MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 136 ENERO DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co


Crisis hospitalaria:
¿estrategia planificada
pre-privatización?

Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co

La crisis de los hospitales públicos no es noticia sino cantilena del sistema de salud: es recurrente y periódica. Lo más grave: tanto el país político como el de a pie, parece acostumbrado y la considera casi parte del funcionamiento normal del sistema de salud.
Para quienes ven los Consejos comunitarios presidenciales, no es raro ver al gerente del hospital público de la zona quejarse de la falta de recursos, contar las vicisitudes para atender pacientes y denunciar el no pago de los aseguradores; la respuesta parece parte del libreto del programa: el presidente Uribe toma notas en su libreta, el gerente del hospital lee una lista de inquietudes, el presidente interrumpe y dice: “¡Ministro¡ Vea gerente…Usted sabe que el problema de recursos en el país es muy grave… pero háblese con el ministro, para ver cómo hacemos, y señor ministro veamos como le ayudamos con los aseguradores, llámese a Caprecom para agilizarles el chequecito”. Suenan aplausos y algunos vivas destemplados.
Todos deben
La situación financiera con la que terminó 2009 la red pública del departamento de Antioquia es crítica, por decir lo menos, y ejemplifica el fenómeno que se da en todo el país. El 50% de los hospitales tiene problemas para pagar a los proveedores, el 20% adeuda varias quincenas de nominas de sus empleados, y hasta los tradicionalmente buenos pagadores, tienen carteras de varios miles de millones.
Las cifras son de tal contundencia, que poco se puede agregar: con corte a septiembre de 2009, la cartera en Antioquia supera los $213.000 millones, de los cuales el régimen subsidiado adeuda más de $78.000 millones, el contributivo casi $30.000 millones, el departamento $36.441 millones, por concepto de SOAT-ECAT se sobrepasan los $20.000 millones, los municipios aportan su granito con $7.000 millones y otros deudores registran más de $40.000 millones.
Al discriminar la deuda, el principal deudor del régimen subsidiado es Caprecom con $16.300 millones, Comfenalco -tradicionalmente buen pagador- parece resentir su salida de Medellín y debe $13.300 millones, Emdisalud adeuda $10.200 millones, Salud Vida 8.600, Coosalud alrededor de 7.300 millones, Cóndor 5.700 y Ecoopsos $5.300 millones.
En el régimen contributivo, la Nueva EPS -aunque de reciente aparición en el mercado-, ya adeuda $7.100 millones, del ISS subsiste una cartera de $4.900 millones, Saludcoop debe $4.800 millones, Coomeva registra $3.400 millones y Comfenalco $2.700 millones.
Una característica más preocupante aún, es el envejecimiento de la deuda: de $78.000 millones que debe el subsidiado, más de $48.000 millones tiene más de 6 meses y $30.000 millones mas de un año, situación que se repite con todos los deudores (ver gráfica), generando un acumulado de $139.000 millones, más del 60% del total de la cartera con más de 6 meses, lo que la hace de dudoso recaudo.
En los primeros días de diciembre pasado, el Hospital San Rafael de Itagüí decidió suspender la atención a usuarios de Coosalud y Caprecom, el Hospital San Juan de Dios de Rionegro hizo lo propio con Ecoopsos, el de Guadalupe cerró servicios a Caprecom y una gran IPS de Medellín embargó las cuentas de la EPS-S Cóndor. Y en los hospitales de Yolombó, Guadalupe, Puerto Berrío, Andes, El Peñol, Ciudad Bolívar y una veintena más en Antioquia, los gerentes hacían ingentes esfuerzos para encontrar de dónde pagar las quincenas atrasadas y no dejar que los empleados pasaran la Navidad en blanco.
En cuanto a la deuda generada por el SOAT-ECAT, solo Fidufosyga debe $6.264 millones al Hospital General de Medellín, al de Rionegro $1.300 millones, al San Rafael de Itagüí $1.100 millones, a La María (de Medellín) $700 millones, al Marco Fidel Suárez de Bello $700 millones, al Manual Uribe Ángel (MUA) de Envigado $655 millones. Y QBE Seguros debe $442 millones al Hospital General, $290 millones a Rionegro, $253 millones al MUA, $224 millones al Hospital de Apartadó, y al San Vicente de Paúl de Caldas $152 millones. Así continúa la lista de manera casi interminable con todos los hospitales antioqueños y por parte de todas las aseguradoras; una cifra consolidada muestra el problema: sólo a los hospitales del Valle de Aburrá, el SOAT-ECAT adeuda $13.400 millones.
Cartera IPS públicas a septiembre de 2009
Causas y soluciones
Las dificultades de la red pública en Antioquia y en la mayoría del país, son propiciadas por la iliquidez financiera a causa de una cartera creciente que obliga las ESE a apalancarse en los proveedores y el recurso humano, asegura el doctor Luis Alberto Martínez, director de AESA, quién señala como se presenta una agudización constante del problema: “La deuda con los hospitales públicos de Antioquia que en marzo de 2009 estaba en $181.000 millones, a septiembre pasó a $213.000 millones, y varias causas aportan a que el tema tienda a agravarse: EPS como Caprecom y Ecoopsos adoptaron la costumbre de glosar y hacer reparos a la facturación, especialmente de promoción y prevención; por ejemplo, una glosa histórica la hizo Caprecom este año, cuando glosó los meses de enero, febrero y marzo del año anterior en prevención y promoción de todos los hospitales públicos del departamento con un mismo argumento: ‘Bajo cumplimiento de metas’. Es imposible técnicamente que todos los hospitales de Antioquia se hayan puesto de acuerdo para incumplir las mismas metas; lo que pasa es que las EPS-S utilizan este mecanismo como una caja menor que les ayuda a soportar deudas, porque esos recursos terminan embolatados ya que no regresan al pagador original: el municipio”.
