MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 16    No. 198  MARZO DEL AÑO 2015    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Desequilibrio normativo en exigencias
de habilitación a EPS e IPS


La habilitación de EPS:
para que sigan igual
Juan Carlos Arboleda Z.- Periodista elpulso@elhospital.org.co

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció durante buena parte del segundo semestre de 2014 que su cartera preparaba un nuevo decreto de habilitación de EPS que depuraría su cantidad -bandera desde el ministro Diego Palacio - y mejoraría la calidad de las que quedaran habilitadas, para así ajustar irregularidades de los últimos años en el sistema de salud; ello ratificaba el argumento de señalar esos casos como situaciones específicas de algunas aseguradoras y no como fenómeno generalizado en el sistema.
El 23 de diciembre el decreto 2702 vio la luz con los requisitos de habilitación: “Por el cual se actualizan y unifican las condiciones financieras y de solvencia de entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud”. Lo particular es que leído el contenido, todos coinciden en su laxitud y la falta de medidas para depurar el número de EPS y menos aún garantizar mejoramiento en la calidad de sus servicios.
Las disposiciones
El decreto aplica para todas las entidades aseguradoras en salud, con excepción de las de salud indígenas que continúan regidas por la Ley 691 de 2001.
Les ordena adecuar las contabilidades y sistemas de información con el fin de diferenciar las operaciones propias del aseguramiento en salud, de las relacionadas con prestación de servicios No-POS y planes complementarios. Recuerda en su artículo 4 que “los recursos para la atención en salud no podrán usarse para adquirir activos fijos en el territorio nacional ni en el exterior, ni en actividades distintas a la prestación de servicios de salud”, actividad que se constituye en una “práctica insegura y no autorizada”.
Los elementos centrales del decreto están en los artículos quinto y noveno que definen el capital mínimo y los plazos para cumplir los requisitos financieros. El artículo 5 establece que el capital mínimo a acreditar para entidades que se constituyan a partir de la entrada en vigencia del decreto será $8.788 millones para 2014 y que además deberán cumplir con un capital adicional de $965 millones por cada régimen de afiliación al sistema salud, contributivo y subsidiado, y para planes complementarios de salud; este monto se aumentará anualmente en el porcentaje del IPC dado por el DANE.
Sin embargo aclara que dicho capital también rige para EPS ya existentes, que deberán acreditarlo en los plazos del artículo noveno; acá comienza la discusión, puesto que estos plazos se extienden por 7 años, son graduales, e incluyen a todas las EPS habilitadas para operar y que no cumplan en la actualidad “con los requisitos financieros de capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión de las reservas técnicas”. En otras palabras, casi todas, incluidas las que están bajo alguna figura de intervención de Supersalud.
“Llama la atención en el tema del lapso
de tiempo para alcanzar las exigencias mínimas,
la laxitud para las EPS comparada con la rigurosidad
aplicada a prestadores”.
Dr. Luis Alberto Martínez
La gradualidad a cumplirse en los próximos 7 años no puede calificarse de especialmente dura. El artículo noveno señala: “Al final del primer año del primer plazo la entidad deberá haber cubierto al menos 10% del defecto, al término del segundo año el 20%, al término del tercer año el 30 %, al término del cuarto año el 50%, al término del quinto año 70%, al término del sexto año el 90%, al final del séptimo el 100%”. Estamos hablando entonces de que las actuales EPS tendrán hasta el año 2021 para ponerse al día con los requerimientos financieros, lo que significa casi una amnistía para las que hoy incumplen.
Un sabor agridulce
Si bien el resto del articulado se puede considerar de carácter técnico, sus potenciales logros no colman expectativas frente a las exigencias anunciadas en la habilitación de EPS.
