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Prestadores públicos se sienten en la cuerda floja

De: Redacción EL PULSO
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Que sea solo el Ministerio de Hacienda quien realice el seguimiento a los planes de saneamiento fiscal y financiero de los hospitales públicos es una amenaza para su continuidad, así lo han señalado gerentes de las Empresas Sociales del Estado de todo el país y agremiados en Acesi.

El proyecto de PND que cursa en el Congreso de la República propone que todo el proceso de categorización de riesgo de las ESE y el seguimiento a los posteriores planes de salvamento queden bajo el manejo del Minhacienda con lo que cualquier consideración sobre el papel social de estas entidades perdería peso a la hora de determinar su liquidación, pero además, de ser aprobado el proyecto, las empresas sociales del Estado pasarían a Ley 550 bajo con una gran posibilidad de liquidación por parte de la Superintendencia de Salud.

Como si hasta ahí el asunto no fuera preocupante, el proyecto de PND complementa el panorama con una propuesta para que los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para salud, se trasladen a financiar el mejoramiento de infraestructuras pública, pero para ser operadas por terceros, en otras palabras, se fuerza la liquidación pasando el control de los planes de salvamento a una entidad que privilegia los resultados financieros por sobre otra cualquier consideración, se deja la responsabilidad de liquidar en la Supersalud, y se destinan recursos para arreglar los edificios para ser entregados a privados.

En ACESI la sensación es de desconcierto y más cuando al principio del gobierno del presidente Iván Duque, el ministro de Salud Juan Pablo Uribe Restrepo colocó como uno de los pilares para su gestión de estos cuatro años salvar a la red pública hospitalaria, lo que nunca aclaró el ministro fue como lo haría.

Para el presidente de Acesi, doctor Luis Alberto Martínez, el articulado que entró para ponencia a plenarias mantiene un enfoque economicista del SGSSS y se dedica a cuidar el negocio de los agentes sin avanzar en el cuidado integral y la garantía del derecho a la salud. “Hay una regresión disminuyendo las garantías de la población, por ejemplo del régimen subsidiado quienes verán aumentadas las barreras de acceso por cuanto se plantea que deberán comprar micro seguros para que, en condiciones de siniestralidad, acudan al seguro, pero además plantea unos subsidios parciales supuestamente para hacer una depuración de los pobres, pero en el fondo se crean nuevos negocios para los aseguradores, se aumentan las transacciones en el sistema y las barreras de acceso”.

El doctor Martínez también llamó la atención sobre la disminución de los recursos del subsidio a la oferta del SGP: “hoy está entre 800 mil y un billón de pesos y allí habría una reducción de 800 mil millones de pesos. Con un agravante y es que de esos dineros se pagan las atenciones de las personas sin seguridad social, que en Antioquia por ejemplo son alrededor de 450 mil personas, pero además con esos recursos se financian los aportes patronales de los hospitales públicos, y con esta reducción se limita la capacidad de que las ESE puedan vincular al talento humano en sus plantas de personal, y yendo en contravía de la sostenibilidad financiera de los hospitales, aumentando su crisis hasta verse abocados a más reestructuraciones, despidos de personal y menos capacidad operativa para mejorar el cuidado de las personas”.

En cuanto al acuerdo de punto final el presidente de Acesi lo califica como un “acuerdo de punto parcial” en la medida que el gobierno haría un esfuerzo para pagar deudas con las EPS causadas por prestaciones no incluidas en el PBS, y las de los entes territoriales con ocasión de lo no PBS del RS, pero deja por fuera la enorme cartera que se tiene con los hospitales privados y públicos del país y provenientes de lo que si está incluido en el POS”.

El otro riesgo que señala Acesi, y que afecta tanto a prestadores públicos como privados es la modificación en el funcionamiento del giro directo, que hasta ahora se ha planteado como obligatorio en ambos regímenes, pero en la ponencia se convierte en opcional al decir que la Adres “podrá” hacer el giro directo. “Esto es muy lesivo para la red hospitalaria pública y privada, pues hoy el giro directo es obligatorio para el régimen subsidiado (es lo poco que ingresa regularmente a los prestadores) y en régimen contributivo también es obligatorio para EPS que están en vigilancia especial, donde se debe girar directamente mínimo el 80% de la UPC. De aprobarse este cambio, se profundizará la crisis”.

Igualmente hicieron referencia a la reducción sustancial al subsidio de oferta. “No podemos olvidar que el sector tiene una gran deuda con las zonas alejadas y dispersas en temas de salud pública y que hoy en día están emergiendo varias enfermedades transmisibles por la baja gestión de trabajo a nivel de intervenciones colectivas, situación que debe ser mejorada por las entidades territoriales con la oportunidad en la contratación, pero igualmente, con recursos suficientes para las actividades que deben ser realizadas en coherencia con el fortalecimiento de un modelo centrado en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad”.

Así las cosas, los hospitales públicos se han manifestado altamente preocupados y solicitan al gobierno nacional la intención del principio del Gobierno del presidente Duque de salvar a la red pública hospitalaria del país.


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