MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 16    No. 198  MARZO DEL AÑO 2014    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

“Plan Nacional de Desarrollo amenaza los hospitales públicos y la salud”: Aesa
Redacción El Pulso - elpulso@elhospital.org.co
Para la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), resulta muy preocupante que las bases y el articulado del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND), contengan elementos que perjudican la continuidad de los hospitales públicos y la salud de los colombianos, más teniendo como referente de comparación la recién firmada Ley Estatuaria en Salud y la sentencia de exequibilidad condicionada C-313 de 2014 de la Corte Constitucional.
Aesa considera que se debe abrir un debate nacional para desarrollar la Ley Estatutaria como una oportunidad para transformar el sistema de salud en uno que realmente garantice el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y que avance en el cuidado integral de la población con una mejor aplicación de los recursos disponibles, frente a lo cual el PND va en contravía. Algunos ejemplos:
Si bien el artículo 61 plantea como parte del modelo de atención la conformación de Redes Integrales de Servicios de Salud, el art. 200 deroga los artículos 60 a 64 de la Ley 1438 sobre las bases para implementarlas, desconociendo que las RISS fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional; es decir, el PND va en contra de la Ley Estatutaria.
En las bases del PND se comete un grave error al plantear que en las zonas urbanas faltan servicios complementarios (especializados), esto no es cierto en todo el país y lo adecuado sería avanzar en suplir las necesidades de servicios de salud en todos los niveles de atención, recuperando la planificación del Estado sin dejarla al mercado, ya que éste planifica según la rentabilidad financiera y no por necesidades de la población, como se evidencia con el cierre de servicios materno-infantiles y otros poco rentables.
EL PND establece copagos por prestaciones no incluidas en el POS, limitando así el acceso de las personas y trasladándoles el riesgo financiero.
Centraliza en Bogotá el manejo de recursos de entes territoriales que deberán ejecutarse y presupuestarse sin situación de fondos. Esto limita la capacidad de acción de autoridades locales de salud y entrega esos dineros a especulación de quien administre.
Los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados al financiamiento del sistema de salud se presupuestarán como transferencias, las cuales se entenderán ejecutadas con su giro al Fondo. La opción más adecuada sería asignar a cada territorio los recursos necesarios y vigilar su eficiente ejecución en necesidades en salud.
En las bases del PND proponen “desarrollar esquemas alternativos de operación de hospitales públicos… enfrentar limitaciones en eficiencia y sostenibilidad de la red hospitalaria pública… formulación e implementación de alternativas jurídicas, técnicas, administrativas, financieras y operativas… con miras a la adaptación de estas instituciones”, desconociendo que los problemas de sostenibilidad se generan en gran medida por incumplimientos de pago de las EPS. Además reitera la voluntad de liquidar hospitales públicos con argumentos de rentabilidad financiera, en contra de lo planteado en la Ley Estatutaria y la Sentencia C-313: “La extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social” (art. 13).
El PND también perjudica al talento humano en salud, al señalar que el gobierno fijará reglas para garantizar que las empresas cumplan normas laborales en procesos de tercerización, aunque éstos carecen de la principal característica del trabajo decente: la estabilidad; ello contradice la jurisprudencia, la Ley Estatutaria y la Sentencia C-313.
Resultan igualmente preocupantes las derogatorias de otras leyes que hace el PND en su artículo 200 y cuyo contenido es de gran importancia para el sistema de salud, como:
Deroga el artículo 42 de la Ley 1122 y el 137 de la Ley 1438, sobre creación y financiación del Defensor del Usuario en salud. Derogarlos contradice a la Ley Estatuaria en su artículo 12, sobre participación en las decisiones del sistema de salud.
Deroga los artículos 12 y 13 de la Ley 1438, que establecen a la Atención Primaria en Salud como la gran estrategia para avanzar en el cuidado integral de la población, cuando la Ley Estatutaria y la Sentencia C-313 plantean: “Es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas para la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud”.
Son muchos más los componentes del PND que afectarían la correcta aplicación de la Ley Estatutaria en Salud y por ende atentan contra la salud de los colombianos: por ello Aesa hace un llamado al sector salud, al Congreso y a la comunidad a estudiar el proyecto de ley del PND y pronunciarse, para que las transformaciones que requiere el sistema de salud sean construidas entre todos y a la medida de las necesidades reales.
 
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