MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 119  AGOSTO DEL AÑO 2008    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Una “PILA” de
problemas para la salud
Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

El bloqueo de la calle 26 en Bogotá por miles de personas a principios de julio para protestar contra la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), la inconformidad general de los usuarios, las fallas señaladas por Procuraduría, una sentencia de la Corte Suprema, el alud de tutelas y el sentido común, dicen a las claras que pese a las buenas intenciones, los problemas de la PILA no son sólo logísticos, sino debilidades estructurales del sistema de salud.
Pese a todo, el Consejo de Estado decidió mantener la PILA, ante la demanda de nulidad instaurada por el ciudadano Ferney Salinas, quien cuestionó su constitucionalidad por violar los derechos a la vida, la igualdad y la salud.
Dos magistrados del Consejo de Estado conceptuaron a favor del demandante y dos en contra, ante lo cual un conjuez dirimió el empate, el gobierno ganó por penaltis y la salud perdió con buen fútbol.
A punto de vencer el término legal de un mes para saber la suerte final del proceso, que ahora estudia el presidente de la Sección Primera del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, el demandante mantiene su postura según la cual la decisión es más política que jurídica, pese a la larga sustentación del conjuez. Dictaminó éste que la carga adicional de cotizar a pensiones no la impuso la norma demandada (resolución 364/06) sino el decreto 3667/04, negó que hubiese violación flagrante de la Constitución, extralimitación de funciones del Ministerio de la Protección Social e imposición de cargas adicionales, e invocó la existencia de tributos con fuente legal, la obligatoriedad de afiliación a pensiones y el vínculo de éstas con la salud en materia de seguridad social, entre otros argumentos.
Al tiempo, el tribunal rechazó la solicitud de aplazar la norma de la Procuraduría General de la Nación, un día antes de la decisión del conjuez. El Ministerio Público sostiene su criterio según el cual “resulta contrario a la ley el gravamen que pretende imponer un costo al usuario, cuando estos en virtud de la ley de seguridad social no pueden tener otra carga económica diferente a la cotización o aporte en la cobertura de cada riesgo”.
Del fallo definitivo penden la salud y la vida de 650.000 trabajadores independientes. El gobierno le sigue apostando al control de la evasión y elusión de aportes, al engorde de bases de datos y a la liquidez del Sistema por incremento del recaudo general. Premisas justas sin duda, en un sistema equilibrado que garantice el acceso universal a la salud y la operatividad de la norma, sin detrimento de la satisfacción del derecho. Pero aquí vienen los problemas: la puesta en vigencia intempestiva, sin logística articulada ni suficiente, y sin prever los efectos en el acceso a la salud de más de medio millón de colombianos, puso al desnudo las inconsistencias de la medida y las fallas estructurales de un sistema de seguridad social alejado de un enfoque humanista.
El Plan de Choque
Con el espaldarazo del Consejo de Estado, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y otros funcionarios, no cesan de cantar victoria y de señalar los problemas de la PILA como simples fallas logísticas u operativas. La física incapacidad de tantos compatriotas para pagar salud y pensión a la vez, es para el Ministro algo normal en un proceso de transición y confió en que agosto tendrá menos traumatismos.
Como en otras coyunturas, el gobierno respondió a un mal de fondo con el consabido “plan de choque”, que es más un operativo contra-incendios que un remedio sustancial. Sus medidas: habilitación de sedes del Sena y Bienestar Familiar como puestos de ayuda a los usuarios, línea telefónica nacional que no sale de su infarto, red de operadores que dispondrán 50 puntos adicionales en el país con personal en 'call center', y revisión con la Asobancaria del valor que cobran los operadores por diligenciar la planilla. A propósito, la presidenta de la entidad, María Mercedes Cuéllar, desmintió denuncias de que muchos bancos exigen entre $2.500 y $6.000 pesos por el trámite, pero persisten las quejas.
El ministro Palacio admitió como mayor preocupación la poca información dada al país sobre el nuevo sistema, pero las soluciones oficiales aún no muestran congruencia con el tamaño del desorden introducido. A principios de julio decía que aún era muy reducido el número de personas comunicadas con los operadores para recibir asesoría, pues la mitad de las llamadas buscaban respuesta a preguntas básicas sobre el sistema de seguridad social. Claro: el sistema no funciona en su conjunto, verdad insoslayable que elude el Ministro, hablando de detalles técnicos, como que el porcentaje de llamadas que terminó en liquidación de PILA bajó de 80% a 20% entre la primera y la segunda semana de julio y que el tiempo promedio de comunicación subió de 6 a 12 minutos.
