MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 137  FEBRERO DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


“El error partió del monopolio”
María Carmenza Gómez Fernández, - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

El economista Eduardo Sarmiento, afirmó que la concepción de la Ley 100/93 fue un gran error: “El gobierno le entregó la responsabilidad de la salud al lucro individual, sobre la base de que ellos brindaran el mejor servicio a la gente. Esto llevó a que las EPS sacaran ventaja porque tienen mejor información que los usuarios, y emplearon su poder monopólico para obtener ganancias, que al principio eran del 20%”.
Esta situación, explicó, la rompió la Corte Constitucional cuando estableció que la salud es un derecho universal, y que no hay razón para discriminar entre régimen subsidiado y contributivo.
Esto obligó a las EPS a dar servicios no contemplados en el POS, así que pasaron de tener el poder monopólico y acabaron en una estructura en la que tienen que prestar mayores servicios que los ingresos por éstos.
En consecuencia, sostuvo Sarmiento, “el sistema de salud está totalmente desequilibrado, se creó con unos criterios y en la práctica es totalmente diferente”. En lugar de tener un sistema de salud que preste los servicios con criterios médicos y económicos, de viabilidad, se llegó a un sistema en que los servicios se dan con criterios jurídicos generales. Esto llevó a que las EPS no tengan forma de cubrir los servicios que otorgan.
El gobierno tiene que realizar, a través de Fosyga, gastos que no están presupuestados, luego los hospitales no tienen manera de atender las demandas.
Por lo tanto, afirmó, “el estado actual es un caos general en que todo el mundo está quebrado. La emergencia es una medida que puede aliviar un poco la situación financiera pero no corrige el problema fundamental, y es que Usted está montado en un sistema que tiene que dar más servicios que los costos que recibe por éstos”.
Se necesita, sugiere Sarmiento, buscar una compaginación entre las exigencias de la Corte Constitucional, la universalidad del servicio y la administración de esos servicios, para evitar que haya tanta ineficiencia. Esto implica un cambio sustancial del sistema. ¿Y cómo es un cambio de sistema? Es necesario que el Estado entre a administrar estas empresas de servicios de salud, incluso los hospitales, no todos, pero sí algunos como puntos de referencia, de acuerdo con criterios económicos y jurídicos: “Esto no se puede dejar solo ni a la deriva, sin entender que los acuerdos entre el gobierno y las EPS no corresponden a las decisiones jurídicas, para que ellas sean los que determinen el servicio, a quién se lo dan y a quién no”.
Sobre si la Corte aprobará o no la emergencia social, indicó: “Todavía no se sabe, porque el Gobierno tiene dos ideas: aumentar recursos a través de gravámenes y bloquear las tutelas. Va a tener serias dificultades con la Corte Constitucional, porque los gravámenes no pueden ir a destinación específica, a menos que se trate de ciertos casos especiales. Asimismo con el tema de la tutela, que es un derecho constitucional, que no puede delimitarse a través de reglamentaciones del gobierno, así sean de emergencia social” 6
 
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