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Responsabilidad civil: un compromiso propio

De: Daniel Correa Parra
elpulso@sanvicentefundacion.com

Dentro de los temas importantes que rodean la esfera del sector salud, hay uno específico que necesita ser entendido, asimilado e interiorizado en todas las comunidades hospitalarias. Se trata de la responsabilidad civil, asunto para observar con el máximo detenimiento debido a las consecuencias que puede traer el no cumplimiento de las normas de la actividad asistencial y del protocolo establecido.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la responsabilidad civil: “es la obligación económica que resulta como consecuencia de la negligencia u omisión en el cumplimiento de las normas en salud ocupacional de parte del empleador. Es ejercida por la justicia ordinaria por medio de la cual un juez de la República define una indemnización de daños o perjuicios al trabajador y/o familiares cuando exista culpa suficientemente comprobada”.

Riesgos en las actividades de la salud

En relación con el tema, el abogado, Luis Eduardo Rodríguez, menciona cuales son las disposiciones y a lo que se está enfrentando actualmente el personal de la salud; en primer lugar en el enfoque a la protección de la persona, define los derechos de estas como ‘personalísimos’ y desataca a la persona como inviolable y protegida en cuestión de su dignidad, su cuerpo y su nombre; por lo anterior, “la responsabilidad civil centra su mirada en la ‘víctima’, y esta concentración es la que ha hecho cambiar la carga de la prueba en la profesión médica”, aclaró.

Es aquí donde el profesional en la salud debe entrar a defender cuando el paciente lo ataca, porque “para el juez el paciente tiene la razón, hasta que el médico demuestre lo contrario”, apuntó, Rodríguez.

Otra situación a la cual el abogado hace referencia y sobre la que llama especialmente la atención es la prescripción, donde existe una forma del código de liberar obligaciones por dos razones: por el simple trascurso del tiempo y por la inactividad del acreedor. Asimismo, indica que el profesional que sea juzgado solamente queda liberado de algún acto 10 años después, siempre y cuando no esté actuando con personas que tengan imposibilidad absoluta de hacer valer sus derechos, caso en el que no se cuenta el tiempo de prescripción (incapaces absolutos) y se suspende a favor de ellos la carga de la responsabilidad hasta que salgan de ella.

Frente a los “incapaces relativos” - los menores de edad -, y que se curan con el tiempo, la norma es diferente: “si alguien le hace un daño a un niño recién nacido, para él no empieza a contar la prescripción en ese momento (está suspendida), pero cuando el niño cumple 18 años de edad, empiezan a contar los 10 años”, explicó, Luis Eduardo Rodríguez.

Por otro lado, expresa que la relación entre el profesional en salud y el usuario genera una obligación de medio, no de resultados, es decir, la función del profesional es únicamente aplicar todo el conocimiento en beneficio de la salud del paciente e informar al usuario del uso de todos los medios que conozca la ciencia médica de manera global y actualizada.

Es preciso indicar que el Consejo de Estado considera a la actividad médica como una relación jurídica compleja y expresa que para librar responsabilidad de los médicos se deben analizar los procedimientos realizados de manera integral y no aislada. El acto médico aparece en los denominados deberes secundarios de conducta, donde hacen alusión a la debida elaboración del diagnóstico de información y a la elaboración de la historia clínica.

La importancia de las pruebas liberatorias

Un elemento de vital importancia para enfrentar el tema de responsabilidad civil, es utilizar y conservar las pruebas liberatorias: la historia clínica y el consentimiento informado, como protección y prueba del médico. Estos dos requerimientos se deben llevar de manera responsable y consciente para poder registrar todos los detalles (evoluciones, recaídas, procedimientos) para después contar respuestas frente a los argumentos del paciente en caso de un inconveniente legal.

Según Rodríguez, las acciones relacionadas con “diagnósticos, procedimientos, tratamientos y riesgos deben ser soportados en el consentimiento informado de manera escrita”, igualmente, reitera que el paciente debe saber de qué se trata lo que está consignado en este documento, al igual que debe estar enterado de lo que va a suceder con su estado de salud y las consecuencias que pueden tener los tratamientos que requiere.

Vale la pena recordar que la historia clínica es un documento privado y personal del paciente, donde se registran cronológicamente sus condiciones de salud; según Luis Eduardo Rodríguez, la información que está en este documento la pueden conocer: el usuario, el equipo médico, las autoridades judiciales, y demás personas determinadas en la ley, para fines de médicos o material investigativo; no obstante, si el paciente autoriza por escrito que otra persona (familiar, pariente, amigo) lea su historia clínica, se considera como lícito.

Por su parte, el profesional de la salud debe reservar y no divulgar la información, dicho de otra manera, debe mantener el secreto profesional de todo lo que haya visto, oído o comprendido y que no es ético ni lícito revelar; en caso de que se incumpla este compromiso, se cataloga el hecho como un delito o falta de moral que podría repercutir en penas desde tres meses a un año de cárcel y a la destitución profesional.

En conclusión, el profesional de la salud es el primer responsable de su seguridad, puesto que, si es correcto al ejercer su profesión y sigue los protocolos con las prácticas idóneas, y con las pruebas liberatorias requeridas, se encontrará respaldado y asegurado frente a los diferentes riesgos que conlleva la relación con el paciente.


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