MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 286 JULIO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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A pocos días de concluir el gobierno de Iván Duque y con la expectativa de un cambio que se ha promocionado como radical, los balances en cada una de las áreas y sectores que abarca ese concepto gigante de lo que es la “economía nacional” no se han dejado esperar.
Para el caso del sector salud, donde los elementos de análisis se subdividen en dos grandes bloques: los sanitarios y los económicos, se puede decir que estos cuatro años dejan sinsabores que no pueden camuflarse tras los evidentes logros y avances.
Medios internacionales han elogiado en las últimas semanas la gestión del Ministerio de Salud en el manejo de la pandemia, e incluso el ministro Fernando Ruiz ha entrado con fuerza en el sonajero para ser nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud, reconocimiento a una labor que si tuvo un elemento general que la marcara, fue la resiliencia a las críticas y el empeño para sacar a todo el país de una emergencia no vista en lo corrido del siglo XXI, suficiente mérito para pasar a la historia.
Sin embargo, no todo es color rosa. Al principio del gobierno de Iván Duque la gran promesa de campaña era solucionar la enorme cartera del sector, y todo indicaba que se podría lograr cuando se lanzaron programas como el Acuerdo de Punto Final, y luego con la estrategia de precios máximos, de techos para los recobros y presupuestos máximos, las soluciones parecían tener una integralidad que llevaría a la sostenibilidad del sistema. La ilusión no se cumplió y actualmente la deuda de las EPS con los hospitales públicos y privados del país continua siendo gigante, agobia a los prestadores, preocupa a los analistas y limita la calidad en la prestación de los servicios.
La depuración de EPS prometida durante la campaña se cumplió, incluso superando lo que la mayoría pensaba, pero sus beneficios son parciales, ya que si bien los afiliados a las aseguradoras con indicadores que mostraban que no tenían forma de garantizar su salud, fueron trasladados a otras con estructuras más sólidas, el traslado masivo afectó a las EPS receptoras que vieron desbordadas su capacidad de atención, pero además generaron un mayor desequilibrio financiero en la medida que descubrieron la insuficiencia de la UPC entre otras razones por la carga de enfermedad con que venían muchas de las personas transferidas.
La otra consecuencia negativa de esta depuración es la afectación sobre los prestadores, en la medida que no se encuentra amparada en un fondo, u otra estrategia real, que garantice el pago de las deudas una vez ordenada la liquidación. Las deudas ya antiguas de muchas EPS que subsisten, así como los comunicados escuetos donde los agentes liquidadores simplemente declaran el agotamiento de los recursos para pagar los saldos pendientes, son irresponsables frente a unos prestadores que terminan siendo quienes apalancan el sistema y asumen las pérdidas.
Y esto no significa que no se deba actuar de manera drástica con quienes no cumplen las condiciones del SGSSS, lo que se cuestiona es la falta de oportunidad en la toma de decisiones, y la falta de integralidad que desde la normatividad debe existir para poder evitar que las falencias de un actor, traiga consigo una crisis financiera que termine impactando en los demás actores del sistema y que, además puede profundizarse con el pasar de los años.
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