MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 155  AGOSTO DEL AÑO 2011    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Comisión de Seguimiento a Sentencia T-760/08
“La crisis del sector salud es estructural o de modelo, y no de regulación”

Hernando Guzmán Paniagua - Periodista elpulso@elhospital.org.co

El gobierno nacional ha incumplido el mandato constitucional y éste es uno de los factores de la actual crisis del sistema de salud, dice en síntesis la respuesta de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR), a la Corte Constitucional, sobre la observancia de esa norma.
Tras un análisis riguroso, los comisionados demostraron los alcances de la norma, el fracaso de la actuación institucional, de su esfuerzo normativo y de los paradigmas del modelo de salud, y pidieron cimentar un sistema que garantice este derecho fundamental.
La Comisión precisó los “Obstáculos que impiden cumplir la actualización y unificación de los planes de beneficios”: Falta información sobre la forma y fechas para la actualización de medicamentos, persisten las llamadas “zonas grises”, la actualización del valor de la UPC no cuenta con información suficiente, priman criterios utilitaristas del gobierno nacional para definir el plan de beneficios y no hay una UPC diferencial, ni agenda definida, ni participación real de la comunidad médica para la actualización de los planes.
La Comisión “propuso un nuevo modelo basado
en un sistema de seguridad social público y universal,
con financiamiento público, a partir de recursos
fiscales y parafiscales progresivos, concertado y
participativo, con recaudo y administración
descentralizados o territorializados, y electrónicos,
y con un Fondo Público Único que genere máxima
solidaridad entre ricos y pobres, sanos y
enfermos, jóvenes y mayores”
.
En el punto de “Enfoques opuestos y respuestas limitadas”, la CSR consideró que en la Sentencia, la Corte Constitucional consagra como derecho fundamental autónomo “los servicios de salud que se requieren con necesidad”: “Todas las personas, sin importar su condición social, económica, política, étnica o de género, tienen igual “dignidad”. Y aunque admite las naturales limitaciones de los servicios según el modelo de aseguramiento de la Ley 100/93, en función de esa dignidad no acepta que las limitaciones sostengan la desigualdad en los planes de beneficios ni pongan en riesgo la vida humana. Anotó: “El gobierno nacional, tanto el dirigido por el presidente Álvaro Uribe como el actual del presidente Juan Manuel Santos, ha interpretado la Sentencia T-760/08 desde un punto de vista utilitarista e individualista, apoyado en las teorías neoclásica y neo-institucional en Economía”, según las cuales los derechos sociales, económicos y culturales son bienes privados que se transan en el mercado como “servicios públicos”.
“Adiós al Estado Social de Derecho”
La CSR estimó que las leyes 1122/07 y 1438/11 consagran la capacidad de pago de las personas como elemento estructural para definir el financiamiento y los beneficios, la separación de los regímenes contributivo y subsidiado, al Estado como pagador que contrata a unos intermediarios (EPS) y define todas las reglas de juego con base en la información que ellas le dan; por ello, la “seguridad jurídica” y la “confianza inversionista” para el capital nacional e internacional, soportan la toma de decisiones.
Como respuesta del Ejecutivo a la T-760, la Comisión de Regulación en Salud (CRES) se centró en aclarar y actualizar los planes de beneficios, por supuesta insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación -UPC- y por ende, sólo incluyó algunos medicamentos, sin una actualización integral como lo ordena la Corte; con la emergencia social/09, el gobierno culpó del aumento excesivo de los recobros al abuso de la tutela por pacientes, jueces y médicos para autorizar todo lo No-POS. Aclaró en cambio la CSR, que la disminución de los recursos fiscales para atención en salud, régimen subsidiado y saneamiento básico, viene del Acto Legislativo 01 y de la Ley 715 de 2001 y del Acto Legislativo 04/07, que modificaron la fórmula de cálculo de las transferencias. Advirtió que el “criterio constitucional” de la sostenibilidad fiscal, que el gobierno del expresidente Uribe pretendió elevar al rango de “derecho colectivo superior” en el Acto Legislativo 016 de 2010, ya no podrá usarse para negar el acceso a derechos fundamentales como la salud, pero caben interpretaciones taxativas que limiten el alcance de la tutela, lo cual para el exmagistrado José Gregorio Hernández sería un “adiós al Estado Social de Derecho”.
