MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 8    NO 103  ABRIL DEL AÑO 2007    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Román Vega, profesor asociado en Postgrado y Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana y ex secretario de Salud de Bogotá, desestimó los alcances de la ley: “La reforma que plantea la Ley 1122 no tiene mayor trascendencia para el futuro de la salud en Colombia. En salud pública es un paso tan tímido que es apresurado decir que mejorará lo existente, aunque reconozco que es mejor trabajar en el marco de un plan como el de Atención Básica, a no ser que el Plan Nacional termine siendo un PAB con nuevo rostro. La reforma de la Ley 100/93 es un paso sustancial para resolver la crisis de la salud pública, porque los problemas de salud de la población colombiana como se distribuyen en distintos grupos sociales, requieren de un enfoque que no sólo se proponga mejorar la salud de la población sino también reducir las enormes desigualdades en salud, por condición socio-demográfica y socio-económica -a mi juicio y al de muchos expertos nacionales, el principal desafío de la política de salud del país-. Asumir este compromiso requiere reconocer la salud pública en un nuevo enfoque que permita enfrentar esas causas profundas; la salud pública actúa en esa dirección cuando trabaja sobre los determinantes sociales. Por eso hay que trascender el marco actual de la concepción de salud pública que tiene el gobierno colombiano: los tradicionales factores de riesgo individuales y la prevención de estilos saludables de vida”.
Agregó: “El segundo aspecto por el cual creo que la reforma no resolverá los retos que tenemos, es que no establece claramente cómo articular salud pública con atención personal, es decir, no resuelve la fragmentación y descoordinación entre lo que hoy opera a través del aseguramiento o en el POS, ni las acciones colectivas en salud pública. En la formulación de la Ley no hay claridad de que se caminará en esta dirección, como tampoco de cómo esa reforma convoca más allá del gobierno a la sociedad civil en su conjunto, al sector privado, a las comunidades, a la gente que está en peor situación de salud para actuar en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Salud Pública. Creo que esa concepción de que el gobierno lo define todo le hace daño a la salud del país, hay que dar el paso de generar procesos participativos, para que el Plan sea definido mediante consulta nacional que fije prioridades y delinee mecanismos de acción. Esta ley tiene apenas enunciados generales sin una lógica clara de hacia dónde se apunta en términos de ser eficaces y efectivos frente a los grandes desafíos de desigualdad”.
El doctor Vega analizó la sustitución del PAB por el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas: “El Plan de Atención Básica es un adefesio en términos de una concepción de salud pública, un paquete demasiado limitado de intervenciones que se generalizan sin clarificar la priorización ni los recursos. Si se repite la historia del PAB, la salud pública nacional está condenada al fracaso en este cuatrienio. Si se habla del plan de salud pública habrá que convocar a los expertos para señalar cómo se construirá y cuál es al marco valorativo. La ley hace mucho énfasis en resultados de salud, pero a la larga, lo que se observa en las otras secciones son resultados muy instrumentales en la prestación de servicios. Aquí el desafío número uno es que hay una gente que vive bastantes años con buena calidad de vida y una gran mayoría de la población que vive muy pocos menos años con pésima calidad de vida. Eso requiere trabajar por resultados sobre la base de una clara visión de equidad en salud y en esta reforma eso no se ve por algún lado: si esto se sigue manejando con la misma visión tecnocrática del gobierno, no va para ninguna parte. Otra tendencia de esta reforma es hacia la re-centralización de muchas cosas. Por ejemplo, el Invima suma una serie de funciones que tenían los entes territoriales y eso es desmantelar la capacidad de acción de esos entes, cuando se trata es de fortalecerla y hacerla participativa. Máxime, cuando se habla de una comisión regulatoria constituida en forma tecnocrática: lo que hay es una tendencia profundamente contraria a las instituciones democráticas del país”.
 
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