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Un ataque al espíritu
de la Constitución del
91
Juan
Carlos Arboleda Z.
- elpulso@elhospital.org.co
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La reducción
futura de los recursos a las regiones vía transferencias
es evidente y real, según el economista Eduardo Sarmiento,
quién señaló que ello no es una consecuencia
abstracta del proyecto: Está es una discusión
prácticamente semántica y de sordos. Lo que está
haciendo el gobierno con esa reforma es reducir los recursos
para las regiones: para eso se presentó el proyecto;
el gobierno coloca un tope para salud y educación que
puede ser del 4% por encima de la inflación, pero esa
cifra es menor al crecimiento del producto nacional, y de esta
forma reduce las apropiaciones a las regiones establecidas en
la Constitución, sobre eso no hay la menor duda. Ello
es muy grave porque en el fondo implica que los recursos asignados
para salud y educación generarían un gasto público
inferior al del sector privado, lo que se puede traducir en
servicios de mala calidad.
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Frente al argumento
de los defensores del proyecto, de que las coberturas universales
en educación y salud están próximas de
alcanzarse y que por tanto las regiones no requieren altos volúmenes
de dinero, el doctor Sarmiento considera falsa la afirmación,
por cuanto las coberturas en educación secundaria están
lejos de cumplirse, en educación universitaria la distancia
hace impensable el argumento, y en salud si bien la cobertura
aumentó, el problema es la mala calidad: Cualquier
cifra que se muestre puede ser buena; darle unos pesos a unas
escuelas o afiliar personas al subsidiado muestra más
gente con salud y educación, pero eso fue válido
cuando teníamos coberturas ínfimas; hoy eso no
tiene justificación, porque genera la idea de que esas
malas condiciones no se van a cambiar, y las metas no pueden
ser sólo de coberturas sino de calidad. Advierte
que esa calidad difícilmente se conseguirá si
se parte de que el gasto público en salud y educación
es menor que el del sector privado, lo que en la práctica
produce una educación y una salud de primera categoría
para una élite, y una educación y salud de tercera
para las mayorías.
Lo más preocupante para el doctor Sarmiento es que el
actual proyecto de transferencias va en contra no sólo
de la Constitución del 91 sino contra su espíritu,
por cuanto la norma constitucional buscaba alcanzar un grado
de equidad con las transferencias regionales, al darle a toda
la población la posibilidad de acceso a la salud y educación
de buena calidad, garantizando igualdad de oportunidades; por
eso se determinó aumentar progresivamente los recursos
y que esos dineros se orientaran con prelación a las
regiones de menor desarrollo, meta que no se podría lograr
por cuanto el proyecto que prolonga la situación excepcional
ordenada en 2001 concentra el mayor gasto público en
las grandes ciudades. El principio de equidad que inspiró
a los constituyentes se quiebra mientras el Congreso entra en
discusiones semánticas y pierde lo sustantivo; hoy presenciamos
cómo el gobierno rompe la norma constitucional más
importante en materia de equidad del último siglo, que
intentaba darle acceso igualitario en materia de posibilidades
a toda la población y buscaba que los recursos fiscales
llegaran en una proporción mayor a las regiones, con
lo cual teníamos equidad regional en materia de ingresos.
Se está quebrando el propósito constitucional
de dar igualdad en salud y educación, y de orientar recursos
a favor de las regiones más atrasadas, concluyó
el doctor Sarmiento. |
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