MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 3    NO 38   NOVIEMBRE DEL AÑO 2001    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Los precios de los medicamentos son ahora el centro del tira y afloje entre EPS y clínicas y hospitales del país.

Manual tarifario de medicamentos,

Un debate para tratar con pinzas Alejandro Baena Jiménez Periodista, Medellín

Unos meses atrás, la iniciativa de las EPS de aportar los medicamentos requeridos por los usuarios a las clínicas y hospitales, con el fin de reducir sus costos, fue objeto de debate entre aseguradoras y prestadores de servicios. Las primeras, apoyadas en las cifras sobre el crecimiento desmesurado del costo de estos insumos médicos, esgrimieron que era una alternativa ante el índice de variablidad en los precios que, según afirman, les es desfavorable.

Para las IPS, esta medida sería una nueva estocada en sus deteriorados sistemas financieros, pues les significaría la pérdida de utilidades que consideran legítimas en la compra y venta de los productos farmacéuticos.
La discusión sobre este particular quedó cerrada y, por el momento, se descartó la aplicación de la medida. Sin embargo, una nueva alternativa está sobre el tapete y comienza a ser objeto de evaluación de las partes: la creación de un manual tarifario único para medicamentos, desglosado por áreas.
Aunque entidades como el ISS señalan que esta iniciativa no es una propuesta formal y que apenas se viene trabajando en un borrador, reconocen que hay acercamientos con directivos de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales para exponer puntos de vista y sondear la viabilidad de esta salida.
Se necesita equilibrio
Sin embargo, para las IPS, es claro que la propuesta debe ser estudiada, pues produciría un desequilibrio que daña el sistema financiero de estas instituciones en beneficio de las entidades aseguradoras.
Según Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, aunque el debate es pertinente, no se puede desconocer que en un momento de recesión severa como el que vive el sector de la salud, la idea de un manual tarifario genera temores para las entidades prestadoras de servicios, ante la posibilidad de una aplicación arbitraria y unilateral que entraría a disminuir las precarias utilidades que perciben en un negocio cada vez más restringido.
En este sentido, gerentes y directores administrativos de algunas clínicas y hospitales del país destacan que en un sistema como la Ley 100, en el que la salud está planteada abiertamente como un negocio, la compra de insumos medico-quirúrgicos, para comercializarlos a un precio que genere utilidades, es una práctica completamente legítima. Más aún, aseguran que estos recursos han subsidiado los vacíos financieros generados por las bajas tarifas para los servicios de salud y los honorarios médicos implantadas por la misma Ley 100.
Otro de los inconvenientes que observan las IPS para la instauración de un régimen único tarifario es la variablidad del precio de estos insumos en un mercado liberalizado y las dificultades para calcular, a la hora de hacer una ponderación, el costo administrativo que implica la contratación de los medicamentos.
"Dentro de nuestra política de reducción de costos relacionados con el inventario, como clínica no manejamos un stock de insumos medico-quirúrgicos. Compramos casi al diario, lo que hace que tengamos que pagar más por un producto que puede ser adquirido a un menor costo por otra entidad que lo adquiere en mayor volumen", explica José Ricardo Masip, gerente de la Clínica del Caribe, de Barranquilla.
Una situación similar enfrenta el Hospital Universitario San Carlos, de Bogotá. Según su subdirector administrativo, César Castaño, aspectos como el hecho de que ciertos medicamentos se importen y la variabilidad de los costos en la contratación generan una fluctuación en los precios que es difícil de unificar en un manual tarifario.
Para otro de los sectores implicados, el de la industria farmacéutica, si no hay una concertación previa, el establecimiento de patrones únicos en los precios de los medicamentos es un imposible jurídico y un absurdo económico, teniendo en cuenta que las legislaciones de defensa al consumidor y de promoción a la competencia prohíben cualquier tipo de acuerdos entre productores y particulares.
"Si esta es una iniciativa que parte de las EPS me sorprende, principalmente, porque no creo que, en cuanto a la industria nacional se refiere, que provee más del 55% de las unidades de los medicamentos que consumen los colombianos, estas empresas consigan precios más reducidos. Sólo en el caso del ISS estamos hablando de descuentos del 50%", señala Alberto Bravo, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar).
Falta un estudio oficial
Voceros de la otra cara de la moneda -las EPS privadas y el Seguro Social-, señalan que el incremento del valor en los productos farmacéuticos es una preocupación no sólo de las entidades aseguradoras sino del sector salud en general, por lo que debe implementarse un estudio comparativo formal de las tarifas del mercado.
"Los medicamentos parecen estar fluctuando enormemente. Bajo estas condiciones yo no sé si un hospital pueda garantizar un precio promedio para estos productos anualmente. Esto lo que nos indica es que aquí no hay ninguna disputa y que en algún momento nos vamos a ver obligados a hacer un frente común porque, a fin de cuentas, tanto EPS como IPS somos consumidoras y ambas nos vemos afectadas por los altos precios", afirma Juan Carlos García, director de Planeación de la EPS del ISS.
García aclaró que en ningún momento se está poniendo en duda la legitimidad de las utilidades que devengan las clínicas y hospitales por la comercialización de los medicamentos y señaló que lo que se está buscando con el borrador del manual tarifario es hacer una negociación conjunta para facilitar el precio de compra.

