MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 161  FEBRERO AÑO 2012    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co

 

¿Y la discriminación
a extranjeros en salud?

El pasado 30 de noviembre, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, sancionó la Ley 1482 con la cual se pretende garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidades o pueblos, que hayan sido vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. Con este propósito, la nueva ley modifica el Código Penal, introduciendo un nuevo capítulo al título I del libro II de la obra, denominado “De los actos de discriminación”.
El artículo tercero de esta ley es así:
Artículo 3°. El Código Penal tendrá un artículo 134A del siguiente tenor:
Artículo 134 A. Actos de racismo o discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El artículo 5° de la esta ley considera circunstancias agravantes y por ello incrementa las penas cuando la conducta se realice por servidor público, o cuando ésta se efectúe por causa o con ocasión de la prestación de un servicio público.
Esta norma genera grandes inquietudes en diferentes ámbitos; recordemos como a un ciudadano americano se le objetó el derecho a la adopción, por haber expresado su condición de homosexual, hechos estos en que participó activamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); y como un día después de asistir a la sanción de esta ley, a un ilustre sanandresano le niegan el servicio en un bar de Cartagena. Éstos son solo dos de los hechos en que la ley ha de aplicarse, pero hay muchos más.
Cabe aquí preguntar: ¿Qué pasa con los extranjeros que buscan atención en salud?
El artículo 49 de la Carta define la atención en salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo o del Estado; en ese orden, disposiciones ampliamente debatidas ante los jueces constitucionales definieron cómo no puede existir diferencia entre nacionales y extranjeros al momento de solicitar servicios de salud. Por ende, no pueden existir diferencias entre unos y otros, pues se incurriría en violación al principio de igualdad ante la ley, como lo tipifica el artículo 134 A y siguientes del Código Penal.
¿Llegarán entonces las denuncias?
jljr@elhospital.org.co
 

 

 









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