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A pesar de cuestionamientos, PND avanza en el Congreso

Redacción EL PULSO
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Es posible que el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno nacional para estudio por parte del Congreso, y aprobado en su primer debate, tenga propuestas positivas para algunos sectores del país, es más, es probable que contenga buenas intenciones para enfrentar problemas de la nación, pero en el caso de la salud, los analistas coinciden en que son más los elementos negativos y en el mejor de los casos las buenas intenciones están formuladas en forma tal que los remedios pueden resultar peor que la enfermedad.

Frente a uno de los aspectos considerado como positivo, el fortalecimiento de la Supersalud y las competencias para controlar las ventas de las EPS, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo ha señalado que el PND no solo debe fortalecer las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud sino mostrar resultados desde el punto de vista del acceso, de la cobertura, de la calidad, del financiamiento, de la no utilización de estructuras administrativas para hacer intermediación con la UPC. Consultado ante la expectativa de lo que será lo aprobado y la posibilidad de que sea lesivo para la salud de los colombianos, el procurador manifestó que su entidad podría tomar las medidas jurídicas necesarias.

Por su parte el Representante a la Cámara por el departamento de Caldas por el partido liberal y miembro de la Comisión Séptima, José Luis Correa, considera que en general el proyecto de PND se siente elaborado como una colcha de retazos, sin un norte claro: “parece que cada ministerio hubiera elaborado fragmentos y después alguien los hubiera unido. El proyecto no tiene una línea articuladora”. En el caso de la salud, el representante llama la atención sobre el artículo 112 que posibilta que los profesionales especializados hagan prácticas, lo cual para el sector salud sería pésimo ya que universidades con sus propios hospitales podrían pensar que dentro de su pensum la práctica obligatoria para sus residentes sea un elemento para poderse graduar, lo que está posibilitado en el artículo 112.

En cuanto al acuerdo de punto final, consignado en el artículo 133, Correa llama la atención sobre el hecho de que las deudas caducas no sean incluidas dentro de los pagos, y se pregunta: “¿qué definen como, deudas caducas? Porque desde la entrada a la OCDE y los nuevos sistemas financieros y de tributación, se habla de deudas caducas incluyendo a la cartera de difícil recaudo y de hecho esa cartera ha tenido una leve disminución no porque las EPS hayan pagado sino porque se caduca la cartera, y se hace un castigo progresivo ante la dificultad para recuperarla, entonces lo que está haciendo el PND es premiar la ineficiencia, y peor premia el no pago, entonces cual es el mensaje que se envía dentro del sistema de salud”.

Pero lo más preocupante para el representante Correa es que el PND vende un sofisma de distracción al manejar la idea de que lo que tiene quebrado al sistema es lo NO PBS, que oscila entre 1.5 y 3 billones de pesos en deudas, y que hay que sanear, pero se deja de lado el peso que tiene la deuda de las EPS con los prestadores públicos y privados que está entre los 8 y 15 billones de pesos, o sea 10 veces más que la deuda por NO PBS, y lo más preocupante es que el problema se puede profundizar ya que el proyecto atenta contra el giro directo abriendo una gran brecha y terina beneficiando la ineficiencia y la costumbre del no pago.

Por su parte, el también representante a la Cámara por Antioquia Jorge Gómez por el polo democrático, lamenta de entrada que las proposiciones aprobadas en la Comisión Séptima para solicitar ser estudiadas en el primer debate del PND no fuera incluida ninguna, pero que además se den retrocesos como la eliminación de la obligatoriedad del giro directo, que si bien no es la solución definitiva, si alivia en algo la situación de los prestadores. La demostración de que la intención del gobierno es acabar con esta herramienta es que en el artículo final del PND donde se derogan normas contrarias, se deroga el decreto que ordena el giro directo.

Otra crítica del representante se da frente a la propuesta de ley de punto final, ya que a su juicio lo planteado alivia financieramente a las EPS e intermediarios pero no da ninguna garantía de que los recursos de crédito público allí determinados para pagar algunas deudas a los aseguradores, lleguen a los prestadores.

Más voces del Congreso

Para la Alianza Verde, el PND plantea cuatro propuestas estructurales que impactarían negativamente el bienestar de los colombianos. El Piso Mínimo de Protección Social, la promoción de los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), el reajuste de pensiones y la “solidaridad en el sistema de Salud”. Frente al piso mínimo en la ponencia negativa presentada por la Alianza, se indica que básicamente es una nueva forma de vinculación laboral que permite la contratación por debajo del salario mínimo y sin garantías laborales y plantea el cubrimiento de la seguridad social a partir de la vinculación de salud en el régimen contributivo, y “cubrimiento pensional” a partir del pago a BEPS a cargo del empleado. “Esta iniciativa, con la buena intención de llegar al grueso de la población trabajadora de Colombia en la informalidad, permitiría la contratación laboral sin garantías y, además, incentivaría que muchos empleadores la consideren como ideal para sus negocios.

En cuanto al sistema de Salud, la Alianza cuestiona que en el acceso al régimen de salud subsidiado, se plantea que las personas deban contribuir con un pago acorde a sus capacidades. En las bases del PND, se expresa que el Gobierno nacional plantea obtener una recaudación a partir de esta figura de $750.000.000 COP, recaudo que por definición lo pagarían las personas más pobres. El problema central es que para definir quienes pagarían se utilizaría el SISBEN que abarca, por definición, diversos los componentes que caracterizan la pobreza y, en este orden, trasciende a la generación de ingresos.

Otros cuestionamientos de esta bancada del Congreso en relación con la salud señalan que “resulta cuestionable que de forma transversal, en el PND se perpetúa y consolida un sistema de salud basado en la atención a pacientes en estado de enfermedad en lugar de prevenir la ocurrencia de la misma, lo que es perverso tanto para la salud de los colombianos como para las finanzas del sector salud. Por una parte, se plantea que los recursos del Sistema General de Participaciones tengan una destinación específica en la cual el 10% estaría destinado a subsidios a la oferta y salud pública, y el 90% estaría destinado para el componente de aseguramiento en salud de los afiliados al RS. Ahora bien, dada la heterogeneidad de los territorios, hay contextos que demandan una modificación a esta asignación porcentual. Es necesario contar con destinaciones más abiertas o al menos con una estructura de mínima cuantía donde los recursos de la salud pública sean garantizados.

También cuestiona la “Ley de punto final” para el saneamiento “definitivo” de las obligaciones tanto por servicios prestados no financiados con la UPC, y las cuentas no financiadas por la UPC del régimen subsidiado y hasta ahora con cargo de las Entidades Territoriales. “Resulta preocupante que el PND se centre en pagos en lugar de verdad, justicia y reparación para el sistema de salud. Así, tampoco se plantean mecanismos para que las deudas financieras del sistema, no se generen nuevamente durante el presente u otros períodos legislativos”.


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