MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 158  NOVIEMBRE DEL AÑO 2011    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


“No actualización del POS
disparó recobros”: Defensoría

Redacción El Pulso elpulso@elhospital.org.co

Recobros por autorizaciones de CTC como sustituto de la tutela
Los recobros, figura financiera del Acuerdo 228/02 que actualizó el MAPIPOS, permitió formular medicamentos no incluidos en el POS mediante aprobación del Comité Técnico- Científico (CTC), y que la diferencia del precio contra su reemplazo o su similar del POS, fuera recobrado por las EPS al Fosyga. Jurisprudencia en la garantía del derecho a la salud y entre ella, la Sentencia T-760/08, amplió la posibilidad de que además de recobrar medicamentos, también se podían recobrar dispositivos, insumos y procedimientos que requirieran los usuarios.

Y la CRES actualizó y amplió esta facultad en el Acuerdo 008/09.
Desde la creación de la figura que reconoce medicamentos y servicios por fuera del POS, hasta el período de análisis de tutelas 2010, el comportamiento de los recobros presentó un incremento exponencial que se puede segmentar así: de 2002 a 2004, los recobros representaron en promedio el 13,0 % de excedentes de la subcuenta de Compensación, entre 2005 y 2007 esta participación fue del 27,8% en promedio y de 2008 a 2010 la participación desbordó los excedentes de la subcuenta de Compensación llegando a registrar exigencias del 280,7% como se aprecia en la gráfica “Excedentes y recobros”.
La rama de la justicia, desde los jueces municipales hasta las altas cortes, han fallado en la protección del derecho fundamental a la salud, basados en los elementos técnicos que le aportan los profesionales de la salud con el propósito de satisfacer los requerimientos de sus pacientes y en las tecnologías recomendadas por el médico tratante.
Gráfica: Excedentes y recobros 2002-2010
Según el informe “La tutela y el derecho a la salud 2010” de la Defensoría del Pueblo, es una situación diferente que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud -CNSSS-, desperdiciara “una gran oportunidad de analizar más de una década de los reiterados recobros por lo No-POS para haber actualizado técnicamente este paquete de derechos positivos de los usuarios. Por el contrario, este descuido permitió la consolidación de una nueva fuente de recursos, de la cual presuntamente se han aprovechado quienes en este reciente tiempo son denunciados por corrupción, pues las tutelas y autorizaciones por CTC No-POS, son el sensor que monitorea las necesidades en salud de los usuarios y los requerimientos de nuevas tecnologías a incorporar al Plan de Beneficios de manera dinámica, previa sustentación técnica y financiera”.
En consecuencia, dice el informe, “el actual monto de recobros contra la subcuenta de Compensación del Fosyga, asciende a cerca del 25% de las UPC reconocidas para todos los afiliados al régimen contributivo, recursos que no solo hubiesen financiado las inclusiones de actualización, sino liberado recursos a transferir para la unificación del anhelado y justo POS que requiere el régimen subsidiado. Ahora, la difusión de la existencia de una zona gris en el plan de beneficios, parece no haber tenido una intención distinta que incentivar el uso del instrumento del recobro”.
 
“El problema nunca fue la tutela”
“En el desarrollo y evolución del derecho constitucional de la salud, el problema nunca ha sido la tutela, más bien lo ha sido la demora en la adopción de políticas para ajustar los beneficios, los modelos de servicio, los precios o tarifas que no satisfacen las necesidades reales de los usuarios, para asegurar una vida digna y de desarrollo personal en la que prime un enfoque de derechos. Es por eso que se requiere una reglamentación que contemple de manera funcional y efectiva los elementos esenciales del derecho a la salud como es la accesibilidad, oportunidad, disponibilidad y calidad, y no exclusivamente una situación de gestión”. Esta afirmación es del informe “La tutela y el derecho a la salud 2010”, de la Defensoría del Pueblo,
“Al no existir precios de referencia ni un valor máximo a recobrar, las aseguradoras amparadas en el libre mercado facturaron al Fosyga precios con alta dispersión por unidad del mismo principio activo en una misma presentación farmacológica y que según informes de la Federación Médica Colombiana (1) y del Ministerio de la Protección Social superaron hasta 7 veces los precios medios del mercado. Es por ello que la Defensoría del Pueblo en reconocimiento al orden constitucional de libre mercado y la libertad de precios, demanda del gobierno nacional establecer los límites entre la utilidad o ganancia lícita y la especulación, con el fin de dar orden a las finanzas del sistema y establecer la suficiencia de los recursos para garantizar el derecho constitucional a la salud”.
La Defensoría espera que las directrices de control de precios activadas después de la amenaza sobre la estabilidad y sostenibilidad financiera del sistema de salud (2) y los resultados de investigaciones de organismos de control y de justicia, atenúen el impacto sobre los recursos del sistema y brinden claridad respecto del goce efectivo del derecho a la salud, el cual debe ser progresivo, como lo establecen instrumentos internacionales y compromisos de Colombia en convenios internacionales de derechos humanos.
 
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