MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 136  ENERO DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

“La democracia va desnuda. Pero, además el sistema democrático está enfermo, hay que exigirle a los políticos que por lo menos, en todo momento nos digan la verdad…”.
Saramago
En la polémica recientemente instaurada en Colombia sobre la posición del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, acerca de la prohibición del uso de la anticoncepción de emergencia, la frase de Saramago viene como anillo al dedo.
La posición del Procurador toca un terreno decisivo en el que entran en contacto la ética, la verdad y la política.
No es ético aprovechar el poder para tomar decisiones fundamentales para el país con base en una mentira. Dice el jefe del Ministerio Público que la anticoncepción de emergencia se debe retirar del mercado colombiano, pues se trata de un método abortivo y el aborto sigue siendo un delito en Colombia.
A la luz del conocimiento científico actual, la Procuraduría parte de un concepto erróneo y por tanto le presta un flaco servicio al país, posiblemente para defender una posición religiosa fundamentalista como la de la Iglesia Católica frente a este tema trascendental. Miremos porqué:
Las comunicaciones iniciales explicaban el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia (levonorgestrel) basadas en hipótesis, ya que no se conocían resultados de estudios clínicos diseñados para tal fin. Entre las hipótesis esgrimidas estaban: interferencia con la ovulación, con la migración espermática, con el transporte del embrión y con la implantación del mismo. Con base en lo anterior, muchos países adoptaron el método para disminuir el número de embarazos no deseados y sus graves consecuencias sociales.
Hasta el año 2000 la iglesia católica y muchos sectores conservadores de la sociedad adoptaron la hipótesis de que la anticoncepción de emergencia interfería con la implantación del embrión y por lo tanto era abortiva. En los últimos años, ensayos clínicos controlados realizados en varios países, demostraron que el levonorgestrel altera el proceso ovulatorio, y en Chile el doctor Croxato por medio de experimentos bien diseñados, demostró que dependiendo de la cercanía a la ovulación en que se administra el levonorgestrel, suprime o desincroniza la ovulación. El mundo científico acepta este mecanismo de acción y al día de hoy, la hipótesis de que la anticoncepción de emergencia interfiere con la implantación, no tiene apoyo en la evidencia científica.
En nuestro país según investigaciones de la Universidad Externado de Colombia, el 50% de las gestaciones son no deseadas, y de ellas el 50% terminan en aborto inseguro con las consecuencias nefastas conocidas para la salud y la vida de las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo 120 millones de mujeres desea planificar y no consiguen los medios para hacerlo, en Medellín el 80% de las adolescentes de 15 a 19 años no planifican.
Si bien la anticoncepción de emergencia no es un método diseñado para uso rutinario, como su nombre lo indica, su indicación es disminuir de manera significativa el riesgo de embarazo luego de una relación no planificada, ya sea voluntaria o violenta como es frecuente en nuestro país.
Cuestión de derechos
La gestación adolescente es un grave problema de salud pública en Colombia: 26% de adolescentes antioqueñas ha tenido un parto, al sistema de atención en salud en nuestro país se accede por una relación contractual no por un derecho fundamental, y este es un factor contribuyente a la gestación temprana. Es bueno recordar al Señor Procurador que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos, que deben ser reconocidos, promovidos, respetados y difundidos por todas las sociedades con todos los medios, y el derecho a la intimidad, al placer y al goce del cuerpo sin riesgos reproductivos son algunos de ellos. Por tanto, debería ser responsabilidad misional de la Procuraduría General de la Nación, la promoción, la defensa de los derechos humanos, y entre ellos los derechos sexuales y reproductivos.
El artículo 19 de la Constitución establece que Colombia es un país laico, por tanto sería de esperar que cuando el jefe del Ministerio Público actúa lo hace a nombre de la Nación y no de un grupo religioso fundamentalista. Además, la posición del Procurador va en contravía de la política de salud sexual y reproductiva del país, que pretende atenuar severos problemas de salud pública como el embarazo adolescente y el aborto inseguro; y el compromiso de Colombia de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, obliga inclusive a las más altas dignidades del Estado, independientemente de su credo religioso.
Para Foucault, la parresía considerada como la capacidad de expresar nuestra opinión frente al poder, haciendo uso de la libertad, marca un terreno decisivo en el que entran en contacto la ética y la política.
La mentira no puede ser el arma para satanizar una intervención de prevención en salud como la anticoncepción de emergencia, que entre otras cosas se constituye en un paliativo a todas las formas de violencia que atentan a diario contra las mujeres en Colombia.
La política se tiene que nutrir de la verdad, pues no puede seguir haciendo carrera la frase: “Política es el arte de no decir la verdad” .

 

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