MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 3    NO 35  AGOSTO DEL AÑO 2001    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

Reforma constitucional al Sistema de Transferencias
Los costos de congelar inversión social

Comentarios de Jairo Humberto Restrepo Zea, Director, Centro de Investigaciones Económicas, Universidad de Antioquia.
La reforma al Sistema de Transferencias constituye la estrategia más efectiva que haya alcanzado el Gobierno Nacional para reducir el déficit del nivel central, luego de varios reveses jurídicos como el fallo de la Corte Constitucional sobre el incremento de los salarios de los empleados públicos, así como de la proliferación de actos de corrupción y de los pobres resultados en reducción de gastos de las entidades nacionales.
Aunque el Acto Legislativo implicará un nuevo balance del federalismo fiscal colombiano, con una menor participación de las regiones en el gasto consolidado del sector público, se destaca el hecho de que el Gobierno Nacional también quedó involucrado en la contención de gastos al disponerse que sus partidas para funcionamiento no podrán crecer en términos reales por encima del 1.5% anual. Con este acuerdo, se liberan recursos para el pago de la deuda y las pensiones, de manera que en términos macroeconómicos se hace un aporte para la estabilidad económica y la sostenibilidad financiera del sector público.
Qué puede esperarse
Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre los costos de una medida de esta naturaleza. Por su propia envergadura, la negociación y los trámites para la aprobación del Acto Legislativo estuvieron rodeados de protestas sociales y denuncias acerca de los compromisos del Gobierno con quienes respaldaran el proyecto. Además, prácticamente se trata del congelamiento de los recursos más importantes para realizar inversión social y de la reducción de la misma como porcentaje del producto interno bruto -PIB-, de manera que es evidente la amenaza sobre la formación de capital humano en un momento en el cual se presenta una enorme crisis en el país.
En medio de este panorama, queda por resolver la manera como se distribuirán los recursos entre entidades territoriales y entre los sectores de inversión social, aunque en el nuevo texto constitucional desaparece esta última categoría y solamente se habla de servicios a cargo de las entidades territoriales y, en general, de gastos de funcionamiento e inversión. Se sigue entonces una etapa aún más difícil, en tanto ya se acordó un tamaño de la torta a distribuir en el largo plazo, pero falta definir las porciones de la misma para cada departamento, distrito y municipio, al igual que la destinación que éstos deban dar para cada sector.
En el caso del sector salud, no puede esperarse un comportamiento diferente al estancamiento de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones de las Entidades Territoriales, de manera que lo mismo pasará con la cobertura del régimen subsidiado y los recursos para atender a la población vinculada. Si además se recuerda el incumplimiento del Gobierno Nacional para contribuir al financiamiento del régimen, esta tendencia de los recursos presionará una reforma al Sistema de Seguridad Social y sería mejor prepararse para ello con cambios radicales que reduzcan los costos actuales y garanticen la cobertura universal de un paquete limitado de servicios, al mismo tiempo que se alcance la estabilidad institucional y se recuperen los programas de salud pública.
Las reformas que se requieren para mejorar la cobertura y la eficiencia deben partir, necesariamente, de una revisión sobre el esquema actual de aseguramiento, siendo deseable la adopción de un asegurador único a nivel nacional o regional; además, se requiere un nuevo enfoque sobre la descentralización y la autonomía hospitalaria, de manera que se promuevan asociaciones para ejercer la función de compra y prestar los servicios de salud con menores costos administrativos y mayor eficiencia técnica y económica. Por último, para garantizar la sostenibilidad institucional y financiera de los hospitales públicos es necesario insistir en el alcance de un acuerdo en el que se asuman sacrificios de los trabajadores y de la clase política para contener el gasto futuro y emprender una gestión alejada de los vicios de la corrupción y la ineptitud.

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El Congreso de Colombia.
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Parágrafo transitorio: Durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 el monto total de las apropiaciones autorizadas por la Ley anual de presupuesto para gastos generales, diferentes de los destinados al pago de pensiones, salud, gastos de defensa, servicios personales...

Reforma constitucional al Sistema de Transferencias - Los costos de congelar inversión social

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