MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 3    NO 35  AGOSTO DEL AÑO 2001    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

Ley de transferencias
"La mejor opción no es la
mejor, sino la que es posible"

Comentarios del doctor Francisco de Paula Gómez, Director Ejecutivo de la Cámara Sectorial de Salud, ANDI:
El proyecto de Ley 012 de 2000 que modificaba la Constitución -ya hoy aprobado- ha generado una seria confrontación que ha tenido de todo: paros, protestas... para presionar la no aprobación del proyecto en el Congreso, y por supuesto voces estudiosas de algunos que trataron de hacer ver cuál era la mejor decisión para el país. Un tema de tal calado, en el que casi todos los órdenes de la vida nacional tienen interés, no puede analizarse de manera febril o parcializada, pues corremos el riesgo de equivocarnos como tantas veces.
Tratando de recoger el espíritu de análisis serio y ponderado, debemos dividir el tema en varios aspectos que, aunque no lo parezca, tienen marcadas diferencias en cuanto a su importancia y su peso frente al futuro del país:
El equilibrio macroeconómico: en un país éste traduce su viabilidad en la comunidad económica internacional y es una variable que no puede ser ignorada: o un país puede mantener su equilibrio macroeconómico y financiero o, simplemente, llega a condiciones de inviabilidad financiera generando caos general interno, procesos de intensa recesión, pérdida del control de su economía, durísimas consecuencias para toda su población y finalmente la toma del patrimonio del país por parte de los acreedores internacionales. En otras palabras, cuando un país pierde su equilibrio financiero entra en las mismas causales de disolución económica, tal como lo haría cualquier empresa, sufriendo consecuencias similares. Para el caso colombiano, el marcado deterioro de las finanzas públicas en los últimos años es un aspecto crítico, pues está llegando a niveles insostenibles. Especialmente la deuda pública ha crecido de manera precipitada en los últimos 10 años, de manera que en el año 2000 ya era un 44% del PIB del país y se proyectaba a un peligroso 76% para el año 2010 (Confis, Consejo Superior de Política Fiscal). Como el manejo de esa deuda no ha podido ser cubierto con recursos de los Ingresos Corrientes, el Estado se ha visto en la necesidad de recurrir a más créditos en el exterior para servir la deuda. En otras palabras se ha tenido que abrir nuevos huecos para tapar los viejos, con el agravante que el acceso a créditos no productivos pospone el problema y lo crece de manera irremediable. En este punto no es procedente buscar responsables para solucionar el problema sino que, además, se requiere un paquete de medidas que le permitan al Estado ser viable. Ese paquete está compuesto por: Modificación al régimen de transferencias, revisión y adaptación del régimen de pensiones, modificación de la ley 60 de 1993, modernización del Estado -revisión y contención del gasto público- etcétera.
Debemos recordar que "lo más importante es primero" y, desde esa perspectiva, es evidente que la revisión del modelo de transferencias era inevitable, máxime que el modelo propuesto hace parte de una reforma transitoria que va hasta el 2009 y que busca colocar de nuevo a Colombia en una senda de crecimiento.

El proyecto inicial contemplaba que al igual que los entes territoriales iban a hacer un esfuerzo fiscal, el Gobierno central también lo haría. Desafortunadamente se suprimió el artículo que así lo consagraba y se dio un paso atrás.

