Los últimos días han estado marcados por paros de maestros en las calles, manifestaciones universitarias, gremios unidos contra el gobierno (excepto los del sector salud, sorpresivamente), oposición cerrada en torno de temas clave. Y uno de esos temas, el que más se menciona en el ámbito macroeconómico y el que menos entiende todo el mundo, es el de la reforma al régimen de transferencias, o sea los recursos destinados para que municipios y departamentos se hagan cargo de la salud, la educación y otros temas sociales.
Las transferencias surgen dentro del contexto de la descentralización que consagró la Constitución de 1991. La descentralización consiste en delegar poder (autoridad, competencias y recursos) desde el nivel central hacia los niveles territoriales o sectoriales. En Colombia, desde la década de los años 80 se está implementando un modelo descentralizado en que los entes territoriales (municipios, distritos y departamentos) se hacen cargo de la salud, la educación y otros temas sociales. Para que los entes territoriales puedan cumplir con estas acciones y responsabilidades, el gobierno central transfiere recursos fiscales, o sea, una proporción del Ingreso Corriente de la Nación -ICN-, que es a lo que se llama “transferencias”.
El régimen de transferencias en Colombia, a partir de la Constitución del 91, pasó por una gran reforma en 2001 (desde entonces las transferencias son llamadas “Sistema General de Participaciones” -SGP-) y actualmente está en ciernes otra reforma más, que debería estar aprobada antes del 20 de julio de este año (lo que sería el Acto Legislativo 001 de 2007), que de alguna manera trata de mantener la mecánica de incrementar progresivamente las transferencias -SGP- a los entes territoriales como fue previsto en 2001, pero llevando este cálculo hasta 2016, y no hasta 2008, como está actualmente.
La prisa del gobierno es que de no aprobarse la reforma, entraría a regir la distribución de transferencias como un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación, creando un hueco en el Presupuesto General de la Nación (muy debilitado, pues ha recibido un manejo 'flexible' en este gobierno), que equivaldría a más de $4 billones desde 2009. La angustia de los entes territoriales y la oposición son esos mismos $4 y pico de billones, que perderían con la reforma.
Y hay otro punto por donde ataca el gobierno: Cuando, antes de la reforma de 2001, las transferencias se calculaban como un porcentaje o Participación de los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN), los entes territoriales tenían un grave problema de incertidumbre, lo que les impedía planificar en el corto y mediano plazo. ¿Cómo planear sin certeza de los ingresos futuros? Y ese argumento sí equilibra mucho el debate, porque la técnica “de incremento” de las reformas 2001/2007 sí ha tenido muy buenos resultados.
Entonces, ¿es verdad que cada año habrá más recursos de transferencias como dice este gobierno? Totalmente cierto ¿Y es cierto que habrá un recorte a las transferencias, y por tanto al gasto social, como asegura la oposición? Paradójicamente, también esa es una verdad incontestable. Tenemos entonces un debate en blanco y negro.
En medio de tantas decisiones trascendentales para el futuro como está tomando Colombia en este momento histórico, la expectativa con las transferencias es el logro de una acuerdo justo para ambas partes, que asegure no sólo equilibrio para las finanzas nacionales, sino también equidad en la distribución de recursos para las regiones, mediante la asignación de recursos suficientes para atender las responsabilidades delegadas de gasto social en educación y salud.