MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 158  NOVIEMBRE DEL AÑO 2011    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Cooperativas de Trabajo Asociado en
el banquillo: también en salud
Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co
Bien dicen que los métodos utilizados en Israel para fertilizar desiertos, se utilizan en Colombia para secar pantanos. Trabajadores, políticos de varios colores, entes de salud y demás sectores y el mismo gobierno admiten que el grueso de las Cooperativas de Trabajo Asociado -CTA-, se pervirtieron para violar los derechos laborales, al hacer intermediación laboral sin contratación directa, y para pagar menos del salario mínimo legal y evadir el pago de seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones sociales.
Según Confecoop, al cierre de 2010 había 4.307 CTA en Colombia, con activos por $1.6 billones, 610.5256 asociados y 2.500 empleados. John Jairo Gómez, presidente del Comité Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado, informó que cerca de 80% de las CTA incumplen las normas legales y 30% están en proceso de liquidación.
La Ley 1429/10 o “del primer empleo”, pretende estimular la promoción y formalización de empresas que generen puestos de trabajo. Ante los estragos laborales de las CTA, su artículo 63 consagra: “El personal requerido en toda institución y/o empresa pública o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de CTA que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecta los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes”.
En el sector salud, la reestructuración
de hospitales significó salir de trabajadores
de planta, la mayoría sindicalizados y cobijados
por convención, para reemplazarlos por
personal de cooperativas.
“Estado debe dar la mano a la salud”
“El problema de las CTA es del Estado que las creó, él lo deberá solucionar”, afirmó Gómez: “Necesitamos que el Estado le dé la mano a la salud pública, los recursos que necesita, eso no puede ser tercerizado, o que le entregue los hospitales completos, con gerente y todo, a las CTA para que los gestionen, no para mandarle 4 o 5 trabajadores”.
Expresó que “como ello implica cambios políticos e intrigas, eso no se va a dar. El Estado no controla, pasa de agache pues tiene un rabo de paja muy grande con la salud”. Precisó que 49 de 132 CTA de Confecoop-Antioquia tienen grandes dificultades, unas están en liquidación y otras aguantan, al quedar con trabajadores que nadie contrata. Empresarios y clientes de cooperativas, para evitar sanciones del decreto 2025/11, cancelan contratos.
“CTA no son cooperativas”: Escuela Nacional Sindical
“Las CTA no son cooperativas, no tienen vida democrática, no son formadas voluntariamente por sus asociados, sino en la mayoría de casos por las empresas; en una estrategia para reducir costos y precarizar condiciones de trabajo”, afirmó Héctor Vásquez, coordinador de Educación y Fortalecimiento, de la Escuela Nacional Sindical.
“Los trabajadores en ellas no son considerados como tales sino como cooperados, no los rige el Código Sustantivo del Trabajo sino la Ley de cooperativas, la mayoría están excluidos de la seguridad social (tienen que pagarla), y no pueden ejercer sus derechos de asociación, negociación colectiva y huelga. En el sector salud, la reestructuración de hospitales significó salir de trabajadores de planta, la mayoría sindicalizados y cobijados por convención, para reemplazarlos por personal de cooperativas. La prueba de que no son cooperativas es que se transforman en falsos sindicatos, como en la Clínica León XIII en Medellín, donde el contrato cooperativo se transforma en contrato sindical, en condiciones peores que las de la cooperativa, forma fraudulenta de burlar la ley; o las convierten en sociedades anónimas simplificadas, otra forma ilegal de intermediación, donde tampoco tienen derechos, pues su vinculación es igual de precaria que en la CTA”.
“No todas las CTA en salud son ilegítimas”
Advirtió Vásquez que entre las cooperativas de médicos, enfermeras, especialistas, no todas las CTA son ilegítimas, algunos sectores especializados tienen cooperativas de verdad, manejadas por especialistas, y contratan a través de ellas, pero son la excepción. La mayoría de cooperativas son para contratar enfermeras auxiliares, servicios auxiliares del sector, camilleros, alimentación, lavandería, etc., simple estrategia de intermediación laboral y abaratamiento de costos: “Una cooperativa de verdad tiene que ser dueña de los medios de trabajo, tener autonomía en su organización y desarrollo, y estos requisitos no se cumplen, simplemente suministran mano de obra. Pero la capacidad de investigación del Estado es muy débil, el gobierno se comprometió a nombrar 100 inspectores para vigilarlas y no lo ha hecho, y aunque se sanciona, es muy lenta la acción del Estado”.
 
