Emergencia social: ¿Respirador artificial para el sistema de salud? Olga Lucia Muñoz López Periodista - elpulso@elhospital.org.co Para conjurar la crisis del sistema de salud y la amenaza al orden social a raíz del deterioro de su sostenibilidad financiera, y el riesgo de perder continuidad en la prestación del servicio de salud, el goce efectivo del derecho y la universalización del aseguramiento, el gobierno declaró el estado de “emergencia social” el pasado 23 de diciembre, para adoptar medidas legales, extraordinarias e integrales para contrarrestar la crisis y factores que la agudizan. Más además de reconocer el caos imperante en las finanzas de la salud y de tratar de obtener nuevas fuentes de recursos, intervino toda clase de aspectos fundamentales del sistema, que abrieron un gran debate público en todo el país, el cual continuaba al cierre de esta edición, mientras además se estaba a la espera del fallo sobre la exequibilidad o no de la emergencia social, por la Corte Constitucional. El gobierno reconoció las deudas estancadas y los pagos paralizados dentro del sistema: la más grande deuda fue reportada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), por $3,57 billones que adeudan las EPS del régimen contributivo a las IPS, de los cuales 51,2% es cartera con más de 90 días de antigüedad. A los hospitales públicos se les adeuda casi $2 billones y una porción importante es cartera antigua; los departamentos deben a los hospitales unos $700.000 millones; el ECAT adeuda a IPS $140.000 millones; y las EPS afirman que Fosyga les debe $900.000 millones, mientras el gobierno dice que son sólo $500.000 millones que fueron glosados por el Fondo. Aprovechando el estado de emergencia social, el gobierno expidió 15 decretos con fuerza de ley, mediante los cuales modificó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Tributario, el Código Penal, la Ley Orgánica 715/01, las leyes ordinarias 100/93 y 1122/07 entre otras, y hasta artículos de la Constitución (356 y 357). Según el consultor Iván Jaramillo, el mérito de la intervención gubernamental, es atacar el problema por todos los flancos posibles: limita el gasto en salud racionalizando costos (en especial, prescripción y medicamentos), genera recursos tributarios para salud con el IVA a cerveza y juegos de azar, y otro impuesto al cigarrillo (busca generar $500.000 millones en nuevos impuestos), liberar $1,5 billones de diferentes cuentas (contratos liquidados del régimen subsidiado, aportes patronales de la Nación no utilizados, reservas de loterías por premios no reclamados y recursos territoriales no usados en ampliación de cobertura del subsidiado) para solventar las deudas más apremiantes, fortalece el control a la evasión y elusión en el pago de aportes a seguridad social, amplía cobertura del SOAT, autoriza negociación extra-judicial en cobros y recobros entre actores del sistema, exige eficiencia y competitividad a los hospitales públicos so pena de entrar en liquidación o fusionarse, modifica el flujo de recursos al crear un administrador fiduciario nacional centralizado para manejar el régimen subsidiado, reestructura el Fosyga (subcuenta de Solidaridad pasa al administrador del régimen subsidiado, subcuenta ECAT pasa al Fonsat de aseguradoras del SOAT, Fosyga y departamentos pierden el manejo de lo No-POS que pasa al Fonpres o Fondo de “Prestaciones Excepcionales en Salud -PES-“ que centralizará manejo de nuevos impuestos), creación en Fonpres del Organismo Técnico Científico para la Salud que determinará que es “científicamente” necesario para garantizar el derecho integral a la salud por fuera del POS y cumplirá así el papel de la CRES de regular el POS y el No-POS (en estratos altos esto promueve la medicina pre-pagada, a los asalariados se les facilita usar cesantías y pensiones voluntarias para sufragar gastos extras No-POS, y a los pobres si no se les subsidia significará limitación a su derecho a la salud), se promueve la lotería nacional y a Etesa la reemplazarían Comités Departamentales. En materia de anti-corrupción, se dan a Supersalud instrumentos disciplinarios y penales para sancionar mal manejo de recursos financieros, especulación, fraude y falsificación de medicamentos, y omisión en servicios de urgencias que causen paseos de la muerte; se tipifica la conducta de estafa en la defraudación al sistema de salud. Se crea el Fondo de Lucha contra la Corrupción alimentado con multas y se le asignan recursos fiscales para operar de inmediato. A la Comisión Nacional de Regulación de Precios de Medicamentos se le autoriza a fijar precios límites de adquisición para todos los actores del SGSSS y se la habilita para fijar márgenes de comercialización. Las críticas más fuertes a la emergencia son a la reforma a los Códigos de Ética médica y odontológica, al incompetente sistema técnico científico a implantar, a la autorización como especialistas a médicos sólo entrenados, al aumento del gasto de bolsillo para financiar la salud y a la destinación específica al IVA. Y que las soluciones son coyunturales y no de fondo. Problemas no tratados Según el consultor Iván Jaramillo, los decretos no dicen cómo se desentrañará el misterio que permite contratar y financiar en el régimen subsidiado a 24.7 millones de personas, cuando sólo se tienen carnetizados 20.6 millones (esto genera un descuadre de $1 billón: ¿quién disfruta, usa o desvía el dinero que financia a 4 millones de cupos fantasmas?). Agrega que se sabe que más de un millón de subsidiados, duplicados y triplicados, a un costo de $250.000 millones anuales, pasan los filtros de bases de datos del Fosyga (mallas de validación) gracias a triquiñuelas técnicas de las EPS, propiciando “corrupción legal”, pero además en las bases de datos de municipios hay 6.6 millones de subsidiados no registrados en el Sisbén, que ingresan sin derecho y por politiquería; existen también 5.9 millones sin documentos válidos de identificación y 2.8 millones de duplicados en el subsidiado y contributivo que generan doble costo por $700.000 millones. El subsidiado maneja casi $6 billones pero al menos $2 billones está traspapelado y la transparencia en su manejo generaría iguales o más recursos que los generados por la emergencia social. Indica además Jaramillo, que hay 24 millones de cupos en el régimen subsidiado y 17 millones en el contributivo, lo que permite cubrir 93% de la población si se evita la corrupción que podría estar engullendo la plata de más de 4 millones de colombianos. El POS subsidiado cubre 60% del POS contributivo y la Corte Constitucional exige igualar ambos planes sin proponer fuente financiera que lo haga viable: “Ahora Presidente (Uribe) y Ministro (Palacio) justifican la emergencia social para garantizar la cobertura universal, bien sea la horizontal con un faltante del 6% o la vertical con un faltante del 40%, pero en los 15 decretos no hay una sola frase que explique cómo se logrará esto”.   Más información... Emergencia social: ¿Respirador artificial para el sistema de salud? 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