MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 155  AGOSTO AÑO 2011    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co

 

No pagar, un propósito nacional

Jorge Luis Jiménez Ramírez - Abogado
La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva No. 22 (en abril de 2010), relacionada con la inembargabilidad de recursos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación y recursos del Sistema General de Participaciones, soportada con abundante normatividad.
El argumento en que se fundamenta la inembargabilidad de los dineros de las EPS, lo soporta la Procuraduría en el artículo 48 de la Constitución Política, que establece la prohibición de utilizar recursos de instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella, y expresamente el artículo 182 de la Ley 100/93 que dispone que las cotizaciones que recauden las EPS pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Este tipo de interpretaciones realizadas de manera tan genérica conducen a equívocos como éste, que han puesto en dificultades a los jueces al momento de decidir sobre el embargo de dineros de las EPS para garantizar el legítimo derecho que tienen los prestadores de servicios de salud a reclamar lo que les corresponde. Y a los prestadores, actores esenciales del sistema de salud, también en dificultades ante la imposibilidad de reclamar por la vía Ejecutiva el pago de los servicios que prestan a la comunidad.
No se puede mirar esta problemática sólo desde la óptica de las aseguradoras de planes de beneficio, como quiera que los prestadores también hacen parte del SGSSS, y cuando acuden a la rama jurisdiccional del poder público a reclamar un derecho legítimo por haber prestado servicios al Sistema, se afirma que no se puede hacer por “…los lineamientos estratégicos de la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos fundamentales y la protección del patrimonio público…”.
Cabe entonces preguntarse: ¿Los servicios que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- entregan a los enfermos por cuenta de las EPS, no son acaso la razón de ser de la seguridad social? ¿No es la prestación de los servicios de salud uno de los fines de la seguridad social? ¿No son los prestadores de servicios, parte importante del Sistema de la Seguridad Social? ¿No tienen los prestadores iguales derechos a los de los promotores? ¿No se abre la puerta para la corrupción?
Este tipo de “Directivas” en donde obligan a una determinada interpretación de las normas es una verdadera injuria a los jueces de la República, pues, ¿dónde queda el concepto del fallador al momento de estudiar y fallar un proceso cuando se le amenaza con investigaciones por su proceder al transgredir el principio de inembargabilidad, creada por la Directiva 22 de la Procuraduría?
Esta Directiva justifica la posición de las EPS de no pagar las atenciones de sus pacientes afiliados de manera oportuna y las autoriza a dilatar indefinidamente el cumplimiento de las obligaciones, sin que los jueces de la República puedan forzarlas a cumplir el pago y la Supersalud no tiene los mecanismos para hacerlo.
Así las cosas, de nada valen todas las normas expedidas sobre plazos para presentación de facturas, respuesta a las glosas y tiempos y plazos para pagar, pues no hay forma de hacerlos cumplir y ello motiva a corrupciones como las detectadas en el sector salud.
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