“Falta control del Estado”
John Jairo Gómez, presidente del Comité Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado, pidió mayor control del Ministerio de la Protección Social, porque constitucionalmente, él debe velar por el trabajo en Colombia. Dijo que el incumplimiento de las normas por un 80% más o menos de las CTA, se debe al crecimiento desbordado y a falta de control.
Y advirtió: “El problema de las CTA en la salud es aún más delicado, porque el Estado a través de la Circular 36/07, legalizó lo que era ilegal, dividió las CTA de salud en 3 grupos: las de la práctica profesional que no son IPS, las que hacen procesos misionales en IPS públicas y las que somos IPS, como prestadores y parte integral del sistema”. Anotó que en Colombia hay 22 IPS cooperativas, al lado de 1.200 de procesos especializados en salud, sin ser parte del sistema. Las CTA de la salud tercerizan el empleo de unas 50.000 personas, profesionales sobre todo: “Si uno visitara los 1.200 municipios de Colombia, encontraría CTA en los 1.200 hospitales, pues el Estado las creó para eso”.
 
Fundación Éxito defiende su modelo de CTA
Tal como afirma el presidente del Comité Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado, John Jairo Gómez, las irregularidades no cobijan a todas las empresas que existen bajo esta figura. Germán Jaramillo, director de la Fundación Éxito, defendió la honestidad y transparencia en la Cooperativa Creser: “Las cooperativas que apoyó Almacenes Éxito siempre estuvieron ajustadas a la ley y dieron oportunidad de trabajo a muchos jóvenes empacadores, fue su primer empleo que les permitió ser profesionales exitosos”.
Explicó: “La compañía ante la gran presión política y de medios de comunicación, cogió este oficio contratado con un tercero -con toda la legalidad- y vinculó a la empresa a quienes trabajaban como empacadores, pero las cooperativas siguen en actividades con menos cuestionamiento político y mediático. Hay cooperativas no ajustadas a la ley, pero ese no es nuestro caso; no fue afortunada la discusión nacional, porque subsisten muchas cooperativas disfrazadas, que no cumplen la ley y no les pasó nada. La nuestra era una cooperativa de jóvenes estudiantes que trabajaban medio tiempo y el otro medio estudiaban, autogestionada por ellos, con servicios a la compañía, la cual pagaba un valor/hora que cubría seguridad social, dotación, administración y compensaciones”.
El dirigente expresó que nunca en esas cooperativas se evadió el pago de aportes parafiscales ni de obligaciones laborales: “Las CTA son una forma de trabajo diferente al trabajo independiente y al trabajo dependiente, según sentencia de la Corte Constitucional y cada una con reglamentaciones distintas; antes que violaciones de la ley, en Creser hubo promoción humana y primer empleo para miles de jóvenes. Eran unos 4.000 empacadores en forma permanente. Creser funciona en Antioquia y la costa atlántica, hay otra en el Valle (Futuro) y otra en Bogotá, Naser. En cualquier campo social, no solo en el de cooperativas, hay empresas bien manejadas y ajustadas a la ley, y otras no; también hay sociedades anónimas limitadas que evaden impuestos u obligaciones laborales. El gran equívoco fue pretender que porque unas no cumplían la ley, había que acabar esta modalidad de trabajo: lo que faltó fue regulación y control del Estado para evitar estos excesos, porque abusos en nuestro país hay en todos los campos. Y adicional hubo un tratamiento discriminatorio, pues el Congreso de la República adelantó el plazo para normalizar las CTA, pero dejó por fuera el grupo de las que prestan servicios de salud. El parágrafo de la Ley 1438 que reglamenta la prestación de servicios por CTA sigue vigente hasta 2013, no lo derogó el Plan de Desarrollo: eso no tiene una justificación muy clara”.
 
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