MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 6    NO 67    ABRIL DEL AÑO 2004    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Se empieza a sentir vigilancia y control en el sector salud
Luz Enidia Largo Arteaga - Periodista elpulso@elhospital.org.co
A la expectativa se encuentra el sector salud del país, frente a la manera en que serán resueltos algunos procesos relevantes que en materia de vigilancia y control se vienen adelantando desde la Superintendencia del ramo y otros entes a los que también competen funciones de inspección en entidades del sistema de salud. Casos específicos son el de Saludcoop EPS y el lío jurídico en el que se enfrenta a la Dian por presunta evasión de impuestos; el de Cajanal y la Supersalud, que al parecer le retiró la licencia de funcionamiento a una entidad que ya no existía; el de la Beneficencia de Antioquia que tendrá que pagar una fuerte sanción en caso de no tener argumentos valederos para responder ante la Superintendencia por no transferencia de recursos para salud cercanos a $222.000 millones; y finalmente, el rumbo que tomarán las notificaciones presentadas por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá a la Supersalud contra las ARS Humana Vivir y Salud Total, por presunta irregularidad en el proceso de libre selección de usuarios.

Son casos todos en los que pareciera perfilarse el gesto usual del que sale de un profundo sueño: Es como si los encargados de velar por el buen manejo de las entidades y los recursos de salud comenzaran a salir de un largo letargo inercial.
Saludcoop EPS: ¿sin ánimo de lucro?

Este aspecto legal con el cual fue constituida hace una década la EPS Saludcoop parece estar en entredicho, por lo menos a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, organismo que al parecer no está de acuerdo con la manera en que la EPS levantó reservas patrimoniales por valor de $78.000 millones entre 2001 y 2002, y sobre las cuales no pagó al erario público el 20% del impuesto correspondiente, monto que asciende a los $25.400 millones, no pago que según notificó la entidad recaudadora genera sanciones por $40.681 millones, lo que suma un total de $66.081 millones.
Ante los requerimientos emanados de la División de Fiscalización Tributaria de la Dian, el doctor Carlos Palacino Antía, presidente de Saludcoop, explicó por diferentes diarios nacionales (ya que no pudo atender los contactos de este medio periodístico), que a la entidad le están aplicando el régimen de renta y complementarios, impuesto del que está exenta la EPS por ser una organización del sector cooperativo, además de que la Dian desconoce dos provisiones que son de ley y que están reglamentadas por la Supersalud.
Una de éstas es la reserva sobre los gastos médicos autorizados que al cierre de mes no cuentan con la respectiva factura, es decir la reserva para riesgos en curso, que es deducible del impuesto de renta. La otra es la reserva de pro-tección de cartera, para la cual Saludcoop destinó $3.000 millones ante los $15.000 millones adeudados por los municipios dentro del régimen subsidiado.
Aunque los abogados de la empresa aseguran tener la argumentación legal para reversar las disposiciones de la Dian, habrá que esperar para saber quién es el que amañadamente está interpretando la ley, aunque al parecer a las directivas de Saludcoop no las desvela el hecho de tener que sacar de sus arcas la módica suma de $66.000 millones: "Frente a una empresa que mueve $1,46 billones al año no es una situación preocupante en caso de tener que pagarse", declaró Palacino a un diario nacional.
Cajanal EPS: ¿Era o no era?
En un país como el nuestro, donde la tramitología es uno de los mayores obstáculos para que las disposiciones de la ley sean acatadas, no es novedad la controversia alrededor de la suspensión de la licencia de funcionamiento a Cajanal EPS, decisión tomada por la Superintendencia Nacional de Salud en la Resolución No. 281 el pasado 1º de marzo, mediante la cual revocó la autorización para administrar y operar el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud a Cajanal EPS, y la negativa del presidente de Cajanal S.A EPS, Mario Solano Calderón, de aceptar dicha decisión.
Y es que mientras la Supersalud presenta una buena cantidad de motivos para tomar semejante medida, entre ellos las dificultades patrimoniales y financieras de la entidad y las graves fallas en la prestación de servicios de salud a sus cerca de 200.000 afiliados, Solano Calderón sostiene que la suspensión de la autorización para operar como EPS recae sobre la empresa antigua, ya que la nueva fue creada por Decreto-ley 1777 de 2003 y trae consigo la nueva licencia de funcionamiento, y por lo tanto la sanción no se le puede aplicar a la nueva Cajanal EPS S.A. que se creó tras la escisión de la empresa.
La medida, además, parece que tomó por sorpresa a la nueva Cajanal, pues ésta al momento de ser notificada estaba adelantando el proceso de reestructuración de la entidad, reglamentado mediante los decretos 64 y 65 de enero 15 de 2004, en los cuales se hacían oficiales los cambios en la planta de personal y el nacimiento de las dos nuevas empresas: Cajanal S.A EPS encargada de salud y Cajanal Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) cuyo negocio son las pensiones; además, la semana anterior a la notificación de la Superintendencia, había sido aprobado en plenaria de la Comisión Séptima del Senado una propuesta en la que Cajanal con el desarrollo de un Plan de Desempeño por el resto del año, ajustaría su estructura para cumplir cabalmente con la misión de prestar servicios de calidad a sus usuarios en salud.
