MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 195  DICIEMBRE DEL AÑO 2014    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Vuelve y juega: Congreso intenta corregir rumbo de finanzas de la salud

Juan Carlos Arboleda Z. - Perodista - elpulso@elhospital.org.co
El año 2014 finaliza con nuevos congresistas y un segundo tiempo para la administración Santos, pero la estrategia de pretender enderezar el sistema de salud a punta de leyes, no cambia. El pasado 4 de noviembre, un nuevo proyecto de reforma fue radicado en la Comisión Séptima con el número 024/2014 Senado, radicación que engrosaría el listado de intentos legislativos fallidos por su hundimiento como le pasó al proyecto gubernamental 210, o por la falta de implementación como las leyes 1122/07 y 1438/11, pues la mayor parte del articulado reposa en el recuerdo de lo que pudo ser y no fue.
Este proyecto es el resultado de la conciliación de una propuesta presentada por el Partido Liberal con un tímido respaldo del Ministerio de Salud, y otra proveniente del Centro Democrático. Como dice su título, la ambición es corta: no reformar el sistema de salud sino dictar “disposiciones que regulan la operación”, intención que se ratifica claramente en el artículo primero: “Tiene por objeto fijar medidas de carácter financiero y operativo para avanzar en el proceso de saneamiento de deudas del sector y en el mejoramiento del flujo de recursos y la calidad de servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. En otras palabras, limpiar la casa financieramente.
Si bien el proyecto no es de iniciativa gubernamental, una vez conciliado el texto el ministro Alejandro Gaviria mostró cierto apoyo, aunque sentando posición de que no está de acuerdo con todo el texto. La timidez del acercamiento puede deberse a la presencia del senador Álvaro Uribe como autor y de ahí que la Unidad Nacional se encaramara al tren a última hora, para dar apoyo desde la sombra. Lo cierto es que al gobierno Santos le conviene la iniciativa, entre otras razones porque se enmarca dentro del famoso “Plan B” planteado tras hundirse la propuesta gubernamental de ley ordinaria del proyecto 210.
Dicho “Plan B” consiste en aprobar vía decretos y otros actos administrativos aquellos componentes de la reforma que no requerían leyes, y lo demás tramitarlo con el más bajo perfil posible para evitar el rechazo y críticas que los distintos sectores de la salud y de la comunidad manifestaron en el último intento legislativo, con marchas en todo el país.
El nuevo proyecto
En 24 artículos la iniciativa busca básicamente sanear las finanzas del sistema de salud y mejorar los mecanismos de flujo de recursos, reconociendo tácitamente la gravedad de la deuda de las EPS con los prestadores, como se observa en todo el proyecto; para ello 'raspa la olla' de diversas fuentes de financiación, determina algunas nuevas, amplía el giro directo de recursos, y como ya es costumbre en toda propuesta de ley relacionada con la salud, intenta fortalecer a Supersalud para que controle, aunque esta vez con el apoyo de la Superfinanciera que vigilaría las cuentas del Fosyga.
Establecer fuentes de recursos para salud
Los primeros artículos establecen fuentes de recursos. La primera es reformar la distribución del Sistema General de Participaciones (SGP) a partir de la vigencia 2015, así: 10% para cofinanciar las acciones en salud pública, hasta el 80% para el régimen subsidiado y el resto para prestar servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y financiación del subsidio a la oferta. Estos últimos dineros se entregarían a los entes territoriales una vez descontados los recursos para financiación del Fonsaet (art. 50 Ley 1438) y un porcentaje que defina el gobierno para financiar los subsidios a la oferta.
Se busca sanear las finanzas del sistema
de salud y mejorar los mecanismos de flujo de recursos,
reconociendo la gravedad de la deuda de las EPS
con los prestadores; para ello 'raspa la olla'
de diversas fuentes de financiación, determina
algunas nuevas, amplía el giro directo de recursos
e intenta fortalecer a Supersalud.

La distribución se haría bajo criterios como dispersión poblacional, eficiencia administrativa o fiscal en la gestión de prestación de servicios de salud, y en el subsidio a la oferta se consideraría la dispersión geográfica, accesibilidad y existencia en el territorio de monopolio público en la oferta de servicios trazadores. Estos dineros podrían utilizarse en: financiación de prestación de servicios de salud a población pobre y vulnerable en lo no cubierto con subsidios a la demanda; financiación del subsidio a la oferta entendido como co-financiación de la operación de prestación de servicios por instituciones públicas en zonas alejadas o de difícil acceso que sean monopolio en servicios trazadores y no sostenibles por venta de servicios; y formalización laboral en condiciones de sostenibilidad y eficiencia. De existir excedentes y saldos no comprometidos del SGP para prestación de servicios en lo no cubierto con subsidios a la demanda, éstos irían al pago de deudas por prestación de servicios de salud no incluidos en el POS de vigencias anteriores, o para financiación de formalización laboral en Empresas Sociales del Estado.
Otra fuente de recursos en el artículo 3 se refiere al uso de excedentes de aportes patronales del SGP y señala que las administradoras de pensiones (tanto de prima media como de ahorro individual), las administradoras de cesantías y las de Riesgo Laborales (ARL), las EPS y el Fosyga, deberán girar los recursos no saneados a la red pública, los cuales se utilizarán privilegiando el pago de pasivos laborales, aportes patronales y pago de servicios de salud no cubiertos con subsidios a la demanda a cargo del ente territorial.
En una línea de acción parecida se propone el uso de excedentes de las rentas cedidas, permitiendo a departamentos y distritos utilizar los saldos no comprometidos a 31 de diciembre de las vigencias de 2012 hasta 2015 de este rubro, para el fortalecimiento de infraestructura, renovación tecnológica, saneamiento fiscal y financiero de las ESE y pago de deudas del régimen subsidiado bajo los parámetros del artículo 275 de la Ley 1450/11; estos recursos serían girados directamente a las IPS. Igual se plantea usar recursos de regalías para el pago de deudas del régimen subsidiado de los municipios: los entes territoriales que reconocieron deudas del subsidiado a las EPS por contratos hasta marzo 31 de 2011, utilizarían recursos de regalías para atender dichas deudas, y los montos se girarían directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Para el saneamiento de pasivos de las IPS o para otorgarles liquidez, el artículo sexto incluye una propuesta del ministro Alejandro Gaviria que genera total rechazo de los supuestos beneficiarios: otorgar líneas de crédito blandas con tasa compensada a las IPS, para generar liquidez y financiar pasivos por servicios de salud causados por entidades responsables del pago; y cuando el pasivo provenga de EPS en liquidación o liquidadas, el crédito sería hasta por “el monto de las acreencias insolutas”. De aprobarse este artículo es muy posible que no tenga ningún efecto, por cuanto para las IPS no resulta lógico endeudarse en vez de exigir el pago de unas deudas reconocidas. Por eso la figura más que salvar a los hospitales de la crisis, lanza un salvavidas a las EPS deudoras (todas), mientras los prestadores pasarían de ser reclamantes de derechos, a deudores.
Otras medidas contempladas en el proyecto incluyen que los recursos de excedentes de las subcuentas del Fosyga puedan utilizarse para compra de cartera; que el giro directo a los prestadores se extienda al régimen contributivo e incluso a los proveedores como beneficiarios, y por concepto de reembolsos del Fosyga a las EPS por servicios No-POS. Y el artículo 8° señala que la subcuenta del Fosyga para lo No-POS y prestaciones excepcionales tenga fondos del Presupuesto General de la Nación, para atender faltantes de recursos y cancelar oportunamente recobros por estos conceptos.

 
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