MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 9    No. 105  JUNIO DEL AÑO 2007    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Un ataque al espíritu
de la Constitución del 91

Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co

La reducción futura de los recursos a las regiones vía transferencias es evidente y real, según el economista Eduardo Sarmiento, quién señaló que ello no es una consecuencia abstracta del proyecto: “Está es una discusión prácticamente semántica y de sordos. Lo que está haciendo el gobierno con esa reforma es reducir los recursos para las regiones: para eso se presentó el proyecto; el gobierno coloca un tope para salud y educación que puede ser del 4% por encima de la inflación, pero esa cifra es menor al crecimiento del producto nacional, y de esta forma reduce las apropiaciones a las regiones establecidas en la Constitución, sobre eso no hay la menor duda. Ello es muy grave porque en el fondo implica que los recursos asignados para salud y educación generarían un gasto público inferior al del sector privado, lo que se puede traducir en servicios de mala calidad”.
Frente al argumento de los defensores del proyecto, de que las coberturas universales en educación y salud están próximas de alcanzarse y que por tanto las regiones no requieren altos volúmenes de dinero, el doctor Sarmiento considera falsa la afirmación, por cuanto las coberturas en educación secundaria están lejos de cumplirse, en educación universitaria la distancia hace impensable el argumento, y en salud si bien la cobertura aumentó, el problema es la mala calidad: “Cualquier cifra que se muestre puede ser buena; darle unos pesos a unas escuelas o afiliar personas al subsidiado muestra más gente con salud y educación, pero eso fue válido cuando teníamos coberturas ínfimas; hoy eso no tiene justificación, porque genera la idea de que esas malas condiciones no se van a cambiar, y las metas no pueden ser sólo de coberturas sino de calidad”. Advierte que esa calidad difícilmente se conseguirá si se parte de que el gasto público en salud y educación es menor que el del sector privado, lo que en la práctica produce una educación y una salud de primera categoría para una élite, y una educación y salud de tercera para las mayorías.
Lo más preocupante para el doctor Sarmiento es que el actual proyecto de transferencias va en contra no sólo de la Constitución del 91 sino contra su espíritu, por cuanto la norma constitucional buscaba alcanzar un grado de equidad con las transferencias regionales, al darle a toda la población la posibilidad de acceso a la salud y educación de buena calidad, garantizando igualdad de oportunidades; por eso se determinó aumentar progresivamente los recursos y que esos dineros se orientaran con prelación a las regiones de menor desarrollo, meta que no se podría lograr por cuanto el proyecto que prolonga la situación excepcional ordenada en 2001 concentra el mayor gasto público en las grandes ciudades. “El principio de equidad que inspiró a los constituyentes se quiebra mientras el Congreso entra en discusiones semánticas y pierde lo sustantivo; hoy presenciamos cómo el gobierno rompe la norma constitucional más importante en materia de equidad del último siglo, que intentaba darle acceso igualitario en materia de posibilidades a toda la población y buscaba que los recursos fiscales llegaran en una proporción mayor a las regiones, con lo cual teníamos equidad regional en materia de ingresos. Se está quebrando el propósito constitucional de dar igualdad en salud y educación, y de orientar recursos a favor de las regiones más atrasadas”, concluyó el doctor Sarmiento.
 
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