Ante la problemática central de la PILA, la socio-económica, el Ministro dijo en Medellín que quienes notifiquen esta insolvencia y el Estado la verifique, quedarían exentos de su pago. No obstante, uno o dos días después, en jornada didáctica por televisión, el funcionario resolvió el problema de modo olímpico: quienes no tuvieren capacidad de pago para pensiones, podrían cancelar esta obligación mediante la ayuda de un familiar o un amigo. Como quien dice, si usted no tiene con qué pagar, muy fácil: ¡consiga!
Ahora toca esperar que al menos se cumpla la promesa ministerial de que las EPS no negarán atención en salud, ni nadie será retirado del sistema de salud por el retraso temporal en estos pagos. Pero el gobierno fijó inicialmente el mes de julio para ponerse al día todos los independientes, y la paquidérmica infraestructura tecnológica no guarda proporción con la magnitud del problema. Toca además llenarnos de optimismo, a ver si es cierto que no se cobrarán intereses de mora por estos retrasos.
¿Si será verdad...?
En el mar de unanimismos y facilismo conceptual que nos invade, son rescatables la posición enhiesta del Ministerio Público que frente a la norma alcabalera sigue invocando las “razones de interés público”, lo mismo que las opiniones discrepantes de prensa.
Cuando el viceministro Técnico, Carlos Jorge Rodríguez, anunció como gran cosa que mediante la Planilla, los aportantes obtendrían su historia laboral actualizada (vieja obligación del ISS y fondos de pensiones) y pidió no dejar la diligencia para último día y evitar así las aglomeraciones, la columnista de El Espectador, Maria Elvira Bonilla, lo cuestionó por “minimizar el abuso con la gente” y por “tomar decisiones desde el podio de la tecnocracia”. Y habló de la inviabilidad tecnológica en un país donde del millón 400 mil conexiones a internet, 60% están concentradas en Bogotá y el resto lo tienen otras 4 grandes ciudades y algunas intermedias.
Por su parte, el redactor de economía y negocios de El Tiempo, Christian Pardo, aludió a las “5 estaciones del viacrucis de los independientes”: 1) Infraestructura insuficiente de atención al público. 2) Falta de campaña previa de socialización de la PILA. 3) Frustración de pagos por baja confiabilidad de internet y deficiente manejo. 4) No preparación de los portales de los bancos para absorber el volumen de operaciones y saturación de las planillas. 5) Falta de claridad del modelo, donde usuarios que ganan un salario mínimo o menos tienen clara la obligación de pagar, pero no con qué.
El Ministerio Público investiga
Ante el desacato a las observaciones hechas al gobierno, la Procuraduría prosiguió el proceso disciplinario para determinar qué funcionarios omitieron sus observaciones sobre los riesgos operativos y de atención al ciudadano en la adopción de la PILA, y solicitó a las entidades competentes medidas necesarias y urgentes para evitar la causación de intereses o pérdida de tiempos de servicios que afecten el reconocimiento de prestaciones por el pago inoportuno. La Defensoría del Pueblo pidió regresar al sistema anterior con recaudo directo en los bancos, en medio de un alud de tutelas por la insolvencia de muchos colombianos, ahora entre la espada y la pared.
La Corte, el Congreso y la Supersalud
Al señor Israel Acero, quien convive con el sida desde 1998, le negaron una tutela, ante la dificultad de cotizar pensión a la EPS Colmédica. La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 19 de junio/2008, ordenó a la EPS, Ministerio de Protección - Fosyga (o “Banco de la Seguridad Social”), coordinar las acciones necesarias para continuar con el servicio de salud “sin exigirle la carga adicional de cotizar por pensiones”, hasta tener un mecanismo definitivo con el cual “no sea obligatorio cotizar para pensiones”.
Para el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, Milton Rodríguez, el Ministerio de Protección debe responder por las fallas logísticas del sistema, bien intencionado para evitar el fraude, pero con problemas como la inoperancia de call center y de las páginas web de bancos para este propósito. El superintendente de salud, Mario Mejía, apoyó la PILA por ayudar a controlar la evasión y elusión de aportes a la salud, y a la mejoría de las bases de datos del sistema, pero observó que pese a los retrasos en el pago de aportes, las EPS sólo pueden suspender los servicios al mes de mora, previo aviso por correo certificado al cotizante o beneficiario.
No hay PILA que ponga a andar la desgastada maquinaria del sistema de salud en Colombia, donde el drama del trabajador independiente es: ¿Cómo cotizar a salud y pensión y no morir en el intento? .
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