MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 136   ENERO AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co

 

¿Separación de poderes?

Jorge Luis Jiménez Ramírez - Abogado
Estamos presenciando en el diario vivir de nuestro país una permanente discusión sobre variados temas objeto de atención de diferentes órganos del Estado, que en razón del la importancia del mismo, pueden ser de interés de diferentes ramas del poder público.
Cabe entonces preguntar sobre la separación de los poderes del Estado, la autonomía, las facultades de unos y otros para intervenir en las materias que siendo de interés general, sirven para hacer presencia en las páginas de los periódicos, más que en una real solución a la problemática del ciudadano del común.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 113 establece que las ramas del poder público son la Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial, y anota que existen otros órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones el Estado.
El último párrafo de este artículo trae la esencia del mismo cuando dice: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.
La Corte Constitucional se ha referido en no pocas oportunidades a este tema y ha hecho claridad en el significado de esa separación, haciendo énfasis en que ésta no es absoluta y rígida, pues por encima de esta separación están los intereses de la Nación; esto hace necesario el control a las actuaciones de los órganos estatales y para ello se han definido procedimientos y jurisdicciones, a fin de ajustar a derecho estas actuaciones. Surge entonces la necesidad de acatar las decisiones judiciales para poner término al conflicto y dar seguridad jurídica a los asociados, y permitir así la vida en comunidad.
Las decisiones implican el reconocimiento del derecho a alguna de las partes en conflicto, y ello genera el descontento a de quien no es favorecido por la decisión, pero este descontento no puede generar la parálisis del país.
Frente a toda esta situación cabe preguntar: ¿Sí es de interés de quienes conforman estos órganos del poder público, el procurar la realización de los fines propios del Estado? ¿En la defensa de los ámbitos de actuación de unos y otros se está por la garantía de la estabilidad jurídica de la Nación, o por los intereses personales de los actores?
“A mayor regulación constitucional, menor será el ámbito de la regulación legal, y viceversa. Pero en todo caso, es preceptivo el respeto al núcleo esencial de la autonomía que en cada supuesto aparecerá definido, en función del cumplimiento de las misiones específicas encomendadas al órgano autónomo (Sentencia C-401 de 2001)”.
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