MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 158  NOVIEMBRE AÑO 2011    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co

 

La justicia no marcha
entre nosotros

El artículo 2º de nuestra carta constitucional establece los fines esenciales del Estado, y entre ellos, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; y dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de derechos sociales del Estado y los particulares.
En este orden de ideas, es responsabilidad de todas las autoridades de la República la consecusión de esos fines del Estado, que es la garantía del ejercicio de derechos y libertades de los residentes en el país. Pero cuando observamos la cotidianidad de los ciudadanos colombianos, encontramos cómo las responsabilidades en la búsqueda de estos fines se diluye entre todos y esta realidad no es nueva; veamos como informaba el periódico El Colombiano en su edición del 11 de febrero de 1959:
“La justicia no marcha entre nosotros, es lenta, hay impunidad, y muchas veces las investigaciones de horrendos crimenes no se perfeccionan. La Corte Suprema ha explicado las causas de esas deficiencias, que originan un problema de graves propociones en el país…”.
Parece escrito para la edición de hoy. La comunidad discute con toda la fuerza de los argumentos, la necesidad de una administración de justicia oportuna e independiente de los demás poderes, con jueces suficientes y conocimientos necesarios para hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y la ley: sin ello no será posible la convivencia social y la anhelada paz.
Pero no podemos olvidar que no basta con un aparato jurisdiccional con muchos y bien preparados y mejor intencionados jueces: son indispensables normas que realmente garanticen la convivencia de los ciudadanos y la expedición de leyes es responsabilidad de los legisladores.
Hoy se crean juzgados, se redistribuyen competencias, se aumentan penas pero también se conceden rebajas a las mismas, haciendo que el delito quede impune. Se exige a las autoridades de policía eficiencia, pero cumplida su tarea al llevar al presunto delincuente ante el juez, éste aplicando la norma debe no pocas veces liberarlos, bien por “errores” en el procedimiento de captura o porque la pena establecida para el delito sea de prisión que no exceda 3 años, o que la modalidad del delito sea indicativo que no existe necesidad de ejecución de pena. En este orden, la delincuencia se burla abiertamente de la sociedad. Ya se habla de una nueva reforma a los códigos procesales. La seguridad jurídica ante la decisión de los jueces está en entredicho, pues además de los recursos ordinarios quedan los extraordinarios y aún la tutela para impugnar decisiones judiciales, amén que los procesos pueden reiniciarse en ciertas circunstancias en ejercicio del derecho.
Nuestro ordenamiento legal ordena que la administración de justicia sea pronta, cumplida y eficaz en la solución de asuntos sometidos a su consideración. ¿Será que llegaremos algun día a una administración de justicia que realmente garantice la vida en comunidad? 6
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