MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 3    NO 35   AGOSTO DEL AÑO 2001    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co
Insolidaridad y eficiencia de la seguridad social en las universidades Jairo Humberto Restrepo Zea
La Ley 647 de febrero 28 de 2001, estudiada y promulgada en el marco de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y en la Ley 30 de 1992, extendió el carácter especial del régimen de las universidades estatales al permitir que éstas tengan su propia seguridad social en salud. Esta Ley dejó a las universidades la libertad de organizar su propio sistema o hacer parte del régimen contributivo creado mediante la Ley 100 de 1993 y operado a través de las empresas promotoras de salud -EPS-.
Esta decisión política, para la cual seguramente se contó con una participación activa de estamentos de las propias universidades estatales, es un buen ejemplo de la situación de crisis que enfrenta Colombia y de las dificultades para salir delante de manera mancomunada e invocando el bienestar general: los empleados universitarios no se incorporan al Sistema General de Seguridad Social en Salud, alcual pertenecen cerca de 12 millones de personas en el país, y conforman su propio club como un régimen especial que se adiciona a los existentes para Ecopetrol, las fuerzas militares, el magisterio y el Congreso. De seguir con esta tendencia, sumándose otros gremios y sectores que se quieren apartar del Sistema General, se rompería todo el esquema solidario y terminaríamos en una situación similar a la de Chile, con un sistema rico para ricos y otro sistema pobre para pobres.
La insolidaridad de las universidades estatales tendría un costo estimado inicialmente por el Ministerio de Salud en $16 mil millones, al dejar de girar este monto al Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA- por la diferencia entre las cotizaciones y el valor reconocido para atender el plan de salud (UPC). En el caso de la Universidad de Antioquia, en donde cerca de 3,500 empleados cotizan a través de la Entidad Adaptada de Salud y sus familiares representan 4,200 personas adicionales, la ganancia para este club representa unos $ 4,000 mil millones en el año debido a que su salario es tres veces superior al promedio general de los 5.5 millones de personas que cotizan a las EPS.
En medio de esta insolidaridad, a la cual puede acogerse libremente cualquier empleado universitario y la universidad respectiva en su conjunto, es necesario llamar la atención sobre algunos puntos críticos para abordar una empresa de esta naturaleza. En primer lugar, debe consultarse la seguridad jurídica de la Ley 647 y sus normas reglamentarias, lo cual incluye no solamente posibles demandas ante la Corte Constitucional sino también las reglamentaciones que puedan expedirse por parte del Gobierno Nacional sobre aspectos cruciales como los afiliados, beneficiarios y planes de beneficios.
En segundo lugar, es necesario garantizar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema que adopten las universidades, para lo cual se debe actuar con prudencia y realizar cálculos rigurosos. El tipo de población que se tiene en las Entidades Adaptadas se distancia en dos aspectos básicos de los principios que se siguen en los seguros de salud: por una parte, se trata de un grupo relativamente pequeño, cuando en general se sigue la teoría de los grandes números, de manera que la variabilidad del gasto en salud puede ser muy alta y esto puede generar dificultades financieras cuando se tienen enfermedades de alto costo en varios beneficiarios simultáneamente; por otra parte, la población tiene una distribución con mayor participación de edad adulta y esto anuncia mayores dificultades financieras si no se corrige al menos en parte este sesgo (a manera de ejemplo, en la Universidad de Antioquia el promedio de edad de quienes están en la Entidad Adaptada es de 42 años y el promedio en las EPS es de 30, incluido el ISS). Es necesario, entonces, evaluar muy bien la compra de un reaseguro y la adopción de un fondo que permita atender las contingencias que se presenten en el futuro; parece adecuado iniciar este fondo con un porcentaje alto de recursos del ahorro de la insolidaridad y reducirlo en el tiempo hasta alcanzar un porcentaje de equilibrio.
Además de lo anterior, es necesario discutir los planes de beneficios que se ofrecerán a la población universitaria y no incurrir en muchas ilusiones al pretender ofrecerlo todo y sin ninguna concurrencia de los beneficiarios. Resulta adecuado desarrollar planes complementarios, garantizar ante todo la calidad y oportunidad de los servicios y adoptar el esquema de copagos y cuotas moderadoras.
Por último, para la administración de este sistema se requiere un diseño institucional que garantice la eficiencia y un manejo adecuado de los recursos. Lo mejor que puede hacerse es confiar esta labor en una entidad con independencia administrativa, tipo corporación o fundación de apoyo, conformar un consejo o comité con pocos miembros y experiencia en la materia y mantener una separación del aseguramiento y la prestación de servicios, de manera que la entidad encargada de la seguridad social asuma el manejo del riesgo y contrate los servicios con varias entidades.
 

 











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