MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 260 MAYO DEL AÑO 2020 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com icono facebook icono twitter

El gobierno nacional propone programa de salud para el campo

Por: Redacción EL PULSO
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Hasta unos pocos días antes de que el mundo centrara toda su atención en el coronavirus, en Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social venía trabajando en una resolución que adoptaba el Plan Nacional de Salud Rural – PNSR – así como en la ruta metodológica para su implementación. Allí los ejes centrales del gobierno nacional parecían ser la promoción y prevención, y mejorar las condiciones de la atención en salud en la ruralidad nacional. El proyecto fue calificado desde muchos sectores como un formalismo y “más de lo mismo”, sin que se avizoren en él las fórmulas para cambiar las condiciones sanitarias de la ruralidad colombiana.

Y calificarlo de “formalista” responde a que la resolución busca cumplir el Numeral 1.3.2.1 de los acuerdos para la terminación del conflicto que establece la responsabilidad del gobierno nacional de promover el desarrollo rural del país, dentro de lo que se incluye implementar un Plan Nacional de Salud Rural. Además de este mandato, el Ministerio de Salud trae dentro de los considerandos que justifican la creación del PNSR dos argumentaciones normativas más. La Resolución 2626 de 2019 que crea el Maite y la Ley 1751 de 2015 que señala como deber del estado garantizar la disponibilidad de servicios para toda la población en el territorio nacional, “en especial, en las zonas marginadas o de baja densidad poblacional”.

Lo que resulta por lo menos triste es que el país necesite un plan especial para atender la salud rural, siendo este un reconocimiento explícito de muchas de las críticas producidas durante años a un sistema que se desarrolla solo en torno al mercado y no de las necesidades de las personas en sus territorios de residencia. Lo esperanzador podría ser que el gobierno reconoce estas falencias cuando indica en el texto de la propuesta de resolución que lo que se busca es: “cerrar las brechas urbano-rurales en términos de cobertura, acceso, oportunidad y calidad”, aunque la preocupación resurge cuando afirma que también persigue: “hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud de las personas, familias y comunidades de las zonas rurales de Colombia, … para así lograr mejores resultados en salud y cerrar la respectiva brecha urbano- rural” con lo que se reconoce que luego de 26 años del SGSSS la igualdad entre los ciudadanos en salud, no se ha alcanzado.

Más de lo mismo

Los enunciados genéricos son la constante en el texto de la resolución. Fortalecer la infraestructura y las redes integrales de prestación de servicios, tener disponibilidad del talento humano en las zonas rurales, aunar esfuerzos intersectoriales para mejorar la salud materno infantil, promover el auto cuidado de la salud, sin embargo el proyecto no da directrices claras de cómo lograr estos objetivos y lo deja más a las decisiones que tomarían de manera mancomunada las autoridades territoriales de la mano de sus comunidades.

Considerando que las zonas rurales se enmarcan en características particulares, el proyecto señala que se tendrá un enfoque diferencial para el abordaje de la salud de estas poblaciones, sin embargo la generalidad parece de nuevo ser la guía: se debe tener un enfoque de género, de priorización de niños, niñas y adolescentes, en el envejecimiento y la vejez, de inclusión social de las personas con discapacidad, de protección y garantía de los derechos de la población de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, y un enfoque étnico y de adecuación intercultural de las intervenciones cuando se trabaje con comunidades o grupos étnicos reconocidos, condiciones estas que si se miran con un poco de detenimiento, deberían ser de todo el sistema de salud.

Una situación similar se observa frente a lo que la resolución denomina: “Construcción e implementación de un Modelo Especial de Salud” y que en esencia consiste en la misma estructura de aseguramiento basado en EPS, sin ninguna condición especial que permita pensar que se cerrará la brecha salud urbana-rural, o que responda a las características particulares de la población rural.

Este modelo especial incluye: “Aumento la cobertura del aseguramiento en la zona rural (para esta ampliación del aseguramiento ya se había expedido el decreto 064 de 2020), fortalecimiento de la oferta de servicios de salud en el campo colombiano, fortalecimiento de la infraestructura, formación y gestión del talento humano en salud, conformación y fortalecimiento de redes integrales de prestadores de servicios de salud, estrategias de priorización en salud pública para el posconflicto (tema sobre el cual no se señala como lógrarlo o con que estrategias), salud materna y salud infantil (tema para el que existe normatividad especifica), seguridad alimentaria y nutricional, rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición, atención integral al consumidor de drogas ilícitas, promoción de la salud y prevención de las enfermedades relacionadas con los determinantes sanitarios y ambientales (frente a lo cual la noma de los presupuestos máximos señala que no saldrán recursos del sector salud), enfermedades Transmitidas por Vectores, diseño e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación.

Ahora bien, aunque el modelo se basa en la figura del aseguramiento, la resolución no plantea como responsabilidad de las EPS ninguna más allá de las actuales, con lo que se hace difícil suponer que la forma como se ha manejado la salud en el campo vaya a tener variaciones por lo menos desde la funciones de las aseguradoras. La resolución propone como responsabilidades de las EPS: caracterizar la población afiliada, definir los grupos de riesgo, participar en la adopción y adaptación del PNSR en el territorio, diseñar y hacer operativa su Red Prestadora de Servicios, vincularse y participar en los mecanismos de articulación territorial de salud pública para gestionar el riesgo en salud de la población en el territorio, participar y apoyar en la organización y operación de los servicios de salud bajo la estrategia de APS, adoptar las RIAS, elaborar estrategias de disminución progresiva de barreras de acceso, entre otras similares.

Para los entes territoriales las responsabilidades se centran en acciones de articulación, coordinación, promover acciones, diseñar lineamientos, actualizar los Análisis Territoriales de la Situación de Salud (ASIS), desarrollar capacidades, y un largo etcétera que se asemeja a las funciones de las IPS y de las mismas comunidades.

Otro elemento crucial que no muestra mucha variación es la financiación de lo que sería el PNSR para la cual la resolución señala fuentes ya existentes que vienen siendo ejecutadas también en salud, como los giros del PGN para salud, los recursos del aseguramiento, los recursos habituales del sistema de regalías; como novedad aparecen los dineros provenientes de cooperación internacional, sin embargo el mismo texto de la resolución señala que será a voluntad de los donantes: “Diversos socios de la Banca Multilateral, el Sistema de Naciones Unidas y países, así como organizaciones privadas podrán hacer contribuciones técnicas y/o financieras”.

Una preocupación final es el plazo que se plantea para implementar el PNSR, el año 2031 sería la meta, con lo que en otras palabras se dejan once años de margen para atender un tema que para millones de personas es prioritario.

Un verdadero plan de salud rural

Ante las inconformidades manifestadas frente a la propuesta de resolución, un grupo de congresistas trabajan en la presentación de un proyecto de ley, de carácter superior a una resolución, que realmente establezca un sistema para atender en salud a la ruralidad colombiana.

Países como Brasil, o el mismo Estados Unidos, cuentan con programas de salud rural que se encaminan a solucionar problemas de distancias, de equidad en el acceso, de disponibilidad del talento humano, y es así como abordan aspectos como el transporte aéreo o fluvial de pacientes, la telemedicina, capacitación al personal asistencial e incentivos salariales para su ´permanencia en territorios alejados, aspectos que la propuesta del gobierno no considera en ninguno de sus artículos.


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