MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 139  ABRIL DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Innumerables temas de discusión generó la reciente declaratoria de emergencia social. Al cierre de edición aún desconocíamos qué decisión tomará la Corte sobre su exequibilidad ó derogatoria, pero en cualquier caso, el tema ya ingresó a los terrenos del Congreso de la República. Incluso, varios equipos políticos trabajan febrilmente en propuestas de ley sobre salud y es seguro que el próximo gobierno tendrá que dedicarse a ello.
Uno de los aspectos más importantes que deben retomarse es el de la regulación y el papel que debe tener la Comisión de Regulación en Salud -CRES-, una vez que la declaratoria de emergencia social dejó en entredicho su papel y su verdadera importancia.

Es alarmante observar que mientras se creaba y sesionaba esta Comisión, otra comisión muy distinta, compuesta por consultores, orientaba y definía medidas tan importantes, que equivalen a una reforma de fondo del sistema de salud, mediante la citada emergencia social. Vale decir que aparte de las excelentes calidades de este grupo de consultores, éstos no estaban investidos de la responsabilidad política, ni estaban a cargo de las inhabilidades e incompatibilidades que sí tenían los miembros de la CRES, por ejemplo.
Para entender mejor esta cuestión, es oportuno citar al presidente Virgilio Barco, cuando se consolidaba la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente: “El empleo cada vez más amplio de facultades extraordinarias debe modificarse, para hacer esta institución más un procedimiento de excepción -suficientemente bien delimitado en la Constitución misma- que lo que paulatinamente ha llegado a ser en nuestros días: una cómoda manera de que el Congreso se despoje de su vital función legislativa y una peligrosa costumbre de inflar, año tras año, el poder de producir decretos gubernamentales con fuerza de Ley. Lo grave es que por esta vía las leyes pasan a ser obra de personas, en algunos casos expertos y en otros burócratas desconocidos, que no tienen responsabilidad política y que redactan las disposiciones a puerta cerrada sin que las personas interesadas ó afectadas por las futuras normas puedan opinar y defender su posición. Es más, este procedimiento legislativo, claramente antidemocrático, ha sido en ocasiones utilizado para favorecer, a espaldas del pueblo, a unos pocos privilegiados”. Virgilio Barco, Discurso presidencial, 20 de mayo de 1988.
¿Técnica o política? Pros y contras
Fue mucho lo que se discutió -cuando se creaba la CRES-, si convenía tener una institución políticamente fuerte, representativa de los diferentes actores, ó si era preferible una organización de perfil técnico, conformada por investigadores y/ó expertos. Ambas cosas tienen sus ventajas y peligros, porque una comisión muy técnica para asumir decisiones -que son fundamentalmente de política pública- puede terminar cooptada por el poder dominante, y si es muy política nos veremos con los problemas de agendas ocultas, intereses partidistas, gremiales y politiquería.

“La declaratoria de emergencia social
dejaver que existe un vacío muy grande de
poder, que ese vacío no lo está subsanando la
CRES, y que el Ejecutivo se adueñó
completamente de la partida”.
Conrado Gómez
Sin embargo, siempre he considerado preferible que el sistema de salud esté regido por una comisión con carácter principalmente político, sin que esto impida que disponga de un organismo técnico asesor y/ó investigador, por 4 razones: 1) Los expertos también tienen intereses y también son susceptibles de tendencias y favoritismos; 2) Los “técnicos” a veces se inclinan por medidas que pueden parecer correctas, pero que al final resultan en comportamientos fundamentalistas y temerarios, sobre todo cuando se ignora la realidad del otro y la de la población; 3) Un grupo de personas sin poder político, por carecer de éste, puede terminar subsumido por el gobierno, ó por los intereses dominantes; y 4) La experiencia en el Congreso me ha enseñado que la discusión en varias vueltas tiene su sabiduría y su virtud, sobre todo para evitar errores, porque es muy difícil “sabérselas todas”. No obstante, comprendo que a muchas personas la política no les gusta, pero especialmente para ellos, lo que le pasó a la CRES es una muy buena lección.
Hace algunos meses, cuando se definían los integrantes de la Comisión y se proyectaba su desarrollo, mucho se dijo y tanto más se esperaba de esta entidad, presidida y conformada a gusto del Ministerio de la Protección Social. El papel de la Comisión de Regulación se mostraba como algo retador, especialmente frente a la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional, que exigía el cumplimiento eficaz de la Ley en aspectos como cobertura y el desarrollo de los derechos de salud.
“Mucho se discutió, cuando se creaba la CRES,
si convenía tener una institución políticamente fuerte,
representativa de los diferentes actores, ó si era
preferible una organización de perfil técnico,
de investigadores y/o expertos”.
Conrado Gómez
Mientras tanto, la declaratoria de emergencia social deja ver que existe un vacío muy grande de poder, que ese vacío no lo está subsanando la CRES, y que el Ejecutivo se adueñó completamente de la partida. El sistema de salud perdió una instancia de deliberación como era el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que tenía muchos problemas, pero que por lo menos permitía algún nivel de participación en las decisiones.
Por la rectoría y la regulación
Finalmente, ante esta grave situación de la CRES, se impone ver que son muchos los temas que llaman a fortalecer la rectoría y la regulación en el sistema:
- Los medicamentos y especialmente los servicios de alto costo, pasaron de representar el 5% del costo del Plan Obligatorio de Salud en 12 años, al 25 ó 30% de los costos totales. Esto sin duda apunta a advertir que la regulación y el manejo de estos medicamentos y recobros está fuera de control, y que el modelo a partir de aseguradoras para bajar el costo en estos aspectos, no está dando los mejores resultados.
- La delegación de funciones públicas a entidades privadas como las EPS, no se logró equilibrar a favor de los intereses de la población. Son empresas demasiado fuertes, que de muchas maneras llevaron a que el gobierno y hasta los trabajadores de la salud estén en su defensa y no en la de los pacientes, tendencia claramente reforzada con la emergencia social. Como dijera alguien a quien estimo mucho , “esto se parece a una carrera entre un Ford 54 y un Ferrari 2010”. Es muy difícil que el gobierno sea capaz de controlar y competir con las EPS, porque estas empresas tienen a todo a su favor, son modernas y disponen de la información y un estilo de gerencia de gran vitalidad, que no tiene el Estado.
- Se carece de un sistema de investigación y actuaría del sistema que permita saber de manera precisa y trasparente, cómo ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Si estos puntos no se discuten y solucionan prontamente, recaeremos en que los platos rotos los tienen que pagar los pacientes y la población con la negación de servicios, bajo la supuesta razonabilidad del equilibrio financiero de la UPC y el POS, pese a que de eso nunca ha habido mucha claridad en Colombia.
 
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