Saneamiento y flexibilización fiscal: De acuerdo con el anterior régimen de transferencias, los recursos que giraba el Gobierno central, estaban atados a los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN. Ello generaba varios efectos: Las transferencias atadas a un porcentaje de los ICN no son estables, pues su monto es tan variable como lo sean los ICN. La experiencia de últimos años demostró que una gran cantidad de entes territoriales crecieron sus gastos (los municipios lo hicieron del 2% al 6% y los Departamentos del 2% a 4%) y se embarcaron en grandes procesos de endeudamiento local, bajo el supuesto que a la economía nacional le iría bien y que, por tanto, les llegarían recursos frescos vía transferencias. Lo que en realidad sucedió fue que a la economía no le ha ido tan bien y esos presupuestos de los entes territoriales quedaron grandes, generando el consabido desfase.
Con el nuevo régimen de transferencias éstas se atan a la inflación y no a los ICN. De esa forma se asegura que los recursos pueden preverse en el mediano plazo por parte de todos los entes territoriales, logrando una mejor planificación de sus actividades.
Finalmente, es condición necesaria para lograr el crecimiento económico sanear las finanzas públicas. No hacerlo implicaría pérdida de confiabilidad de los mercados externos, desfinanciación del Estado y huida de la inversión en el país.
Los recursos de salud y educación: No serán inferiores a los actuales. Lo que se plantea es una fórmula diferente para tasar las transferencias de manera que sea más flexible, condición tranquilizadora pues la medida de cálculo protege las transferencias cuando el país eventualmente crezca sus ICN en niveles por debajo de lo esperado. Se debe poner atención a que el crecimiento del país ha sido bajo en los últimos años y que incluso la meta de crecimiento de 4 puntos para este año, el Gobierno debe revaluarla pues es contundente que no se alcanzará.
Como círculo vicioso, las transferencias para salud y educación de todas maneras hubieran bajado sino se hubiera propuesto la reforma, pues los Ingresos Corrientes de la Nación habrían disminuido al no corregirse el rumbo macroeconómico del país.
El tema político: Un tema tan importante genera posiciones políticas de toda clase. Sin embargo es mejor concentrarse en el análisis técnico que permita establecer cuál es la mejor opción para el país, recordando que "a veces la mejor opción, no es la mejor sino la que es posible".
El proyecto inicial contemplaba que al igual que los entes territoriales iban a hacer un esfuerzo fiscal, el Gobierno central también lo haría. Desafortunadamente se suprimió el artículo que así lo consagraba y se dio un paso atrás.
Debe tenerse en cuenta que parte del malestar que existe en el sector de la educación, es que se introduce el concepto de capitación por alumno y se abren posibilidades para que se revise su plan de crecimiento de nómina anual, el cual es hoy igual a la inflación más cuatro puntos.
Y es necesario recordar lo que le sucede actualmente a la Argentina, país que debió instrumentar un paquete con serias y urgentes medidas macroeconómicas. Se le dio un manejo político al tema y se aplazaron las decisiones: La consecuencia fue funesta, pues los fenómenos económicos en un mundo globalizado siguen su curso, aunque no lo queramos ver. A Colombia le afectan las mismas condiciones económicas como a otras naciones. No reconocerlo es un grave error.

 

Los gastos crecen pero el dinero disminuye

Fabio Villa, presidente de la Federación Nacional de Concejales, Fenacon, comentó a EL PULSO que el Acto Legislativo 012 tiene consecuencias perjudiciales para la salud y la educación. Opinó que, según cálculos serios, se dejarán de recibir unos 9.5 billones en ocho años.
Recuerda que, luego del Acto Legislativo 012, los recursos dejan de calcularse con base en los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, y empiezan a crecer en porcentajes de acuerdo con la inflación, más un crecimiento adicional de 2% del año 2002 al 2005; y de 2.5% adicional para los años 2006, 2007 y 2008. En estos años la participación de las entidades territoriales va a ser menor de lo que debería ser según lo que determinaba la Constitución antes del 012, cuando éstas transferencias dependían del crecimiento de la economía. La participación de los entes territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación, pasará de ser el 43% actual a descender, luego de diez años, a un 33.7%. Esto tiene implicaciones en áreas como la salud, pues, por ejemplo, el incremento de la cobertura no puede pensarse sin disponibilidad de recursos. El presidente de Fenacon subrayó que los gastos de la salud crecen cada año aproximadamente en un 4%. Así que, si el crecimiento de los gastos de la salud está por encima de la plata que le llega al sector, es posible no sólo que no aumente la cobertura sino que disminuya. Unos dos millones 400 mil personas que darían en el aire, afirmó Fabio Villa.

 
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