MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 153  JUNIO DEL AÑO 2011    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Gobierno descubre “carrusel”
y “cartel” en la salud

Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co

El pasado 2 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos anunció que la fuerza de tarea especial conformada por la Policía Nacional, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y funcionarios del Ministerio de la Protección Social, había desmantelado una banda que participó en el desfalco de millonarios recursos de salud entre 2008 y mediados de 2010. Y denominó como el "cartel de la salud", a esta gigantesca red que ejecutó una multimillonaria defraudación al Estado, mediante una alianza de funcionarios del Ministerio de la Protección Social y el Fosyga, con empleados de algunas EPS.
Para responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, enriquecimiento ilícito a favor de particulares y prevaricato por acción, fueron capturados Claudia Patricia Rojas (coordinadora del Grupo de Recobros del Ministerio de la Protección Social), Jhon Carlos Lemus (ingeniero de sistemas), Luis Martínez, Édgar Medina Millán (administrador de empresas), Luis Andrés Ruiz (ex administrador de bases de datos del Ministerio, que habría conformado empresas como QAV para asesorías a EPS sobre recobros) y Héctor Mauricio Durán (subgerente de cartera de la EPS Sanitas); estas personas fueron sindicadas de cometer estafas en el sector salud, que en una sola modalidad (recobro) ascenderían a $30.000 millones.
Tras alerta del ministro Santa María en agosto de 2010 sobre actividades sospechosas en los
recobros, el Presidente convocó una fuerza de tarea anti-corrupción que descubrió cómo los implicados se apropiaron de recursos de la salud a través de comisiones del 4 al 6% para el levantamiento de glosas a recobros en trámite ante Fosyga; con presentación de solicitudes de las EPS de recobro infladas, inexistentes o repetidas, o a nombre de fallecidos; reclamaciones por tutela en nombre de peticionarios que nunca las solicitaron ni padecían dolencia alguna, con sobrecostos del 85% cuando sólo se debía pagar 50% (hasta recobraron medicamentos con sobrecosto superior al 1.000%); y recobro de medicamentos e insumos de contrabando. Según el Ministro, "la banda operaba como un cáncer que fue carcomiendo los recursos para la salud. Durante ese período 2008-2010, el saqueo fue constante. La defraudación puede ascender a billones de pesos".
El presidente Santos afirmó que el gobierno nacional seguirá con las acciones para encontrar más responsables de hechos de corrupción en el sector salud, sin importar quiénes estén implicados: "Esto es apenas la punta del iceberg, el inicio de esta investigación. Lo que hemos descubierto en tan poco tiempo nos aterra por la magnitud de las cifras. Solamente en un muestreo que es más o menos del 10%, en una de las modalidades de las muchas modalidades que hemos descubierto cómo se roban la plata, ya descubrimos robos por cerca de $30.000 millones. Pero esto es una defraudación no de miles de millones de pesos sino de billones de pesos. El sector salud es un sector que para el país tienen una tremenda importancia social. Por eso se le dedica casi el 6% del PIB, cerca de $28 billones". El primer mandatario pidió la investigación a la Fiscalía sobre el "carrusel" de reclamaciones a las EPS desde 2006, que involucra servidores públicos del Ministerio de la Protección Social y del Fosyga aliados con particulares para desarrollar actos de corrupción afectando dineros públicos.
La Fiscalía informó que fueron 25 los involucrados en el desfalco. La Contraloría adelanta otra investigación sobre desviación de recursos o sobrecostos, donde podría existir el delito de peculado, y realizará 50 auditorías ordinarias en entidades de salud del país. Procuraduría adelanta investigación disciplinaria alrededor de irregularidades como pagos indebidos, trámites sin ajuste a las normas, pagos ordenados por tutelas falsas, cobro de facturas por medicamentos con valores superiores y recobros de cuentas presentadas por personas fallecidas o cuya cédula no corresponde. Según la Policía Nacional, el desfalco supera los $4,5 billones e involucra centenares de personas: se encontró material probatorio en 22 paquetes de recobros por $22.000 millones destinados a 5 EPS.
El Presidente recordó que en septiembre 21/10, en la instalación de mesas temáticas para la reforma a la salud, con la información del Ministro sobre actos de corrupción, anunció: "Los corruptos ya están avisados de que contra ellos crearemos fuerzas de tarea especial para perseguirlos y ponerlos tras las rejas con la misma determinación que combatimos a los terroristas. Robar los recursos del Estado es un crimen, pero además quitárselos a la salud de todos, a la salud de los más pobres, ¡es una repugnante infamia!".
El ministro Santa María invitó a los colombianos a denunciar, recalcando que "los que se roban recursos de la salud, son ladrones de vidas humanas". Anunció medidas administrativas y estructurales para impedir que funcionarios infames se sigan apropiando del dinero de la salud, como el rediseño de flujos de recursos de la salud, medidas que faciliten la trazabilidad de recobros, fijar valores máximos para medicamentos recobrados, rediseño de la administración del Fosyga y mejoramiento del sistema de información.
Ese 2 de mayo, las EPS afiliadas a Acemi se comprometieron en un comunicado a apoyar las investigaciones del gobierno y a colaborar con ellas. Y la EPS Sanitas se puso a disposición de los entes de control para ayudar a esclarecer los hechos. Dos días después, la Policía informó que víctimas de fraude estaban entregando información sobre el caso: personas que figuraban en la nómina de pagos pero que nunca recibieron esa ayuda, y los llamados a que se hicieran pasar por beneficiarios, empezaron a denunciar.
Y considerando que son responsables tanto los ex funcionarios como los contratistas que cobraron comisiones para gestionar pagos, y las empresas que recibieron esos recursos, la Procuraduría investiga a 34 gerentes de EPS; según la Policía y la Fiscalía, los integrantes de la red se quedaban con el 6% de esas partidas y el resto era girado a EPS.
 
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