“Otro atropello a la profesión médica” Olga Lucia Muñoz López Periodista - elpulso@elhospital.org.co La Academia Nacional de Medicina expresó su profunda preocupación por los decretos-ley expedidos dentro de la emergencia social y “cree que, en conjunto, tales decretos representan un grave atentado contra la medicina como ciencia y profesión, atentado que nunca se había registrado en esta ni en ninguna otra nación democrática”. La Academia advierte que dichos decretos cercenan la autonomía médica en la toma de decisiones clínicas, aclarando que no deben confundirse las transgresiones a la buena práctica médica -objeto de análisis por comités de control de calidad de la atención-, ni las infracciones a deontología o ética por una minoría de médicos que deben sancionarse, y concluye: “El apartarse de las guías, por más idóneamente elaboradas que parezcan, por razones del buen juicio clínico, no puede ser motivo de sanciones pecuniarias”. La Academia insiste en la suficiencia de recursos del sistema de salud para garantizar una cobertura equitativa que dé pleno cumplimiento a la Sentencia T-760, y agrega que la intermediación requiere un estudio objetivo y cuidadoso para comprobar la cuantía del costo administrativo y la forma como se invirtieron dineros de la salud en destinaciones ajenas a las fijadas en Ley 100. Señala: “La expedición de los decretos-ley que pretenden corregir los errores que la Academia previamente había advertido que ocasionaron la supuesta crisis financiera de las entidades intermediarias, significa la abolición del componente más importante del profesionalismo: la autonomía intelectual en la toma de decisiones respecto a las situaciones de incertidumbre biológica que entraña la práctica médica. Frente a ellas, las guías o estándares no pueden ser camisas de fuerza que obliguen al médico a pasar por encima del juicio racional para determinar qué es lo mejor para el paciente. Y las sanciones que establece el decreto 131 representan una afrenta que la profesión médica no puede aceptar. Es preocupante que, más allá de la atención primaria, la atención de mayor complejidad se califique como prestación excepcional. Ello significa abolir el propósito primordial del aseguramiento, que es atender los cuadros clínicos de mayor complejidad. Desde el punto de vista social, es inconcebible que se decrete que los costos de prestaciones calificadas como excepcionales en salud, los afiliados deban cubrirlos con préstamos bancarios o, lo que es peor, con sus cesantías”. Por todo esto, como órgano asesor del gobierno, la Academia registró “la expedición de tales decretos como un atropello más a una profesión digna y verdaderamente sacrificada desde la expedición de la Ley 100, la rechaza con vehemencia y exhorta a los organismos competentes a derogar las aberrantes disposiciones”.   Más información... Emergencia social: ¿Respirador artificial para el sistema de salud? 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