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No es de locos, así avanza la política de salud mental

Por: Redacción EL PULSO
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Hablar de salud mental en Colombia todavía es un tabú. Que cualquier persona reconozca en público que va al psicólogo o al psiquiatra es motivo de estigmatización y en muchas oportunidades quienes se enfrentan a un proceso de selección laboral y revelan un diagnóstico clínico no son contratados. Así lo manifestó Lorena Beltrán, una paciente de psiquiatría y coordinadora de la iniciativa “No es de locos”, que busca desestigmatizar los problemas de salud mental en el país.

Y es que en Colombia este es un asunto de salud pública, ya que la depresión es la segunda causa de enfermedad –siendo el trastorno más frecuente en adolescentes, jóvenes y adultos, principalmente entre las mujeres-. Además, la tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento se ha incrementado en los últimos años, pasando de 0,32 por 100.000 habitantes en 2009 a 1,53 en 2016.

También vienen creciendo de forma sostenida las tasas de suicidio, que pasó de 4,4 en 2013 a 5,07 por 100.000 habitantes en 2016, y de intento de suicidio, de 36,1 en 2016 a 52,4 por cada 100.000 habitantes en 2017, según el Ministerio de Salud y Protección Social.

Lo más grave de estas estadísticas, según Erika Montoya, coordinadora de la maestría de Salud Mental de la Universidad de Antioquia, es que el 44,7 % de los menores entre 7 y 11 años tienen al menos un síntoma sugestivo de un problema de salud mental. ¡Casi la mitad de los niños! Los síntomas que se presentaron con mayor frecuencia fueron: lenguaje anormal (19,6%), asustarse o ponerse nervioso sin razón (12,4 %), presentar cefaleas frecuentes (9,7 %) y jugar poco con otros niños (9,5 %).

Es más, está comprobado que en Colombia la prevalencia de enfermedad mental relacionada con el conflicto armado es superior al resto de la región, por lo que es un asunto que debe llamar la atención del Estado.

Por eso el Gobierno lanzó la Política Nacional de Salud Mental que busca promoverla como un derecho individual, familiar y colectivo.

Muy buena pero difícil de implementar

De acuerdo con Montoya, “esta política es rigurosa, consistente con las discusiones académicas y técnicas que hacemos en el campo de la salud mental y tiene como aciertos los enfoques que toma (territorial, poblacional y de género), propende por la humanización, tiene presente la integralidad como un eje rector de las intervenciones y está amparada bajo una perspectiva de derechos, eso la armoniza con las leyes que consagran la salud como un derecho”.

En eso coincide el psiquiatra Milton Murillo, docente y miembro del Grupo de Estudio de Ciencias del Comportamiento de la Universidad del Rosario. En sus palabras “es una política perfecta”.

El problema está en cómo hacer que eso que está en el papel se convierta en una política aplicable. “¿Cómo vamos a implementar esa Resolución?, ¿cómo vamos a hacer para que las IPS, las aseguradoras e incluso el mismo Estado cumplan con lo que dice la ley?”, cuestionó Murillo.

En su opinión, la Ley 1616 de 2013 elevó la salud mental a nivel de derecho, habló de cobertura y de calidad, pero nunca se implementó, por eso pregunta qué cosa diferente va a ocurrir para que en esta oportunidad no pase lo mismo.

Para Beltrán es claro que en Colombia la salud mental es un privilegio y no un derecho, para lo que se pone de ejemplo, cuando fue diagnosticada en su EPS con un trastorno mental la mandaron al psiquiatra, quien le recetó unos medicamentos que no estaban cubiertos por el POS y costaban mensualmente 600.000 pesos, además le recomendó una psicoterapia con citas una vez a la semana, pero la EPS cubría únicamente una cita de 20 minutos cada dos meses y no garantizaban la continuidad con el mismo especialista, por lo que tuvo que salir a buscar un psiquiatra que hiciera terapia de forma particular, a quien debió pagarle 150.000 pesos semanales por su consulta durante muchos meses. “Ese es un privilegio que muy pocos se pueden dar, pero en el papel el Estado dice que es un derecho”, argumentó Beltrán.

Murillo advirtió que el sistema está mal diseñado, por falta de recursos económicos y humanos, pero también por la incapacidad de entender cómo debe abordarse la salud mental, “no puede hablarse de acceso solo porque se tiene el carné de una EPS y que si un médico general logra diagnosticar una enfermedad mental el paciente pueda acceder a una cita con el psiquiatra cada mes o cada dos meses”.

Por otro lado, consideró que, si bien el Plan de Beneficios contará con 21 nuevos medicamentos, para atender personas con trastorno de pánico, fobias y de ansiedad generalizada, medida que beneficiará alrededor de 400.000 personas (para lo que se invertirán 60 mil millones de pesos anuales) el problema va más allá del medicamento y debe enfocarse en la terapia y en la prevención.

“Es más fácil identificar cuando hay una tristeza que está siendo mal tratada y puede terminar en una depresión y luego en un intento de suicidio, que tratar la enfermedad como tal”, aclaró.

Así mismo, Murillo puso de manifiesto que en los servicios de urgencias no se consideran las urgencias mentales y, por ejemplo, en Bogotá solo hay una ambulancia equipada para el traslado de pacientes psiquiátricos.

Es decir, la salud mental es el patito feo de la medicina aunque deje tantos muertos, y tantos muertos en vida, como dijo Juan Isaac Llano, presidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, “cuando hablamos de salud mental no nos alarma porque no vemos sangre”.

Lo primero que hay que hacer

“El papel pareciera poder con todo, pero en la práctica es otra la ciencia que hay que disponer, yo considero que hay cuatro elementos intervinientes a la hora de pensar que esa política sí pueda impactar los problemas que pretende intervenir: el estado de los recursos; el nivel de reglamentación y legislación con que cuenta el país en materia de salud mental; el contexto político, económico y cultural en el que nos encontramos, y las posibilidades de articulación”, dijo Montoya.

En cuanto al estado de los recursos humanos, la política es clara en diagnosticar que están concentrados en las capitales y no en otros territorios, donde hay necesidades apremiantes, pero Montoya identificó que en el documento solo se habla de psiquiatras cuando hay otros profesionales fundamentales en la salud mental (enfermeras, trabajadores sociales, antropólogos) que no están contemplados. Además, si en esta política se busca crear un entorno protector en las comunidades, los profesionales de ciencias sociales y humanas son fundamentales y tampoco están incluidos.

Así mismo, es necesario reglamentar, según Montoya, de una manera tan clara que sea imposible no cumplir, de lo contrario “esta será una política, que como las demás, queda en nada”

Murillo cree que lo primero que hay que hacer es socializar, que la política, sus objetivos y sus metodologías sean conocidos por quienes hacen parte del sistema de salud, por los pacientes y por los funcionarios del Estado, para que entre todos puedan velar porque se cumpla.

En conclusión, a la Política Nacional de Salud Mental le falta un largo camino de reglamentaciones e implementaciones hasta que el Estado y el sistema de salud logre mostrar que en realidad también le importan estas muertes que se pueden prevenir.


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