MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 245 FEBRERO DEL AÑO 2019 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com

ODS, política de drogas y acceso a los servicios de salud

Por: Edna Sánchez. Campaña Regálate Un Minuto1 Fundación IFARMA.
elpulso@sanvicentefundacion.com

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible que señala en relación con la salud la tarea de “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. Para cumplir este objetivo se proponen entre otras metas poner fin a la epidemia del SIDA y combatir las hepatitis virales, garantizar el acceso a servicios de salud esenciales y el acceso a medicamentos seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos y también, fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes.

Traigo a colación estas metas del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible para que nos preguntemos si Colombia va en el camino de alcanzar las metas a 2030.

Para contribuir al logro de este objetivo es imposible desligar los diferentes factores relacionados (protectores y de riesgo), haciendo prevención conjunta de todo aquello que puede afectar la salud y el bienestar de los individuos y las comunidades. Hablemos de una política en particular que tiene relación con las metas señaladas anteriormente: la política de drogas.

El uso de sustancias sicoactivas ha acompañado al hombre desde sus orígenes en su paso por el reconocimiento de su entorno vegetal. Los antropólogos han registrado rastros de uso de plantas alucinógenas desde la prehistoria y los primeros intentos de regulación datan de la antigüedad vinculados originalmente con asuntos religiosos.

Sin embargo, el enfoque de guerra contra las drogas es una opción política relativamente reciente, que aparece cuando Richard Nixon, entonces presidente de los Estados Unidos, declara al abuso de drogas como el principal enemigo público de la nación. A partir de entonces, Estados Unidos ha impuesto al mundo su guerra total contra las drogas: una guerra contra las personas que las usan, contra los productores y los intermediarios, una guerra que a todas luces ha fracasado.

Colombia ha sido uno de los países que más ha soportado el flagelo de violencia y estigmatización fruto de la guerra contra las drogas con todos sus “éxitos, fracasos y extravíos”.

Aunque el país se comprometió en 2016 a abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas con un enfoque de salud pública y haciendo énfasis en el respeto de los Derechos Humanos, hoy vemos como todas esas iniciativas van quedando relegadas al olvido, con la promesa de retomar la erradicación forzada, las aspersiones aéreas con glifosato y la estigmatización del consumo que ha traído la aplicación del decreto 1844 de 2018.

La guerra contra las drogas lo único que ha conseguido es generar más daño. ¿Puede una política ser considerada como beneficiosa mientras estigmatiza, vulnera y enferma a quienes pretende “salvar”?

Según el último informe mundial de drogas de la oficina de Naciones Unidas para la droga y el delito (UNODC), en 2015 aproximadamente 450.000 personas fallecieron como consecuencia del consumo de drogas, el 76% de ellas por el consumo abusivo de analgésicos opioides. Dentro de las causas indirectas figuran las muertes relacionadas con los virus del VIH y la hepatitis C contraídos como resultado de prácticas de inyección inseguras.

Se ha estimado que alrededor de 11 millones de personas en el mundo se inyectan drogas, de estas 1.3 millones viven con el VIH, 5,5 millones viven con la hepatitis C y 1 millón de personas viven con la co-infección.

En Colombia, en el marco de la discusión de la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, el Ministerio de Salud y Protección Social, dejando a un lado la evidencia internacional, señala que no se encontró evidencia de relación directa entre co-infección de VIH y hepatitis C por consumo de estas sustancias. La política en discusión también omitió relacionar la evidencia que en el país se ha levantado sobre el tema, los estudios del Observatorio de drogas del Ministerio de Justicia y la Universidad CES han abordado cerca de 1.470 personas en 6 municipios encontrando que cerca del 60% comparte jeringas, lo cual ha señalado un doble problema: altas prevalencias en VIH (8.4%) y Hepatitis C (44.4%) y una débil gestión del riesgo por parte del sistema de salud y los gobiernos locales que no advierten las implicaciones de este fenómeno en la salud pública.

Al problema descrito se suma la falta de sostenibilidad de los programas que pueden impactar en la reducción de riesgos y mitigación de los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Entre las acciones de estos programas se cuentan las entregas de kits y el intercambio de jeringas, que son herramientas efectivas suficientemente probadas.

En Portugal, la inversión masiva en estrategias de reducción del daño desde principios de la década del 2.000 ha reducido drásticamente el número de infecciones entre las personas que se inyectan drogas. Este año Portugal implementará un sistema de salas de consumo higiénico, que ya ha sido probado en 8 países europeos, en donde será posible acceder, entre otros servicios, a atención médica básica y a pruebas rápidas de VIH y Hepatitis C.

Colombia cuenta ya con experiencias exitosas y un camino recorrido en el campo de la reducción de riesgos y de daños. El reto sin embargo, es la continuidad en el flujo de recursos para la ejecución de las intervenciones colectivas y el aseguramiento para la ejecución de acciones individuales, pues muchas de las acciones en los campos de prevención, reducción de daños y de tratamiento, se financian a través de proyectos con plazos de duración cortos y con cada vez menores presupuestos. En 2019, con la entrega de los últimos recursos del Fondo Global, el país deberá iniciar un proceso de transición en donde deberá generar mecanismos que aseguren la continuidad de las acciones de los programas que se financiaban a través de cooperación internacional.

Aún estamos lejos de alcanzar la meta de prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, y lejos de poner fin a la epidemia del SIDA y la eliminación de las hepatitis virales, especialmente en las poblaciones de alto riesgo.

En cuanto al acceso a servicios de salud esenciales y a medicamentos el panorama no es mejor. En el país no le hemos dado prioridad a la población usuaria de drogas, en la propuesta de política de atención al consumo. Es necesario resaltar que existe en Colombia un porcentaje de este grupo poblacional que está por fuera del SGSSS, y que, en la práctica, no tiene acceso a prestaciones cubiertas dentro de los planes de beneficios. Hay incluso algunos que no cuentan con documento de identidad, lo que se constituye en una barrera para acceder al sistema de salud. Esta realidad, aunque ampliamente conocida, no ha sido abordada en la construcción de la política, lo que ratifica la falta de integralidad de la misma y el escenario de vulnerabilidad de las personas que se inyectan drogas.

El panorama de la erradicación de las hepatitis virales no es menos preocupante pues el acceso a los medicamentos, una estrategia de alta efectividad para abordar el problema, no está garantizada en el país: la compra centralizada para el tratamiento de la hepatitis C que se realizó a través del fondo estratégico de la OPS cubre únicamente al régimen contributivo. De esta manera la población del subsidiado tiene una barrera adicional para acceder al tratamiento.

¿Estará Colombia en el camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

La respuesta obvia a esta pregunta es que vamos a un paso muy lento y que las políticas sanitarias que intentan abordar el problema no son lo suficientemente sólidas y parecen estar subordinadas a posturas ideológicas y alineamientos políticos, por lo que seguramente en 2.030 todavía estaremos lejos de lograr las metas.

1.Campaña Regálate Un Minuto es una iniciativa liderada por la Fundación IFARMA y apoyada por 22 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, en el marco del Proyecto Demanda social para el tratamiento de la Hepatitis C en Colombia ,el cual se ejecuta en asocio con la organización francesa Coalition Plus.


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