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Emergencia social:
¿Respirador artificial para el sistema de salud?
Olga
Lucia Muñoz López Periodista -
elpulso@elhospital.org.co
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Para conjurar la crisis del sistema
de salud y la amenaza al orden social a raíz del deterioro
de su sostenibilidad financiera, y el riesgo de perder continuidad
en la prestación del servicio de salud, el goce efectivo
del derecho y la universalización del aseguramiento,
el gobierno declaró el estado de emergencia social
el pasado 23 de diciembre, para adoptar medidas legales, extraordinarias
e integrales para contrarrestar la crisis y factores que la
agudizan. Más además de reconocer el caos imperante
en las finanzas de la salud y de tratar de obtener nuevas
fuentes de recursos, intervino toda clase de aspectos fundamentales
del sistema, que abrieron un gran debate público en
todo el país, el cual continuaba al cierre de esta
edición, mientras además se estaba a la espera
del fallo sobre la exequibilidad o no de la emergencia social,
por la Corte Constitucional.
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El
gobierno reconoció las deudas estancadas y los pagos
paralizados dentro del sistema: la más grande deuda fue
reportada por la Asociación Colombiana de Hospitales
y Clínicas (ACHC), por $3,57 billones que adeudan las
EPS del régimen contributivo a las IPS, de los cuales
51,2% es cartera con más de 90 días de antigüedad.
A los hospitales públicos se les adeuda casi $2 billones
y una porción importante es cartera antigua; los departamentos
deben a los hospitales unos $700.000 millones; el ECAT adeuda
a IPS $140.000 millones; y las EPS afirman que Fosyga les debe
$900.000 millones, mientras el gobierno dice que son sólo
$500.000 millones que fueron glosados por el Fondo.
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Aprovechando
el estado de emergencia social, el gobierno expidió 15
decretos con fuerza de ley, mediante los cuales modificó
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Tributario,
el Código Penal, la Ley Orgánica 715/01, las leyes
ordinarias 100/93 y 1122/07 entre otras, y hasta artículos
de la Constitución (356 y 357). Según el consultor
Iván Jaramillo, el mérito de la intervención
gubernamental, es atacar el problema por todos los flancos posibles:
limita el gasto en salud racionalizando costos (en especial,
prescripción y medicamentos), genera recursos tributarios
para salud con el IVA a cerveza y juegos de azar, y otro impuesto
al cigarrillo (busca generar $500.000 millones en nuevos impuestos),
liberar $1,5 billones de diferentes cuentas (contratos liquidados
del régimen subsidiado, aportes patronales de la Nación
no utilizados, reservas de loterías por premios no reclamados
y recursos territoriales no usados en ampliación de cobertura
del subsidiado) para solventar las deudas más apremiantes,
fortalece el control a la evasión y elusión en
el pago de aportes a seguridad social, amplía cobertura
del SOAT, autoriza negociación extra-judicial en cobros
y recobros entre actores del sistema, exige eficiencia y competitividad
a los hospitales públicos so pena de entrar en liquidación
o fusionarse, modifica el flujo de recursos al crear un administrador
fiduciario nacional centralizado para manejar el régimen
subsidiado, reestructura el Fosyga (subcuenta de Solidaridad
pasa al administrador del régimen subsidiado, subcuenta
ECAT pasa al Fonsat de aseguradoras del SOAT, Fosyga y departamentos
pierden el manejo de lo No-POS que pasa al Fonpres o Fondo de
Prestaciones Excepcionales en Salud -PES- que centralizará
manejo de nuevos impuestos), creación en Fonpres del
Organismo Técnico Científico para la Salud que
determinará que es científicamente
necesario para garantizar el derecho integral a la salud por
fuera del POS y cumplirá así el papel de la CRES
de regular el POS y el No-POS (en estratos altos esto promueve
la medicina pre-pagada, a los asalariados se les facilita usar
cesantías y pensiones voluntarias para sufragar gastos
extras No-POS, y a los pobres si no se les subsidia significará
limitación a su derecho a la salud), se promueve la lotería
nacional y a Etesa la reemplazarían Comités Departamentales.
En materia de anti-corrupción, se dan a Supersalud instrumentos
disciplinarios y penales para sancionar mal manejo de recursos
financieros, especulación, fraude y falsificación
de medicamentos, y omisión en servicios de urgencias
que causen paseos de la muerte; se tipifica la conducta de estafa
en la defraudación al sistema de salud. Se crea el Fondo
de Lucha contra la Corrupción alimentado con multas y
se le asignan recursos fiscales para operar de inmediato. A
la Comisión Nacional de Regulación de Precios
de Medicamentos se le autoriza a fijar precios límites
de adquisición para todos los actores del SGSSS y se
la habilita para fijar márgenes de comercialización.
Las críticas más fuertes a la emergencia son a
la reforma a los Códigos de Ética médica
y odontológica, al incompetente sistema técnico
científico a implantar, a la autorización como
especialistas a médicos sólo entrenados, al aumento
del gasto de bolsillo para financiar la salud y a la destinación
específica al IVA. Y que las soluciones son coyunturales
y no de fondo.
Problemas no tratados
Según el consultor Iván Jaramillo, los decretos
no dicen cómo se desentrañará el misterio
que permite contratar y financiar en el régimen subsidiado
a 24.7 millones de personas, cuando sólo se tienen carnetizados
20.6 millones (esto genera un descuadre de $1 billón:
¿quién disfruta, usa o desvía el dinero
que financia a 4 millones de cupos fantasmas?). Agrega que se
sabe que más de un millón de subsidiados, duplicados
y triplicados, a un costo de $250.000 millones anuales, pasan
los filtros de bases de datos del Fosyga (mallas de validación)
gracias a triquiñuelas técnicas de las EPS, propiciando
corrupción legal, pero además en las
bases de datos de municipios hay 6.6 millones de subsidiados
no registrados en el Sisbén, que ingresan sin derecho
y por politiquería; existen también 5.9 millones
sin documentos válidos de identificación y 2.8
millones de duplicados en el subsidiado y contributivo que generan
doble costo por $700.000 millones. El subsidiado maneja casi
$6 billones pero al menos $2 billones está traspapelado
y la transparencia en su manejo generaría iguales o más
recursos que los generados por la emergencia social.
Indica además Jaramillo, que hay 24 millones de cupos
en el régimen subsidiado y 17 millones en el contributivo,
lo que permite cubrir 93% de la población si se evita
la corrupción que podría estar engullendo la plata
de más de 4 millones de colombianos. El POS subsidiado
cubre 60% del POS contributivo y la Corte Constitucional exige
igualar ambos planes sin proponer fuente financiera que lo haga
viable: Ahora Presidente (Uribe) y Ministro (Palacio)
justifican la emergencia social para garantizar la cobertura
universal, bien sea la horizontal con un faltante del 6% o la
vertical con un faltante del 40%, pero en los 15 decretos no
hay una sola frase que explique cómo se logrará
esto. |
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