“El gobierno nacional, tanto el dirigido por
el expresidente Álvaro Uribe como el actual del
presidente Juan Manuel Santos, ha interpretado
la Sentencia T-760/08 desde un punto de
vista utilitarista e individualista”.
CSR
La Comisión considera el proyecto del gobierno Santos, que define el “núcleo esencial” del derecho a los servicios de salud, como la continuidad de la idea de la “insuficiencia de la UPC”, basada en simple información de las EPS y sin cuestionar su uso de recursos. Así, la “evidencia científica de costo-efectividad”, que en otros países es una guía de la Epidemiología Clínica para los médicos, aquí sería un mandato legal. Por ello, la Ley 1438/11, supuesta “reforma estructural” para el Presidente, sólo profundiza el modelo de aseguramiento, con el criterio de sostenibilidad fiscal y financiera, y reformula el principio de equidad: admite la igualación de beneficios, pero “evitando que prestaciones individuales no pertinentes de acuerdo con criterios técnicos y científicos pongan en riesgo los recursos necesarios para la atención del resto de la población”, y hay más dinero para ambos regímenes, pero “sin afectar las venas rotas en el uso de los recursos disponibles“. Contempla “prestaciones excepcionales”, pero mientras la EPS sepa que el Fosyga reembolsará el 100%, todo lo aprobará. La misma ley dará mayor gobernabilidad a las EPS, siendo meros intermediarios y no aseguradores que asumen riesgo financiero.
La CSR expresó que la Ley 1438 supone coordinación entre entes territoriales y EPS para articular atención individual con acciones colectivas, y un sistema integrado de información poblacional, sin cuestionar “que la información sigue a las facturas y no a las personas en el sistema actual”. Además, define pautas para el flujo de recursos, sin afectar la posibilidad de glosar las facturas entre prestador y el asegurador, o entre asegurador y fondo pagador. Infiere que pocos meses después de estos ajustes, “aparece la crisis de la coyuntura actual, que hace evidente la insuficiencia absoluta de las soluciones propuestas, pues no enfrentan los obstáculos estructurales para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como ordena la Corte Constitucional”.
Solución alternativa: sistema público y universal
La Comisión en sus “lineamientos de una solución alternativa”, aseveró “que la crisis del sector salud es estructural o de modelo y no de regulación”, o de la relación Estado-sociedad implantada desde comienzos de los años 90, donde “el Estado se retira de la provisión de servicios públicos, abre la participación de agentes de mercado y se concentra en la regulación”.
En consecuencia, propuso un nuevo modelo basado en un sistema de seguridad social público y universal, con financiamiento público, a partir de recursos fiscales y parafiscales progresivos, concertado y participativo, con recaudo y administración descentralizados o territorializados, y electrónicos, y con un Fondo Público Único que genere máxima solidaridad “entre ricos y pobres, sanos y enfermos, jóvenes y mayores”. El pagador territorializado debe tener una red pública sólida apoyada en la estabilidad laboral y complementada con entes privados contratados territorialmente.
También pidió reordenar el modelo de atención integral con énfasis preventivista e intercultural; replantear la Atención Primaria en Salud (APS) a partir de los determinantes sociales e impulsar la formación del talento humano en salud; ciencia, tecnología y control de medicamentos e insumos, consensual y participativamente. Como corolario, la Comisión de Seguimiento concluyó: “En estas condiciones, no es necesario contar con EPS ni con planes de beneficios explícitos”, exceptuando ciertas intervenciones estéticas o experimentales que agotarían una instancia de consulta técnica y política. La CSR hizo un llamado final a la Corte Constitucional, a liderar espacios de debate público, para “la construcción democrática de un nuevo sistema de salud que garantice el goce efectivo del derecho fundamental a la salud en Colombia”.
 
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