MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 155  AGOSTO DEL AÑO 2011    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


“Acciones del gobierno:
meros formalismos”: Procuraduría

Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co

“La Procuraduría General de la Nación considera que las medidas adoptadas por el gobierno nacional, todavía continúan sin garantizar el acceso equitativo y oportuno de los ciudadanos a los diferentes servicios de salud, en forma oportuna, eficaz, de calidad y con dignidad. Las decisiones adoptadas sólo pasan a ser formalismos y no se cumple con todo lo ordenado por el Tribunal Constitucional; las reiteradas quejas… se manifiestan en una constante transgresión de los derechos fundamentales de acceder a la salud y que por las demandas del servicio terminan en acciones de tutela”. Así se pronunció el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en la audiencia de la Corte.
Defendió una reforma estructural: “El mayor obstáculo, es que no se revisa el modelo de salud en sus estructuras. La problemática del SGSSS obedece a fallas estructurales, y si la norma no tiene vocación de aplicabilidad y desarrollo, con mayor razón se debe aplicar una reforma estructural al sistema, concibiéndola más equitativa a partir de la lógica de derechos fundamentales y referencias jurisprudenciales, y no de la eficiencia económica”.
Respecto de las medidas necesarias para superar definitivamente la problemática que aqueja el sistema de salud, indicó que se debe generar un proceso de cambio que elimine barreras de acceso y garantice efectivamente los derechos fundamentales de la población, basado en principios constitucionales y postulados éticos, antes que la importancia dada al sector privado, leyes del mercado e interés de los actores.
Reiteró recomendaciones, como disminuir el número de intermediarios que puedan actuar como barreras para la atención integral y con calidad a pacientes y el buen desempeño laboral del personal de salud, generar mecanismos para blindar instituciones estatales del clientelismo y efectos negativos, y establecer políticas de compromiso de actores públicos y privados con los valores públicos que deben regir las decisiones y acciones en salud.
En materia disciplinaria, la conducta investigada más recurrente es el mal manejo de recursos en el sector salud y la no contratación oportuna de prestación de servicios a la población del régimen subsidiado. Iniciaron investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos y gestores privados que administran recursos del erario o ejercen funciones públicas, en eventos no ajustados a la norma: 35 investigaciones contra EPS, 128 contra funcionarios de entes territoriales y 51 contra Empresas Sociales del Estado.
La Procuraduría desarrolló con la colaboración de entes territoriales y EPS, mesas de trabajo que facilitaron movilizar cuantiosos recursos a favor de prestadores de servicios que superan $600.000 millones y la liquidación efectiva del 80% de contratos que debían haberse finiquitado hace una década, y que involucraban importantes recursos contratados y sin liquidar por más de $11 billones, de 22 departamentos. Finalmente, la Procuraduría reveló que inició indagación preliminar por presuntas irregularidades administrativas al Ministerio de la Protección Social, sobre administración del Fosyga, especialmente respecto del trámite de recobros por EPS.
 
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