El secretario de Salud de Medellín, Gabriel Jaime Guarín, señala que el 2702 unifica las obligaciones de las EPS de ambos regímenes y las hace más homogéneas en la lógica de no crear diferencias en la financiación ni en el Plan Obligatorio de Salud. Resalta el que permite entender más fácil las obligaciones y tener un lenguaje más aceptable desde la contabilidad y la administración financiera, pero afirma: “No sé si logra generar un estímulo para las EPS más eficientes, porque la gradualidad en cumplimiento de las metas hace que por mucho tiempo haya que cumplir cosas; entonces cuando el gobierno quería delimitar un poco más rápido el pool de riesgo en función de la capacidad de las EPS, una gradualidad de 7 años genera la continuidad de EPS que no funcionaron bien en años anteriores. Es posible que se logre mayor organización, pero el efecto que el gobierno pretendía por esta vía de habilitación puede que no sea el buscado; es posible buscar otros mecanismos como evaluación de calidad, redes de servicios, problemas en contrataciones, manejo de tarifas, pero en estructura financiera había más expectativa”.
Y es que las expectativas quedaron truncadas desde que la mayoría del articulado se limitó a hacer aclaraciones sobre conceptos contables, importantes pero no esenciales para el buen funcionamiento de un actor de gran importancia dentro del sistema de salud.
Luis Alberto Martínez, director de Aesa, plantea que más allá de hacer ajustes a los indicadores financieros de EPS, acentuándolos ante todo en el subsidiado -el contributivo ya venía cumpliendo algunos-, en el fondo el decreto busca fortalecer la vigilancia de los aseguradores en el cumplimiento de unos estándares que les den mayor patrimonio y mejor utilización de los recursos, y un margen de solvencia adecuado para cubrir sus deudas: “Hasta ahí todos estamos identificados en que esa es una tarea pendiente para mantener el sistema de aseguramiento comercial para la salud, sin embargo el mayor pero proviene de que se otorgan 7 años a las EPS para cumplir paulatinamente los indicadores, planteando así que hay que defender el aseguramiento muy en detrimento de los prestadores públicos y privados que cargan una cartera enorme que supera los $12 billones; así no hay aliciente para sanear recursos rápidamente entre EPS e IPS”.
Lo que llama la atención en el tema del lapso de tiempo para alcanzar las exigencias mínimas, es la laxitud para las EPS comparada con la rigurosidad aplicada a prestadores: “Esto contrasta con los estándares de habilitación para las IPS cuya resolución (la 2003) entró en vigencia el 1º de febrero de 2015, y donde el ente territorial que ejerce la función de verificación puede llegar a un hospital o un consultorio, y si no se cumple uno solo de los componentes de estos estándares se cierra el servicio automáticamente. Es un tratamiento muy diferente al dado a la intermediación financiera”, dijo el doctor Martínez.
Otro elemento interesante es que el lapso de 7 años no es una figura nueva, ya el decreto 574 de 2007 también de habilitación, le había otorgado a las EPS el mismo tiempo para cumplir los márgenes de solvencia, con la diferencia que en ese momento se manejó un valor equivalente a los 10.000 SMMLV. El decreto decía: “Las entidades que a la entrada en vigencia del presente decreto registren un margen de solvencia insuficiente, podrán alcanzar el monto determinado en este artículo, ajustando de manera gradual el valor del factor de riesgo definido en el 10%, comenzando con un 5% para el fin del primer año, es decir para el 30 de junio de 2008, con un 6% para el fin del segundo y tercer años a partir de esta fecha, con un 7% para el fin del cuarto año, con un 8% para el fin del quinto año, con un 9% para el fin del sexto año y con un 10% para el fin del séptimo año y siguientes”, lo que significaba que el plazo culminaba en 2014. Sin embargo con el nuevo decreto y el copy paste de la amnistía, la obligación queda eliminada y comienza un nuevo partido.
En cuanto al monto de recursos mínimo que deben acreditar las EPS, de $8.788 millones, el doctor Martínez señala que son exiguos en comparación con los grandes recursos que manejan estas empresas y más frente a la cartera existente: “Por ejemplo Caprecom en Antioquia solo a los hospitales públicos les debe $56.000 millones, entonces esas cifras no son comparables”.
 
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