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La Supersalud intervino el Hospital San Francisco de Asís
de Quibdó por ineficiencia, bajos estándares
de calidad y falta de gestión en riesgos hospitalarios:
En 2006 le embargaron $2.222 millones y a fin de año
tenía cuentas por pagar superiores a $5.413 millones;
al visitarlo, no tenía mínimos de insumos, medicamentos,
ni material médico-quirúrgico. La Defensoría
informó que la cesación de giros y el embargo
de cuentas afectó a trabajadores, contratistas y proveedores,
y dejó a Chocó sin vacunas ni atención
sanitaria; la gente vendió sus sueldos en mora a abogados
agiotistas por la mitad del valor real; una lavandería
externa fue contratada: consistía en unos platones
de plástico a cargo de personas que trabajan por menos
de un salario mínimo. A falta de insumos en el Hospital,
en sus afueras surgieron droguerías que más
que fármacos venden artículos como gasa, jeringas,
algodón y guantes. El establecimiento no tiene aire
acondicionado ni aseo, y los médicos mientras operan
espantan moscas y zancudos. No posee registro de cuentas por
pagar y el saldo actual llega a $12.000 millones.
Según la entidad citada, las IPS cobran en muchos casos
valores superiores a los acordados. La Lotería del
Chocó también intervenida por la Supersalud,
en 3 años consecutivos registró pérdidas
y debe $11.000 millones por transferencias a la salud, dejó
de girar $1.053 millones por explotación del chance
y estuvo jugando sin reservas para el pago de premios; su
gerente, Marco Tobías Cuesta, fue destituido e inhabilitado
por 11 años. Sufrió intervención además
la ARS Barrios Unidos de Quibdó. Por cuentas gemelas
hay 6 detenidos y al menos 30 funcionarios, ex funcionarios
y particulares investigados.
Algunos de los casos más recientes involucran a alcaldes
o ex alcaldes y funcionarios de Juradó, Lloró,
Riosucio, Itsmina y Quibdó (al actual alcalde de Quibdó,
John Jairo Navarro, por desaparición de recursos del
Fosyga). Después de todo esto, el Secretario de Gobierno
departamental, Modesto Serna, declaró a Colprensa:
"En Chocó no hay corrupción", y colgó
el teléfono. Incluso el fiscal general de la Nación,
Mario Iguarán, afirmó que en los presuntos desvíos
de recursos para la salud en el departamento del Chocó,
cuando se roban esos recursos, las imputaciones "no deben
ser solamente por prevaricato o por peculado, sino por homicidio".
Ayúdame que yo te ayudaré
Miles de ayudas de diversas fuentes caen en terreno
pedregoso -como la semilla de la parábola evangélica-,
si persiste la corrupción: una ambulancia fluvial bien
dotada y valorada en $95 millones, botiquines para centros
de salud y más de 300 toneladas de alimentos enviados
por gremios de la producción, entidades públicas
y privadas y ciudadanos, incluyendo un cargamento de galletas
que resultó vencido.
El Ministerio y Caprecom iniciaron consultas en la clínica
escindida del ISS en Quibdó; allí, según
la viceministra de Salud, Blanca Elvira Cajigas, "esperamos
abrir servicios de cirugía y adelantar un conjunto
de actividades que permita que la población del Chocó
cuente con un servicio real de atención en salud”.
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, anunció
que se invertirán $1.000 millones en un programa permanente
de seguridad alimentaria para la región mediante cultivos
de pan-coger, caña y maíz, y advirtió
que el operador del programa tiene que ser una entidad transparente
con manejo impecable de los recursos. Tampoco faltó
la “Cumbre de alto nivel”, el pasado 13 de abril
en Quibdó, con el ministro de la Protección
Social, Diego Palacio; la viceministra de Salud, Blanca Elvira
Cajipas, representantes de la OPS, Caprecom y Dasalud, el
gobernador y directivos de las 12 EPS del régimen subsidiado
en Chocó, donde el ministro Palacio señaló:
“Uno de los mayores problemas es la debilidad institucional.
Hay una cultura política sobre la cual hay que trabajar
para fortalecer las instituciones y superar la crisis estructural
del departamento”.
El presidente Uribe aclaró que la designación
de Juan Guillermo Ángel como gerente presidencial en
Chocó no reduce la autoridad de los mandatarios locales
y sólo vigila los programas sociales y económicos:
“El problema en el Chocó es muy grave y hay que
hablar de las cosas de fondo. Gerencias hay en muchas regiones
colombianas y les ha ido muy bien". El Contralor general,
Julio César Turbay, asignó una comisión
de auditores a Chocó y aseguró que alguna responsabilidad
tienen las autoridades locales en la muerte de niños
por desnutrición. Irónicamente, en la Cumbre
se hizo la presentación del Día Mundial de la
Salud, cuyo tema este año es la Seguridad Sanitaria
Internacional.
