, en las grandes ciudades.

Un profesional de la salud que trabaja en el hospital le contó a El Pulso que la inseguridad es constante, cualquier demora en el servicio acarrea desde insultos hasta amenazas y en ese contexto es complejo identificar de dónde proceden, si hay que creer en ellas o no. Hay que recordar que en El Bagre, como en muchas otras regiones del país, se da una disputa armada entre diferentes actores armados, lo que hace que cualquier escaramuza o riña se escale rápidamente y termine en hechos lamentables.

De hecho, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para toda la región del Bajo Cauca en enero, pero nada pasó en la zona, los grupos siguen con el control del territorio y su accionar ya tocó a la misión médica, toda una institución amparada por el Derecho Internacional Humanitario.

“En este país, con la esperanza de la paz, se nos olvidó que seguimos en un conflicto, que hay grupos que siguen en armas y que no respetan el Derecho Internacional Humanitario. Antes se hacían mayores esfuerzos, pero de repente estamos actuando como si no estuviéramos en un país en guerra, entonces no existen protocolos claros para proteger al médico como actor neutro que debería ser protegido porque es un actor que tiene que responder por la atención de múltiples actores armados de carácter ilegal”, dijo Carolina Cocho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.

Y es que, los médicos en esas zonas rurales deben prestarle los servicios a quién lo requiera, sin importar si es legal o ilegal, si acaba de matar o no, por eso se convierten en carne de cañón, si salvan a alguno terminan en problemas con su rival.

La protección de los médicos en campos de conflicto está firmado por el estado en tratados internacionales y está incluido en los Protocolos de Ginebra, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, explicó la vicepresidenta de la Federación Médica, y es un compromiso que el Estado no puede ignorar ni olvidar. “Hay que volver a caracterizar el territorio nacional en zonas de conflicto”, concluyó.

El Colegio de Médicos de Atlántico, manifestó su preocupación porque hechos como este implican “no solo la prohibición de ataques al personal sanitario, sino el respeto, ayuda y apoyo para la ejecución de sus labores humanitarias en situaciones de conflicto, e igualmente implica el respeto del núcleo fundamental de los derechos humanos como lo son la vida, la integridad física, moral y mental, la dignidad, la libertad personal y las garantías judiciales”.

Más allá de la afectación directa a la misión médica, lo más grave del asunto es que miles de personas se quedan sin servicios de salud, en el caso de El Bagre fueron más de 65.000 personas las que no tenían a quién acudir en caso de una urgencia. De ahí que en la pancarta que instalaron miembros de la sociedad civil afuera del hospital dijera: “Un atentado contra la misión médica es un atentado contra usted”.

Mario Vargas, de la Seccional de Salud de Antioquia, explicó que las infracciones contra a la misión médica terminan afectando a comunidades ya de por sí vulnerables y empobrecidas. “Al suspenderse el servicio queda una población expuesta a cualquier cantidad de problemas que puedan suscitarse como un cuadro epidémico o el no manejo adecuado de enfermedades crónicas o agudas que sean de tipo quirúrgico (por ejemplo, apendicitis)”, señaló.

Un atentado contra la formación de médicos

Cristian Camilo Julio Arteaga estaba haciendo su año rural, le faltaban solo dos meses para terminarlo. Esta situación hace que cada vez menos estudiantes quieran ir a lugares que viven en medio del conflicto a prestar sus servicios. Ocurre en el Bajo Cauca, pero también hay registros de atentados contra ambulancias y grupos de médicos en Catatumbo (Norte de Santander), que vive una disputa similar.

Corcho aseguró que este tipo de violencia no afecta únicamente a los universitarios sino también a los internos que se están preparando en una especialidad, y ni qué decir de los profesionales y especialistas. “Es demasiado grave que el ministro de Defensa y el Ministro de Salud no se hayan pronunciado frente a una situación tan grave como es un homicidio médico en una zona de conflicto, porque el no pronunciamiento connota una forma de legitimación del poder de estos hechos y eso no se puede normalizar. Todos los homicidios son graves porque todas las vidas son valiosas, pero esto, si se llega a comprobar que el móvil del homicidio fue por su servicio médico, es un atentado contra la prestación de un servicio vital para las comunidades, es un delito simbólico”.

“Eso es un asunto tan personal del estudiante que debe hacer su rural la decisión de ir hasta allá y de pronto afrontar el temor que se suscita en ese lugar. Por eso procuramos que aprendan cuál es el comportamiento que deben tener frente a la población y cómo deben comportarse cuando hay algún hecho que deban prevenir” anotó Vargas.

El conflicto no es lo único

Metrosalud, la red hospitalaria de Medellín, que cuenta con 53 puntos de atención, informó que en lo que va del año se han registrado 54 ataques a vigilantes, personal administrativo y médicos. El año pasado cerró con 233 ataques, nueve de los cuales fueron agresiones físicas. De acuerdo con su informe, los casos pueden ir desde insultos hasta golpes e, incluso, robos de equipos médicos.

Silvia Echeverry, líder de Seguridad y Salud en el Trabajo de Metrosalud, le manifestó a Blu Radio que las situaciones suelen darse por intolerancia y como consecuencia de las fallas del sistema de salud del país en general. “Muchas veces los usuarios llegan desesperados tras pasar largas jornadas esperando una solución médica y terminan por materializar su enojo con las personas que los atienden”, agregó.

De acuerdo con Corcho, en el país hay un gran subregistro de este fenómeno, ya que son pocas las entidades dedicadas a documentarlo, prácticamente la única es Metrosalud, y algún esfuerzo que hace un par de años hizo la Universidad de La Sabana.

Vargas y Corcho coinciden en que el médico termina pagando las consecuencias de la deshumanización del sistema de salud y de la cultura aupada por medios de comunicación amarillista que promueven la indignación agresiva.


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