El doctor Martínez señala que existen algunas EPS a las que históricamente no les gusta ni acostumbran pagar, otras como la Nueva EPS tienen problemas administrativos como la excesiva centralización de procesos -que no deberían trasladar a los prestadores-, y Fidufosyga presenta dificultades extremas para ejecutar los cobros, por exceso de centralismo y trabas administrativas que retrasan los pagos. El directivo considera sana la cartera de Antioquia en cuanto al envejecimiento, originado por la dificultad de los entes territoriales al cubrir actividades No-POS ordenadas por la Sentencia T-760, generando insuficiencia de recursos e impidiendo el cumplimiento de las obligaciones.
Para el doctor Martínez, los prestadores públicos plantearon soluciones que no han sido escuchadas: “La base fundamental de las soluciones parte de ejercer una verdadera vigilancia y control de la Supersalud, a los entes territoriales e interventores de los contratos del régimen subsidiado, para depurar las EPS contributivas y subsidiadas que no quieran pagar y que no cumplan con su objeto; otras acciones podrían ser que se facilite el giro directo para el subsidiado en los contratos de primer nivel, como ya le propusimos al Ministerio; planteamos clarificar la situación de las aseguradoras del SOAT y Fidufosyga que no están cubiertas por la reglamentación del sistema de salud, lo que les permite manejar otros términos de vencimiento y de glosas; proponemos que el Fidufosyga sea descentralizado y que la subcuenta ECAT no haga parte del presupuesto nacional para que sus excedentes no se inviertan en TES”.
Lo más importante para el director de AESA, es que en la emergencia social motivada por problemas de financiación de EPS y departamentos, se mireque quien pone la cara ante el usuario, quien presta el servicio de salud y que verdaderamente sostiene el sistema al asumir recurso humano y gastos de insumos, medicamentos y material médico-quirúrgico son los prestadores, y en las regiones apartadas -la mayor parte del territorio nacional-, son los prestadores públicos: ”Nos están dejando como el último eslabón y no vemos dolientes de los hospitales públicos. Es la realidad”.
La estrategia del caos
Para el representante a la Cámara, Germán Reyes, el problema es estructural dado que las EPS aumentaron su posición dominante ante el prestador, y aunque la Ley 1122/07 intentó limitar el tema y obligar a que las aseguradoras cumplieran los compromisos con el prestador -así como los demás actores del sistema-, los prestadores continúan sometidos a las reglas de un mercado manejado por quienes controlan los recursos: “Las EPS, las direcciones territoriales de salud y Fosyga incumplen las normas -y no es que Fosyga no tenga dinero: lo tiene atrapado en títulos de tesorería-. Antes de la Ley 1122 ya existían decretos donde si las EPS no pagaban oportunamente aduciendo glosas y sacando disculpas, fueran directamente las alcaldías las que pagaran al prestador; la Ley 1122 establece un anticipo pero tampoco lo cumplen, mientras tanto la Supersalud no actúa, ni la Contraloría o la Procuraduría, de ahí que frente al Sistema de Seguridad Social haya una inoperancia total de los organismos de control; y a los hospitales, a nivel particular, públicos o privados, les queda muy difícil hacer los cobros y no se atreven a hacerlo coactivamente, porque les quitan el contrato”.
El anuncio del gobierno de declarar una emergencia social en salud hace pensar en la posibilidad del ingreso de recursos frescos al sistema; sin embargo, el congresista Reyes advierte: “Esta emergencia se da por la presión de las EPS al gobierno, pero preocupa que se les pague la deuda del Fosyga por acciones No-POS y que las EPS no le paguen a los prestadores; de ahí que cualquier decreto se debe condicionar a que las EPS le giren al prestador, de lo contrario pasaría que les paguen a las aseguradoras y continúe la crisis de los prestadores, los que realmente generan el actual S.O.S en el sistema”.
El verdadero nubarrón mayor puede estarse levantando sobre el sistema; la profundidad de la actual crisis de los prestadores públicos, generada por una cartera que en Antioquia sobrepasa $213.000 millones y en el país llega a $1,9 billones, le daría la razón a quienes hace años señalan que todo está fríamente calculado para privatizar todo el sistema, con la estrategia simple ya utilizada con el ISS: crear una crisis tal, que sea imposible salir de ella. La hipótesis no tiene discusión para el representante Reyes: “Está planteado desde la Ley 100/93 -no se ha podido concretar por la resistencia de diferentes actores-, pero todo tiende a una privatización plena, y para lograrlo el gobierno propicia una crisis similar a lo que en sindicalismo se llama un paro patronal: se crea una crisis, la ponen como no solucionable, y presentan a la gente como única opción la liquidación de hospitales y se le regala al sector privado la operación de toda la red -incluso pueden ser operadores internacionales-. Eso se está cocinando y preocupa que en cualquier momento se dé el golpe final” .
 
 
 







 



Arriba

[Editorial | Debate | Opinión | Monitoreo | Generales | Columna Jurídica | Cultural | Breves ]

COPYRIGHT © 2001 Periódico El PULSO
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular
. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved