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La Supersalud, también bajo la lupa

Por: Redacción EL PULSO
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Con la captura por parte de la Fiscalía a finales de 2018 de la ex superintendente delegada para la supervisión institucional, Eva Katherine Carrascal Cantillo, se destapó una nueva fuente de corrupción en el sector salud, siendo lo más preocupante que esta vez tocó al órgano del estado encargado precisamente de combatir este flagelo en la salud. Lo positivo de la noticia es que parece que por fin, “el alcalde tiene quien lo ronde”, con lo que se podría tener la esperanza que bajo la administración del Superintendente Fabio Aristizabal, las cosas cambien en el ente de control y la tendencia mostrada hasta ahora de ser una entidad muy activa en sus acciones de inspección, vigilancia y control, se conviertan en una constate.

En su momento la Fiscalía señaló que Carrascal habría utilizado el cargo que ostentaba para favorecer EPS y cajas de compensación, a cambio de lo cual habría recibido coimas incluso mensuales, como si fuese un salario paralelo, y hasta acciones en una EPS. La ex funcionaria había sido separada con anterioridad de su cargo desde enero de 2018 por la Procuraduría, que también la había investigado. Los cargos imputados fueron concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, asesoramiento y falsedad en documento privado. Lo más grave es que la Fiscalía indicó que esta sería apenas la punta de un iceberg que involucra a personas vinculadas con el ejecutivo y legislativo. Los hechos se remontarían hasta el 2016 e incluía manejo de información oficial privilegiada para direccionar trámites relacionados con las investigaciones de la Superintendencia.

Ante la gravedad de lo denunciado, que además de Carrascal involucra a otros funcionarios investigados en la llamada por la fiscalía operación quirófano, y que se suma a las acciones judiciales tomadas frente a Guillermo Grosso, ex gerente de Cafesalud nombrado por la Supersalud, el Superintendente Fabio Aristizabal Ángel reconoció la existencia de “focos de corrupción en la Superintendencia” y señaló su voluntad e intención de corregir el rumbo aclarando que para ello se apoyarán en la Procuraduría y la Contraloría, con el fin de alcanzar una entidad “impecable, despolitizada, independiente y empoderada. Es una tarea dura, porque la Supersalud había sido usada para actos no propios y se permeó de esto, pero tengo que decirles que mientras esté, haré lo que pueda para acabar con la corrupción”.

Contraloría le llamó la atención a la Supersalud

Sin mermarle gravedad a lo encontrado por la fiscalía, los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República en el segundo semestre de 2018 a la Superintendencia, cuestiona seriamente el papel adelantado por esta entidad frente a la crisis del sector salud: “Los indicadores de permanencia de las EPS se están incumpliendo y mantienen cifras crecientemente negativas, lo que pone de presente un profundo problema de sostenibilidad financiera de este sistema… tras de esta situación lo que se evidencia son serias debilidades en la inspección y vigilancia que al respecto ejerce la Superintendencia Nacional de Salud”.

Y fue más allá en sus cuestionamientos: “la tendencia de los indicadores de permanencia y los resultados al cierre de la vigencia 2017, ponen de presente un papel ineficaz de la Superintendencia frente al cumplimiento de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control, como elemento clave para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema, en cuanto tiene relación con la operación y funcionamiento de las EPS”. Resulta preocupante que este tipo de llamados de atención ya habían sido efectuados por la Contraloría años atrás en una alerta de la entonces contralora Sandra Morelli y que no contó con el eco suficiente que permitiera evitar la crisis final de SaludCoop, entre otras EPS.

Esta inoperancia en el accionar de la Supersalud durante los años anteriores (la auditoria tiene corte de 2017 aunque solo se dio a conocer a finales de 2018) habría eliminado en la práctica las intenciones del Decreto 2702 de 2014 que buscaba exigir solides en las condiciones financieras y de solvencia de las EPS, razón por la cual no se habrían superado las condiciones negativas que arrastran desde hace años con el evidente perjuicio al resto de actores del sector.

La otra gran critica de la Contraloría, que debería asumirse como un llamado de atención sobre la efectividad y funcionalidad real de la Supersalud, es la poca utilidad de las intervenciones, frente a las cuales indica las entidades que entran en procesos de medidas especiales, la mayoría nunca logran salir de ahí y terminan liquidándose, haciendo que los planes de salvamento y rescate se vuelvan meras intenciones. En este punto existen tatos casos, que parece ser el desenlace natural de las intervenciones: Caprecom, Saludcoop, Cafesalud y Manexka, liquidadas definitivamente tras años de estar siendo administradas por la Superintendencia, o de Coomeva, frente a la que la única novedad es la renovación periódica de las medidas especiales, al igualm que en los casos de Cruz Blanca, Convida y Dusakawi desde el 2012, y Emdisalud y SOS desde el 2013.

Según la CGR lo innocuo de este tipo de acciones se debe a que nunca se logran conjurar las causas que producen las crisis de las EPS, y coincide así con los analistas del sistema que desde hace años afirman que esto termina afectando goce pleno del derecho fundamental a la salud de los colombianos.

El nubarrón de la Supersalud

Tal vez el mayor nubarrón que se cierne actualmente sobre la Supersalud se desprende del fallo del Tribunal Superior de Barranquilla que condenó a la entidad a pagar 88 mil millones de pesos a un grupo de 36 IPS por concurrencia en deudas que tenían varias EPS liquidadas por el organismo. Si bien el proceso se encuentra en las etapas de apelaciones, el precedente ha sido considerado por Fabio Aristizabal como “dramático” para el país: “abre un boquete jurídico en contra de las entidades dedicadas a la vigilancia y control en todas las entidades del país”.

De ratificarse la decisión judicial, advierte el superintendente: “cada que vayamos a intervenir una EPS, por ejemplo, que no cumpla con la autorizaciones o cirugías, se nos devolverá en demandas de los acreedores. Otro precedente es que se legitimarán las irregularidades del país, porque las EPS pensarán que no tienen que cumplir. Si la Superintendencia interviene, demandan y la Súper sería la que tendría que pagar. Ese mensaje le pone un freno al control del país”.

El año que apenas comienza será fundamental para definir el rumbo del ente de control del sector de la salud. La transparencia debe llegar para levantar todo manto de duda sobre sus acciones, y por otro lado la inseguridad jurídica sobre las consecuencias financieras para el estado de sus decisiones debe aclararse jurídicamente o dejara maniatada a la entidad.


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