MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 252 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com

Una cuestión de proporciones

Por: Redacción EL PULSO
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La portada de los libros, o por lo menos su título, es el primer elemento que engancha a los potenciales lectores para decidir si emprenden su lectura. Lo mismo sucede con los titulares de prensa, con el nombre de un restaurante, o el de una película, y de algún modo, esa disposición casi innata para dejarnos llevar de una primera impresión permite optimizar el tiempo y centrar nuestra atención sobre lo que es realmente importante, sin embargo existe la posibilidad de las decepciones.

Es apenas natural que el gobierno nacional buscara para denominar su estrategia de saneamiento de cuentas del sector salud un nombre tan impactante que lograra generar tranquilidad en los actores que vienen padeciendo una crisis financiera de grandes proporciones durante años. Lanzar el “Acuerdo de Punto Final” con todo el despliegue mediático posible, es también entendible para una administración que cumple un año y debe comenzar a mostrar resultados tangibles y más en los puntos que fueron señalados como claves para ser desarrollados durante el gobierno del presidente Iván Duque.

El asunto es que luego de dos meses del anuncio, y visto el “acuerdo” sin la emotividad inicial, es necesario dar claridad sobre qué es, y que no es, para que los diferentes actores del sistema puedan dimensionar los verdaderos impactos que tendrán las medidas adoptadas en sus organizaciones.

El acuerdo es un importante reconocimiento de la deuda histórica del gobierno con el sistema de salud. Se avanza en la liquidación de cuentas de Caprecom y esto era una obligación estatal no solo por ser su propietario, sino porque fue su mala administración y politización la que generó los problemas que llevaron a su liquidación con grandes perjuicios a los prestadores del país.

Como un segundo gran componente se le hace un corte al tema de la deuda por recobros que había alcanzado también un carácter histórico luego de su disparada en el año 2010. Pero acá lo esencial no es solo sanear las cuentas, la estrategia viene acompañada con una serie de medidas que buscan que el problema no tenga una repetición, tanto para el régimen contributivo con la creación de tarifas techos para los recobros, como en el subsidiado con el traslado de la obligación de pago a la Adres, y en este orden de ideas el “acuerdo” si es un primer paso para controlar un fenómeno que se está tragando los recursos del sistema. Que sus resultados sean efectivos lo dirá el tiempo.

El acuerdo también es un acto de buena voluntad política, y en esto han coincidido todos. Es de aplaudir que el gobierno le haya colocado su atención a solucionar un problema que ya no incidía solo en las finanzas, sino también en la calidad y oportunidad de los servicios que se prestan a los colombianos.

Lo que definitivamente no es la estrategia, aunque su nombre lo pregone, es ser un “acuerdo”, en la medida que el termino hace referencia a un proceso de negociación donde las partes coinciden en elementos que serán llevados a sus prácticas. Y en este caso ese proceso no se realizó, no existió una convocatoria previa donde los diferentes actores manifestaran sus puntos de vista, y lo más importante, acordaran comportamientos y prácticas que permitieran sanear las finanzas del sector, pero además se garantizara la no repetición. Eso le sigue faltando al sistema, un pacto de buena, equitativa y justa gestión.

Lo que tampoco es el acuerdo es que sea de “punto final” porque un simple ejercicio matemático muestra que los casi siete billones que destinará el gobierno para el saneamiento es insuficiente ante los 17 billones que la misma Superintendencia de Salud señala como deuda. Y lo grave acá es que el gobierno parezca desentenderse un poco de temas como la deuda de las EPS liquidadas, la cual en palabras simples señala como un asunto a ser arreglado entre privados. En parte sí, pero en parte no. Porque si bien la relación contractual se da entre actores privados, esta existe sobre dineros que son de carácter público y con una destinación tan específica y trascendental como es la salud de los ciudadanos, obligación indelegable del estado, por lo tanto es irresponsable pensar que el papel del gobierno se limita a girar unos recursos a un intermediario, y que de ahí en adelante sean particulares quienes vean que pasa con ellos.

No puede olvidarse que la función de las EPS es una delegación avalada por entidades estatales, y si un concesionario falla, se da por razones que debieron ser controladas a tiempo, sea cual fuere su causa, de ahí que exista una corresponsabilidad que no puede negarse, y si de las fallas se desprenden obligaciones, estas deben ser honradas, o por lo menos se deben establecer las salvaguardas necesarias.

La gobernanza del estado debe abarcar el manejo de los recursos, pero no solo para sancionar a quien los desvíe, sino para controlar que se apliquen de manera oportuna y equitativa y así cumplan con su finalidad. Y con esto se evidencia la principal duda sobre el “Acuerdo de Punto Final”, qué garantizará que en componentes de la relación entre los actores del sistema, como el flujo oportuno de los recursos, la situación se normalice y tengamos ahí si un cierre del capítulo de la crisis.

Finalmente, un título mal colocado puede generar decepciones y traer consecuencias no deseadas para el autor, y esto tal vez se le escapó a los relacionistas del Ministerio.


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