Chocó es la eterna paradoja. Con tasa de mortalidad
infantil 3,5 veces mayor que la media nacional y de mortalidad
materna 3 veces por encima del promedio, una demanda insatisfecha
de la población en servicios de salud que pasa de 80%,
entre otros indicadores, dista años luz de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. En el corregimiento indígena
de Chogorogó de Carmen del Darién, el Programa
Aéreo de Salud de Antioquia detectó como principales
causas de morbilidad la enfermedad diarreica aguda, infección
respiratoria, parasitosis intestinal, infección del
tracto urinario y enfermedades de la piel.
Paliativos siempre habrá, como los filtros para agua
limpia, sanitarios secos, toldillos para mosquitos y separación
de las habitaciones, dentro de la estrategia de Vivienda Saludable
que atenúa la diarrea, la malaria y el abuso sexual
en la población desplazada.
La Constitución, rey de burlas
La agonía del Chocó retrata un país
donde la Constitución y las leyes son rey de burlas.
La Ley 70/93 o de Negritudes es un buen avance normativo,
nada más que eso. El artículo 4° que adjudica
a comunidades negras la propiedad colectiva de tierras baldías
de zonas rurales ribereñas de los ríos de la
Cuenca del Pacífico, es contradicho por la Ley de Bosques
que permite la titulación de tierras por colonos después
de 5 años de ocupadas, si son sembradas con palma oleaginosa;
se denuncia que grupos paramilitares desplazan a las comunidades
pobres para sembrar palma de aceite y quedarse con sus tierras.
En Chocó, miles de hectáreas de tierra han sido
literalmente quitadas a sus legítimos dueños
en medio del fuego cruzado de la guerrilla, las autodefensas
y el Ejército.
Letra muerta son también el carácter inalienable,
imprescriptible e inembargable del uso colectivo asignado
a baldíos que pertenecen a estas comunidades marginadas
(art. 7°), como el 33: “El Estado sancionará
y evitará todo acto de intimidación, segregación,
discriminación o racismo contra las comunidades negras”,
y muchos otros de la citada ley.
De forma flagrante, todos los actores estatales y no estatales,
legales e ilegales, responsables de la tragedia del Chocó,
pisotean normas tan claras como el artículo 9°
de la Carta sobre la autodeterminación de los pueblos,
el artículo 13° sobre la igualdad de las personas
ante la ley, al igual que los artículos 48: “La
seguridad social es un servicio público de carácter
obligatorio” y el 49 que consagra el acceso a servicios
de promoción, protección y recuperación
de la salud, y de manera particular el 50, que prescribe la
atención gratuita en los entes de salud para todo niño
menor de un año que no esté cubierto por algún
tipo de seguridad social. Así se niega a los infantes
chocoanos hasta la nacionalidad colombiana, se los convierte
en parias y en extraños en su propio territorio.
Bernardita Pérez, abogada constitucionalista, profesora
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Antioquia, cuestionó este modelo de
exclusión: “Es intolerable en un Estado la desidia,
la negligencia, el olvido, que tiene que ver con la discriminación
racial que hay en Colombia. El abandono del que se titula
Estado Social de Derecho y que debe ofrecer posibilidades
a las comunidades que tienen las reservas ecológicas
más importantes del mundo, es apenas una bomba de tiempo
que nos explota en las manos”. Añadió la
jurista: “El estado colombiano es un Estado centralista,
discriminatorio, históricamente el abandono de las
comunidades periféricas es total, las leyes de negritudes
lo que tratan de incorporar es un reconocimiento a las razas
que han sido clásicamente discriminadas. Estas leyes
no apuntan a la atención a las comunidades en estado
de indefensión, y fundamentalmente a los niños,
y a la oferta de empleo que debe dar un Estado Social de Derecho”.
Y concluyó: “A departamentos como Chocó,
la Constitución le reconoce igualdad de condiciones,
pero el robo de los poquitos recursos que el Estado otorga,
tampoco le da derecho a intervenir al Estado nacional: hay
que buscar otros mecanismos, el Estado no se puede abrogar
la intervención total en estos casos. El abandono estatal
es generalizado, pero estoy convencida de que hay mayor negligencia
con las comunidades negras e indígenas”.
La profunda crisis del Chocó nos convoca a todos para
sanar sus heridas. Ante la muerte galopante, tiene que sonar
la trompeta de la resurrección para la Perla del Pacífico.
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