Así las cosas, la medida adoptada por la Supersalud parece el resultado de un trabajo comenzado tiempo atrás, que hasta ahora, fruto de la justicia colombiana, que según cuentas cojea pero llega, apenas está ofreciendo resultados, justo cuando al parecer no existe empresa sobre la cual recaiga la suspensión.
Sigue en el limbo el rumbo que tomará el controvertido caso, aunque desde el Senado se está abogando para que el presidente Álvaro Uribe Vélez intervenga y se le permita a Cajanal EPS S.A., con una reorganización y reorientación adecuada, seguir prestando los servicios de salud a una población vulnerable como la de adultos mayores afiliados a Cajanal. Y entre trámite y trámite, los que sufren las peores consecuencias son los usuarios, pues mientras la Superintendencia los autoriza a cambiar de EPS, Cajanal manifiesta que seguirá prestando normalmente sus servicios de salud, entretanto no haya una decisión definitiva, fallo en el que al parecer tendrá el presidente Álvaro Uribe la última palabra. Y, ¿pasarán los años…?
Las ARS Humana Vivir y Salud Total: en la mira de la Supersalud
Otro aspecto que ha sido objeto de discusión en el sector salud, es la poca vigilancia y control que se ha ejercido sobre el manejo del régimen subsidiado, foco constante de graves problemas de corrupción. Pues bien: ahora se estudian dos casos que procurarán dar luces sobre algunas presuntas irregularidades.
Se trata de los casos de ARS Humana Vivir y Salud Total, que operan en Bogotá, contra las cuales cursa ante la Supersalud una notificación por presunta actitud insidiosa de inducir y de quebrar el proceso de libre elección en el usuario, y ante la Superintendencia de Industria y Comercio otra notificación por presunta competencia desleal.
Según el Director de Aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Jorge Bernal, las constantes quejas de los beneficiarios de subsidios de salud contra las ARS, y en especial contra Humana Vivir y Salud Total ARS, obligaron a las directivas de esa Secretaría a investigar el desempeño de estas instituciones a través de la Unión Temporal Auditar Salud, además de que contra dichas administradoras cursaba en la Secretaría una queja interpuesta por 10 ARS en la que se les acusaba de supuesta competencia desleal en el proceso de afiliación de usuarios, pues violaban un acuerdo de las ARS firmado el 13 de enero pasado en el que, entre otras cosas, se prohibía la promoción directa de sus servicios en las filas de usuarios y en los puntos de afiliación.
Los informes entregados por la firma auditora permitieron corroborar las quejas interpuestas por la comunidad y las otras ARS, lo que llevó a la Secretaría a elevar las respectivas notificaciones. Resta esperar que dichos informes tomen el rumbo indicado en manos de quienes tienen competencia de sancionar aquellas acciones que vulneran el derecho a la salud.
Vale aclarar que El Pulso consultó la versión de Humana Vivir, pero esta ARS se negó a responder alegando que solo entrega información con interposición de derecho de petición.
Benedan: ¿ incumplió con transferencias a salud?
Con multas entre 8 y 12 millones de pesos deberán responder ante la Supersalud el actual gerente de la Beneficencia de Antioquia (Benedán), Javier Ignacio Hurtado, y los ex gerentes de dicha entidad Adolfo León Palacio Sánchez y Baltazar Medina, en caso de no tener argumentos válidos que los exoneren como presuntos responsables de que la salud en Antioquia dejara de percibir $222.000 millones, déficit financiero que según los cálculos dejan por fuera del régimen subsidiado a un millón 234.000 personas.
La decisión fue tomada con base en un estudio de mercado de las apuestas permanentes realizado en el año 2001, en el que según las proyecciones para el quinquenio 2001-2005, Benedán debía transferir a la salud recursos no inferiores a los $317 millones, obligación que la Beneficencia planeaba cumplir mediante la adjudicación a 20 concesionarios de contratos por $15.870 millones.
La realidad es que a la licitación abierta para explotar el juego del chance solo se presentaron dos concesionarios, lo que obligó posteriormente a la contratación directa, con lo que se logró reunir solo seis explotadores de chance e implicó una disminución del 70% de los recursos que debieran percibirse para la salud.
Ahora la Beneficencia, que ya presentó su apelación, y los ex gerentes, deberán hacer válidas las razones por las que no garantizaron, en beneficio de la salud de los antioqueños, el recaudo del monto mínimo admisible que arrojó el estudio de mercado.
Esperar...
En conclusión: Nadie quiere asumir el grave peso de infringir la ley. Vigilantes y vigilados esgrimen perfecto acatamiento de ésta. Por lo pronto, habrá que esperar y confiar en que así sea muy progresivamente, esté mejorando la capacidad y la gestión de los entes a los cuales compete vigilar por un buen manejo de los sagrados recursos de la salud .
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