MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 124   ENERO AÑO 2009    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co

 

Para más claridad en
lo fundamental

Muchos comentarios se han generado a partir de la Sentencia T-760 de la Sala Segunda de la Corte Constitucional, por cuanto se pronunció frente a aspectos económicos de la prestación del servicio de salud. Y el tema económico es fundamental en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues para nadie es extraño después de 15 años de vigencia de la Ley 100, que más que una norma social, dicha Ley es una norma de orden económico, que se puso por encima de lo social: una prueba más de esta afirmación, es la sentencia en mención.
Nuestra Carta Constitucional en el artículo 48 define la Seguridad Social como un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección coordinación y control del Estado, y dispone que el Estado, con participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social.
Ahora bien, el artículo 49 de la Constitución dispone que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud; también, este mismo artículo le asigna al Estado la tarea de establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer la vigilancia y control.
En desarrollo de estas normas, la Ley 100 crea las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio, que tienen fines de lucro y por ello deben generar utilidades para sus socios, en ejercicio del derecho constitucional a la libertad de empresa. En este orden, la dificultad se da en la necesidad de conciliar estos dos intereses: de una parte, la atención en salud de la comunidad, y de otro, las utilidades de las empresas que administran los planes de beneficios, sin dejar de mirar que los prestadores, como últimos en la cadena, son quienes soportan la responsabilidad de la atención y asumen el riesgo del no pago.
¿Qué es entonces lo nuevo de la sentencia?
Pues simplemente que ratifica lo tantas veces reconocido por los jueces: que la Constitución garantiza el acceso a servicios de salud de manera integral, a todos las personas; que el sistema de salud es uno, y para todo el país, y que la tarea de aseguramiento corresponde a las EPS. Todo esto fundamentado en juiciosos argumentos jurídicos, ineludibles para las sentencias que el juez constitucional proferirá a futuro.
Otro tema de vital importancia es aquel que se refiere a la obligación de las entidades estatales de “guiar su actuación hacia el logro de los cometidos particulares propios del sistema: la promoción de condiciones de vida dignas para todas las personas, y la solución de las desigualdades reales que se presentan en la sociedad con miras a instaurar un orden justo”. Esto no significa que el derecho sea ilimitado, y así lo reconoce la Corte en muchas sentencias, donde negó atenciones solicitadas por los ciudadanos.
Y tal vez lo más importante, es la serie de “tareas” que la Corte asigna a organismos de control del Estado y la obligación del mismo a dar trámite oportuno a la asignación de recursos y cancelación de obligaciones derivadas de las sentencias de tutela, entre otras.
Es evidente que las normas jurídicas, sin que exista quien las haga cumplir, son inoficiosas. En buena hora esta sentencia hace claridad sobre estos temas fundamentales para el sistema de salud, pero especialmente para la población que en última instancia es quien sufre de las inconsistencias del sistema y la inequidad del mismo.
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