“La idea de un manual tarifario genera temores para las entidades prestadoras de servicios, ante la posibilidad de una aplicación arbitraria y unilateral que entraría a disminuir las precarias utilidades que han logrado percibir en un negocio cada vez más restringido".
Voceros de la otra cara de la moneda -las EPS privadas y el Seguro Social-, señalan que el incremento del valor en los productos farmacéuticos es una preocupación no sólo de las entidades aseguradoras sino del sector salud en general, por lo que debe implementarse un estudio comparativo formal de las tarifas del mercado.
"Los medicamentos parecen estar fluctuando enormemente. Bajo estas condiciones yo no sé si un hospital pueda garantizar un precio promedio para estos productos anualmente. Esto lo que nos indica es que aquí no hay ninguna disputa y que en algún momento nos vamos a ver obligados a hacer un frente común porque, a fin de cuentas, tanto EPS como IPS somos consumidoras y ambas nos vemos afectadas por los altos precios", afirma Juan Carlos García, director de Planeación de la EPS del ISS.
García aclaró que en ningún momento se está poniendo en duda la legitimidad de las utilidades que devengan las clínicas y hospitales por la comercialización de los medicamentos y señaló que lo que se está buscando con el borrador del manual tarifario es hacer una negociación conjunta para facilitar el precio de compra.
En términos generales, ambas partes EPS e IPS- coinciden en afirmar que al momento de debatir el tema del manual tarifario debe apelarse a una discusión abierta y sin intereses particulares. Sin embargo, otros sectores no descartan alternativas como la intervención seria de los organismos del Estado encargados de velar por el óptimo funcionamiento del sistema de salud.
Para el director de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, es necesario regresar a una política de control de precios centralizada, ante el efecto inflacionario que produjo la liberalización. Según Juan Carlos Giraldo, es la Comisión de Precios de Medicamentos -conformada por la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud- la que debe trazar políticas que eviten impactos negativos para cualquiera de los actores del sector, bien sean aseguradoras o prestadoras de servicios.
Otras voces afirman que la única forma de conjurar la situación es que el Ministerio de Salud, en una función que le es plenamente competente, aborde una investigación detallada sobre el comportamiento de los costos de cada uno de los servicios prestados en el campo de la salud, incluyendo los medicamentos, con el fin de que la idea de un manual tarifario tenga un soporte real y no genere desconfianzas.
"Es un hecho que el Estado debe intervenir en la cuestión de los precios para los insumos médicos, pero no con medidas arbitrarias que no se ajustan a las necesidades reales de las instituciones, como ocurrió en el caso del SOAT", advierte César Castaño, quien señala que, en últimas, el más afectado por los traumatismos causados con estas normas "dictadas a ojo" es el paciente.



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