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Hacinamiento y salud de los penitenciarios: un problema para revisar con lupa

Por: Natalia Andrea Ramírez Ospina
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El hacinamiento carcelario es crítico en Colombia y en materia de salud, el tema toma dimensiones dantescas. En Antioquia, por ejemplo, se presenta una inmensa afectación de los derechos de más de 13.800 personas detenidas, lo cual ha incrementado en forma considerable las acciones de tutela interpuestas por personas privadas de la libertad, llegando en 2018 a 129.364 asociadas a la salud de los carcelarios, lo que representa el 21,3% de las tutelas a nivel nacional.

Por esta razón, la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, realizaron en Medellín un encuentro territorial con el fin de abordar dos ejes temáticos basados en la situación carcelaria y el derecho a la salud. La jornada adelantada en la Universidad Eafit, contó además con la intervención de líderes y expertos, y con testimonios de los representantes de los internos de las cárceles de Bellavista y Pedregal.

La gravedad de la situación evidenciada en el encuentro territorial, mostró la necesidad de un diálogo profundo para escudriñar lo que está pasando frente a la eficacia de los derechos, para Gloria Stella Ortíz Delgado, presidenta de la Corte Constitucional: “si el estado somete a una persona, debe garantizar todos sus derechos”, además, durante su intervención enfatizó cuatro razonamientos principales frente a las personas privadas de la libertad.

El primero de ellos, muy clave, es la resocialización como finalidad principal en la ejecución de la pena: “la privación de la libertad no es para mirar al pasado, su objetivo es transformar, modificar, es la oportunidad para reintegrar, reconstruir, y con estos niveles de afectación de los derechos, se está produciendo el efecto contrario al objetivo constitucional”, afirmó, la presidenta de la Corte.

Por otro lado, la sujeción que tiene el recluso frente al estado le impone a este último retos que debe resolver de manera responsable y oportuna, por esa razón es preocupante el panorama frente al número de tutelas: “el ejercicio de este derecho es la forma que tiene la persona privada de la libertad para mantenerse conectado con el mundo”, indicó, Ortiz Delgado, quien agregó que sin embargo, las oficinas jurídicas de los centros de reclusión tienen graves falencias que afectan las garantías de los reclusos.

Otro de los razonamientos de la Corte Constitucional recordó que el sistema penitenciario se encuentra interconectado: “en virtud del problema de hacinamiento cuando entra una persona recluida, salen dos”, aseguró, Gloria Ortíz, lo que denomina, además, como el “Equilibrio de 3/7”, que implica el cierre de cárceles al no garantizar los derechos mínimos. El paisaje es desalentador, ya que los centros de reclusión al no tener capacidad para recibir nuevos detenidos, los trasladan a estaciones de policía, donde las condiciones son peores, y resultando más grave y desequilibrada la solución.

Como último razonamiento para la Corte es importante entender la necesidad de abordar caso por caso de manera puntual: “la existencia de decisiones estructurales y el seguimiento del estado no excluye la protección particular y puntual de los derechos de la persona que impone la acción de tutela”, explicó, Ortíz Delgado.

La voz de la Procuraduría

En su función de seguimiento a las sentencias en materia de salud, la Procuraduría General de la Nación ha estado presente en las querellas que afectan al sistema penitenciario y que según Fernando Carrillo Flórez, Procurador General, responden: “no solo a un derecho fundamental, sino a un servicio público, que además maneja recursos públicos”.

Las dificultades que presenta la salud penitenciaria en Colombia piden a gritos cambios para los reclusos pacientes: “estos deben ser los protagonistas del sistema de salud y no las víctimas como lo han sido hasta el momento”, señaló, el procurador, y añadió que la concientización con relación a los internos que se ha dado por parte del pronunciamiento de la Corte Constitucional, debe llevar a replantarse qué es lo necesita el país.

Y agregó: “Más que cuestionar que requiere el país en materia de los derechos de los carcelarios, es saber que la responsabilidad es de todos, y es una responsabilidad que ha supuesto una falta de coordinación entre las entidades territoriales, de alcaldes y gobernadores frente a quienes están sometidos a la detención preventiva”, comentó, el Procurador General. En palabras del doctor Fernando Carillo: “la política criminal del estado ha sido sin duda alguna, inconsecuente, esa esquizofrenia que se ha presentado en el país con relación a un populismo punitivo, que aumenta las penas, pero no hace nada por la modernización o reinstitucionalización del sistema penitenciario”.

Para la Procuraduría existen dificultades y limitaciones innegables en lo concerniente a las garantías en salud, como lo son: el acceso, la calidad del sistema, el financiamiento, las fallas de regulación, el POS, el flujo de recursos y el fortalecimiento de la supervisión desde el poder ejecutivo: “la Superintendencia tiene que hacer mucho más de lo que ha hecho hasta el momento”, asegura, Carrillo, quien destaca adicionalmente a la corrupción como otra problemática que no puede dejarse por fuera de esas limitaciones.

El Procurador se refirió también a que la complejidad exige al mismo tiempo modernidad, es decir que los entes territoriales deben tener la capacidad de solucionar los problemas desde las regiones y no seguir atados a un centralismo absurdo que se implantó en el país con la constitución anterior.

Para el procurador Carrillo: “estamos enfrentados a una gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada, donde la política pública a nivel nacional no funciona, la política penitenciaria que hoy está sobre la mesa, exige ser afrontada con severidad”.

Otra acción adelantada por la Procuraduría consistió en una actuación contra 28 alcaldes pidiendo medidas cauteles frente al hacinamiento, y que en el caso de Antioquia llega al 80% frente a un promedio nacional del 50%, y en América Latina donde no sobrepasa del 25%.

Sin embargo, muchos de los alcaldes indagados no han respondido a las solicitudes de la Procuraduría con respecto a la responsabilidad que tienen en los establecimientos carcelarios, lo que ha llevado a que se realicen visitas a los centros penitenciarios. “Es crucial aprovechar el año electoral para poner esto en las nuevas agendas de los alcaldes y gobernadores, y lograr no solo concientizar, sino obligar a los actuales mandatarios a que tomen determinaciones antes de irse, y que sea un asunto de política pública local que aborden los nuevos alcaldes y gobernadores”, señaló, el Procurador.

Es frente a la mezcla del hacinamiento, la violación de los derechos, el financiamiento, la infraestructura, la corrupción y la prestación de servicios de salud dentro de los centros de reclusión, que el Procurador señala que: “es importante pensar en los temas de resocialización, como un gran pacto por la modernización del sistema penitenciario”, pero no solo a nivel de infraestructura, sino también estudios técnicos, lo que requiere más accionar político en la materia.

Las intervenciones de la presidenta de la Corte Constitucional y del Procurador General de la Nación, son La voz de un diagnóstico que se agrava cada vez más, pero que marca la ruta de lo que falta por hacer: “lo que hemos hecho ha sido avanzar en esa dirección y queremos conjuntamente con la Corte, seguir ganando terreno con la sociedad civil de nuestro lado”, concluyó, el Procurador.

“Entender la situación carcelaria, no es netamente cuestión de la agenda política, pues se trata también de la dignidad de las personas reclusas, que obliga a mirar desde una perspectiva humana, que sensibiliza y sacude a todos los actores sociales, quienes no solo deben limitarse a plantear problemas, sino a mostrar soluciones a través de una visión constructiva, queremos que se tomen los derechos a la salud de las personas privadas de la libertad como un paradigma de protección de derechos”: presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz.

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